En el Congreso se debatió el agua como bien público y las amenazas a las fuentes hídricas de Lima
El Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL), junto con el despacho de la senadora Mirtha Vásquez, organizó el foro «Gestión del agua ¿pública o privada? Pedido de facultades sobre recursos hídricos y su gestión – SEDAPAL», un espacio de discusión sobre el futuro de la gestión del agua en Lima y Callao, el papel de SEDAPAL y las implicancias del pedido de facultades legislativas en materia de recursos hídricos.
La inauguración estuvo a cargo de Luisa Eyzaguirre, secretaria general encargada del SUTESAL, quien planteó que la discusión no debía limitarse al servicio de agua potable y saneamiento, sino abarcar la gestión integral de los recursos hídricos. En esa línea, alertó sobre las posibilidades de concesión de fuentes de agua y de empresas públicas que abrió el Decreto Legislativo 1620.
Pablo Reyes Calderón, presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú, expuso las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder al agua potable y al alcantarillado. A partir de su experiencia en proyectos desarrollados en distintas zonas, señaló que estas dificultades no se explican solo por la falta de recursos, sino también por obstáculos administrativos, problemas de titulación y obras que se prolongan durante años. Por ello, pidió garantizar la continuidad de las inversiones públicas y una decisión política que evite que los proyectos queden paralizados.
El exviceministro de Hacienda Gustavo Guerra García sostuvo que el camino para SEDAPAL debe ser su fortalecimiento y no su privatización. Explicó que la distribución de agua potable es un monopolio natural y cuestionó la idea de que la participación privada garantice mejores servicios, más aún cuando el Estado accede a financiamiento a tasas más bajas que las empresas privadas. Para Guerra García, fortalecer la empresa implica mejorar su capacidad de gestión, sus mecanismos de inversión y su eficiencia sin renunciar a su carácter estatal.
Paul Maquet, comunicador de CooperAcción, abordó el problema desde la perspectiva climática. Señaló que Lima, una ciudad ubicada en un desierto, enfrenta un creciente estrés hídrico y depende de fuentes altoandinas. De ahí que destacara la necesidad de proteger las cabeceras de cuenca, impulsar la siembra y cosecha de agua y atender la contaminación de ríos como el Rímac. También se refirió al proyecto minero Ariana, que según advirtió pone en riesgo la seguridad hídrica de Lima y Callao por su cercanía a infraestructura de abastecimiento, y recordó que el caso se encuentra en discusión ante el Tribunal Constitucional.
El magíster Mijail Camborda Bejarano, especialista socioambiental, revisó experiencias de concesión y privatización en París, Chile y Tumbes. Cuestionó que la participación privada garantice por sí misma mejores servicios y explicó que los resultados dependen de las reglas bajo las que opera cada modelo y de la capacidad de fiscalización del Estado. Como ejemplo, citó el caso de Aguas de Tumbes, marcado por problemas de rentabilidad, inversión y prestación del servicio.
Luego, dirigentes vecinales y sindicales pidieron acelerar los proyectos de agua y saneamiento pendientes y reclamaron que el debate sobre el modelo de gestión vaya acompañado de medidas concretas para las poblaciones que aún no tienen acceso al servicio.
En el tramo final intervinieron congresistas de Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú. El diputado Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, afirmó que la privatización de SEDAPAL es una agenda que el poder económico impulsa desde los años noventa, acompañada del desprestigio de la empresa y sus trabajadores. Señaló que la Cámara de Diputados no entregará «un cheque en blanco» al Ejecutivo, pues bajo el pretexto de modernizar el Estado se busca privatizar fuentes hídricas y flexibilizar derechos laborales.
La diputada Gianina Avendaño, de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Constitución, calificó el pedido como «un nuevo paquetazo» que, en lugar de atender la inseguridad y el fenómeno El Niño, plantea cambios drásticos en materia laboral, ambiental e hídrica. Advirtió que regularizar licencias de uso de agua favorecería a grandes empresas que explotan pozos y que reestructurar SEDAPAL podría derivar en concesiones. Explicó que la comisión concluyó que no existían condiciones para delegar facultades, aunque varias bancadas optaron por otorgarlas solo en seguridad ciudadana y El Niño. «Es una responsabilidad de cada uno de los diputados ceder o no la facultad legislativa», remarcó.
El diputado ayacuchano Alejandro Manay, también de Juntos por el Perú, recordó que el problema del agua empieza en las cabeceras de cuenca. Contó que en su región la movilización social logró que la Autoridad Nacional del Agua elaborara los primeros estudios de delimitación de estas zonas, como en la laguna Razuhuillca, y planteó que un mecanismo similar podría proteger Marcapomacocha. Señaló además que el oficialismo busca aprobar el pedido completo, cuya materia de saneamiento incluye «subsidios cruzados focalizados» y «soluciones tecnológicas no convencionales de carácter temporal», figuras que a su juicio abrirían la puerta a la privatización del servicio.
La clausura estuvo a cargo de la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, quien sostuvo que el pedido de facultades responde a una disputa por intereses económicos y contiene «una serie de trampas» en materia de agua y ambiente. Entre ellas mencionó la agilización de licencias de agua para proyectos mineros y agroindustriales declarados de interés nacional, la reducción de plazos de la Autoridad Nacional del Agua para autorizar vertimientos en ríos y la revisión del rol regulador de la SUNASS, con el riesgo de alzas tarifarias. Recordó que cerca de un millón de limeños no tiene agua potable y paga entre cinco y ocho veces más que las familias de mayores ingresos, y llamó a la ciudadanía a respaldar esta defensa desde sus organizaciones.
El foro concluyó con un llamado a mantener el debate sobre el futuro de SEDAPAL en un contexto de estrés hídrico, cambio climático y brechas de acceso, en el que se reafirmó el carácter del agua como derecho y bien público y la necesidad de proteger las fuentes que abastecen a Lima.
