Relatores de la ONU advierten riesgos para el ambiente y los derechos humanos por pedido de facultades legislativas
Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por diversos aspectos del proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicita facultades legislativas al Congreso. Advierten posibles riesgos para la protección ambiental, los derechos de pueblos indígenas y comunidades, y las libertades de expresión, reunión y asociación. El Estado peruano respondió señalando que la iniciativa aún se encuentra en trámite y que las posibles afectaciones dependerán de su contenido definitivo.
El 15 de septiembre, nueve relatores especiales de Naciones Unidas enviaron al Gobierno peruano una comunicación oficial en la que expresaron su preocupación por el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita al Congreso facultades legislativas por 120 días. La iniciativa, presentada el 28 de agosto con carácter de “muy urgente”, plantea modificaciones en materias como protección ambiental, recursos naturales, minería, hidrocarburos, pesca, agua, uso de la fuerza y clasificación de organizaciones, entre otras.
La comunicación fue suscrita por los relatores y relatoras con mandatos sobre ambiente sano, cambio climático, alimentación, libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, sustancias y desechos peligrosos y derecho al agua y saneamiento. En ella señalan que las modificaciones propuestas, si se realizan sin considerar las obligaciones internacionales de derechos humanos, podrían generar riesgos significativos para la población en general y, de manera particular, para pueblos indígenas, comunidades rurales y costeras, población afrodescendiente, niñas, niños y adolescentes.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la propuesta de incorporar el silencio administrativo positivo en procedimientos de certificación ambiental. Los relatores advierten que, si la autoridad no responde dentro del plazo establecido, determinadas solicitudes podrían considerarse aprobadas sin que se haya verificado previamente la suficiencia de las medidas para prevenir daños al ambiente, los ecosistemas, el clima y los derechos de las personas. Según señalan, esto podría debilitar salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.
Los relatores también expresan preocupación por las propuestas vinculadas con recursos hídricos, minería, hidrocarburos, pesca, áreas naturales protegidas y bosques. Advierten que la simplificación de procedimientos y una eventual flexibilización de controles podrían afectar derechos como el acceso al agua, un ambiente sano y la protección de los ecosistemas. En el caso de la normativa minera, señalan específicamente que la flexibilización de controles ambientales bajo el objetivo de promover la formalización podría afectar el derecho a un ambiente sano.
En este contexto, la comunicación también hace referencia al principio de precaución. Los relatores advierten que la aprobación automática o sin una evaluación integral de certificaciones ambientales podría reducir la eficacia de los mecanismos destinados a prevenir impactos negativos antes del inicio de las actividades. Recuerdan que, frente a riesgos de daños graves o irreversibles, los Estados deben adoptar medidas para prevenir la degradación ambiental.
Otro aspecto señalado es la posible afectación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. La comunicación advierte que algunas modificaciones sobre recursos forestales y fauna silvestre podrían comprometer derechos vinculados con la libre determinación, la participación y la consulta previa. Los relatores recuerdan además que las decisiones sobre proyectos y actividades que pueden afectar territorios, recursos naturales, agua, salud, medios de vida e identidad cultural deben considerar adecuadamente sus impactos ambientales y en derechos humanos.
La preocupación también alcanza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Los relatores advierten que el silencio administrativo positivo podría permitir que una solicitud sea aprobada sin que hayan concluido las evaluaciones técnicas o sin que las personas potencialmente afectadas hayan podido presentar observaciones o cuestionar oportunamente una decisión. Por ello, sostienen que cualquier mecanismo de simplificación debe preservar las garantías legales, ambientales y de participación.
Los expertos plantean, además, que los esfuerzos de simplificación administrativa no deberían sustituir las evaluaciones técnicas. En su comunicación señalan que las autoridades ambientales requieren capacidades técnicas, institucionales y presupuestales suficientes para garantizar procesos de evaluación oportunos y rigurosos, especialmente frente a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
El Estado peruano respondió el 17 de septiembre a través de su Representación Permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. En su comunicación, reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y con el diálogo con los mecanismos internacionales de protección.
La respuesta se concentra en explicar el alcance y estado de tramitación de la iniciativa. El Gobierno sostiene que la delegación de facultades está sujeta a límites constitucionales y a controles parlamentarios y judiciales. Según explica, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de autorización y debe ser evaluado por las comisiones correspondientes antes de pasar al Pleno de la Cámara de Diputados. Si fuera aprobado, tendría que ser remitido al Senado, que puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.