Elecciones regionales y municipales: ¿Qué lugar ocupa la agenda ambiental entre las nuevas autoridades?

Las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre han configurado un nuevo escenario político en el país. Sin embargo, temas como la crisis climática, la protección de las áreas verdes, la minería ilegal y los derechos de los pueblos indígenas tuvieron una presencia limitada en las campañas. ¿Qué desafíos enfrentarán las nuevas autoridades para incorporar estas prioridades en sus gestiones?

Este fue el tema central de una nueva edición de La Hora Verde, programa de actualidad ambiental de CooperAcción, conducido por Paul Maquet. La conversación contó con la participación de Jacqueline Fowks, periodista y corresponsal de medios internacionales; Richard O’Diana, abogado especializado en temas amazónicos y representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); y Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Jacqueline Fowks analizó la escasa prioridad que han tenido los temas ambientales en las elecciones municipales de Lima. Señaló que la protección de las áreas verdes suele quedar relegada frente a la promoción de obras de infraestructura vial y de inversiones, como muestran las controversias en torno al Campo de Marte y la Alameda Santa Rosa, en el Callao. Para la periodista, las dificultades cotidianas de transporte que enfrenta la población también influyen en estas prioridades, por lo que consideró necesario abordar las necesidades urbanas sin seguir sacrificando espacios verdes fundamentales para enfrentar el aumento de las temperaturas y el cambio climático.

Fowks también advirtió que la falta de fiscalización y de instituciones capaces de intervenir eficazmente dificulta la protección de estos espacios. En ese contexto, sostuvo que las nuevas autoridades deben asumir compromisos concretos para evitar que continúe su pérdida, especialmente ante los efectos del fenómeno de El Niño y el calentamiento global. La protección de las áreas verdes, señaló, no puede entenderse como un asunto secundario, sino como una necesidad vinculada con las condiciones de vida de la población.

Por su parte, Richard O’Diana examinó los resultados electorales en la Amazonía y advirtió que las propuestas ambientales no ocuparon un lugar central entre las candidaturas que obtuvieron respaldo. En regiones como Loreto, Amazonas, Junín y Madre de Dios, las nuevas autoridades tendrán que responder a problemáticas relacionadas con la minería ilegal, la deforestación, la apertura de carreteras y la protección de los territorios indígenas. O’Diana señaló que la infraestructura y la conectividad suelen presentarse como prioridades regionales, pero también pueden facilitar el avance de economías ilegales cuando no existen mecanismos efectivos de control estatal.

El especialista destacó, además, la necesidad de fortalecer la gestión climática en los gobiernos regionales y municipales. Advirtió que persisten brechas en la formulación y actualización de los planes regionales de cambio climático, así como en la implementación de medidas concretas. A ello se suma la limitada representación de los pueblos indígenas en los cargos electos, pese a que sus territorios enfrentan importantes presiones ambientales. Para O’Diana, el desafío será traducir los compromisos nacionales en acciones efectivas que protejan los ecosistemas y garanticen los derechos de estas poblaciones.

Paulo Vilca analizó los resultados electorales en el sur andino, donde la actividad minera tiene una presencia importante y convive con el crecimiento de la minería artesanal y de pequeña escala. El investigador explicó que las elecciones subnacionales responden a dinámicas distintas de las presidenciales y que los discursos sobre el modelo económico o los impactos ambientales de las actividades extractivas no suelen ser determinantes en las campañas regionales y municipales. En regiones como Cusco y Apurímac, señaló, las referencias a la gran minería estuvieron más vinculadas al aprovechamiento de sus beneficios que a la discusión sobre sus impactos ambientales.

Vilca también abordó la influencia que pueden ejercer las organizaciones vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala en determinados territorios. En Apurímac, mencionó a la Federación de Comunidades Indígenas Mineras (FEDECIM) como un actor con capacidad de interlocución política, aunque precisó que sus apoyos no se concentraron necesariamente en una sola candidatura en el ámbito regional. Asimismo, explicó que la trayectoria individual de los candidatos y sus relaciones con las organizaciones locales ayudan a entender los resultados, más allá de los partidos bajo cuyos símbolos postularon.

A lo largo del programa, los tres participantes coincidieron en que la agenda ambiental tuvo una presencia limitada en las campañas, pese a la urgencia de problemas que afectan directamente a la población. La protección de los bosques y las áreas verdes, la respuesta al cambio climático, la fiscalización de las actividades extractivas y los derechos de los pueblos indígenas requieren compromisos que vayan más allá de las declaraciones y se traduzcan en políticas, presupuestos e instrumentos de gestión efectivos.

Las nuevas autoridades regionales y municipales tendrán ahora la responsabilidad de incorporar estas prioridades en sus decisiones y coordinar con el Gobierno nacional para responder a los desafíos de sus territorios. En un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los ecosistemas, el reto será evitar que la agenda ambiental continúe relegada y garantizar que la protección del ambiente forme parte de las decisiones que determinan la calidad de vida y el futuro de la población.