Más de 10 millones de peruanos podrían quedar sin atención después de diciembre 2026

El Plan Especial Multisectorial que busca atender  integralmente a la población expuesta a metales pesados vence en diciembre de 2026. Organizaciones de afectados advierten que, pese al compromiso asumido por la Presidencia del Consejo de Ministros, aún no existe una norma que garantice su continuidad.

Plomo, arsénico, mercurio y otros metales tóxicos forman parte de una realidad que afecta a millones de personas en el Perú. Más de 10 millones de ciudadanos se encuentran en riesgo de exposición a estas sustancias, según información del Ministerio de Salud. Para muchas familias, sin embargo, esta no es solo una cifra: significa familiares falleciendo con cáncer, cocinar los alimentos y tomar el agua .

El problema se vuelve aún más preocupante cuando la exposición deriva en enfermedades crónicas. En esos casos, la enfermedad no termina en el consultorio médico, tampoco es una enfermedad común, sino que llega a los hogares y cambia la vida cotidiana de las familias. Hay personas que necesitan ayuda para movilizarse, alimentarse o acudir a sus controles, mientras el cuidado permanente recae principalmente en las mujeres. 

A esta carga humana se suma una respuesta estatal que todavía resulta insuficiente. En 2025 se destinaron poco más de S/ 20 millones para el tratamiento y los exámenes de tamizaje de la población expuesta, monto que equivale aproximadamente a S/ 2 por persona al año si se considera a los más de 10 millones de personas en riesgo. Mientras tanto, las familias con personas totalmente dependientes pueden llegar a gastar hasta 2.5 veces más que otros hogares.

El Plan Especial Multisectorial (PEM), aprobado en 2021 mediante el Decreto Supremo N.° 037-2021-MINAM, fue creado para articular la respuesta de 14 ministerios frente a esta problemática. Sin embargo, organizaciones de personas afectadas advierten que, después de más de cuatro años, su implementación ha sido limitada y existe poca articulación con los gobiernos regionales. Además, aún no se ha creado el Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, considerado una herramienta clave para conocer la magnitud del problema e identificar los territorios que requieren atención prioritaria.

En abril de este año, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió a trabajar en la continuidad del plan. Sin embargo, a menos de tres meses de su vencimiento, previsto para diciembre de 2026, todavía no existe una norma publicada que lo extienda ni un nuevo plan aprobado. Para las organizaciones de afectados, la preocupación es que la respuesta del Estado quede nuevamente en espera mientras miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de una exposición que muchas veces es silenciosa.

La situación exige que las autoridades nacionales, regionales y locales no esperen a que el plan termine para actuar. Garantizar la continuidad del PEM, fortalecer el presupuesto, implementar un registro nacional y asegurar diagnóstico, tratamiento, seguimiento y acceso a agua y alimentos seguros son medidas urgentes. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y comunidades que necesitan que el Estado responda antes de que la enfermedad avance.

El tiempo se agota. La atención a las personas expuestas a metales tóxicos no puede quedar suspendida por falta de decisiones administrativas. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que la protección de la salud continúe después de diciembre de 2026.