¿Qué intereses defiende el ministro de Defensa?
El jueves 10 de setiembre, la Cámara de Diputados archivó la moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, presentada por la bancada de Juntos por el Perú. Fueron 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones, lejos del tercio de diputados hábiles que bastaba para admitirla. Eran 43 preguntas sobre Pataz, los aportes de campaña y el despliegue militar, y ninguna llegó a formularse. Tampoco estaba entre ellas la más elemental, ¿por qué está ahí?
Belaúnde llegó a Defensa sin un solo día de trayectoria en defensa o seguridad. El 31 de agosto, durante la presentación de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, terminó fotografiado frente a los sospechosos, en una escena que parecía un interrogatorio. El fiscal Jorge Chávez Cotrina dijo que fue un error. La senadora fujimorista Martha Chávez, que salió en su defensa, lo explicó diciendo que Belaúnde es un novato en la conducta política que exige el cargo.
Lo que Belaúnde sí conoce es la minería. Fue ministro de Energía y Minas y consultor del sector. Hasta días antes de la juramentación se le voceaba para esa misma cartera y, según reportes de prensa sobre la conformación del gabinete, terminó en Defensa precisamente por los conflictos de intereses que arrastraba su actividad empresarial. La solución fue apartarlo del ministerio que otorga concesiones para ponerlo al frente del que manda tropas en la provincia aurífera más disputada del país. El conflicto no se corrigió: solo le cambiaron el uniforme. Ahí es donde Pataz deja de ser únicamente un problema de seguridad.
El 30 de agosto, una investigación publicada en La República confirmó que, desde el primer día de su creación, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) se instaló en los campamentos de Vijus, Santa María y Hualanga, propiedad de la Compañía Minera Poderosa. Los efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía forman, comen y duermen ahí. Usan sus vehículos. Los helicópteros del Ejército operarían desde una pista de la compañía.
Meses antes, Diario UNO había documentado algo todavía más delicado a partir de testimonios de uniformados: el comando encargado de desarticular mafias es convocado regularmente para custodiar el traslado de lingotes de Poderosa desde la planta de Santa María hasta el aeródromo de Chagual, en un camión blindado que ni siquiera cuenta con autorización de Sucamec para transportar valores. El general Marco Marín Saldaña, entonces jefe del CUPAZ, se opuso directamente a esa modalidad. Murió en octubre de 2025 en un accidente dentro de un helicóptero en ese mismo aeródromo, y el esquema siguió intacto.
Belaúnde sostiene que las Fuerzas Armadas no custodian instalaciones ni operaciones de Poderosa. Las fotografías del comedor dicen otra cosa. La pregunta siguiente es inevitable: ¿quién ordena ese despliegue?
Evangelina Arias, presidenta del directorio de Poderosa, hizo ocho aportes por cerca de S/ 1.5 millones al partido Libertad Popular durante la campaña presidencial de Belaúnde, según el reporte de la ONPE. Su padre, Rafael Belaúnde Aubry, figura desde mayo en el directorio de Paltarumi S.A.C., empresa que compra oro de Pataz. El ministro, sin embargo, omitió ese dato en la declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría, donde señaló que su padre «no labora». A esto se suma un reporte de Willax que le atribuye un parentesco con Christian Edson Aubry, director alterno de Poderosa. Belaúnde no ha dado cuenta públicamente de ese vínculo. Ese era el lugar para que lo hiciera.
El propio ministro ofreció, sin proponérselo, una de las mejores descripciones del problema: cuando le preguntaron por Paltarumi, respondió que esa empresa y Poderosa no se llevan bien. Es decir, su entorno directo está en los dos lados de la disputa por el mismo oro, en la misma provincia donde él decide dónde se despliegan los soldados. El presidente del Senado, Miguel Torres, despachó el asunto diciendo que participar en un directorio no genera una relación laboral, pero nadie estaba preguntando por un empleo. El documento se llama declaración jurada de intereses precisamente porque existe para que la ciudadanía no dependa de la buena voluntad de un funcionario para saber qué debe vigilar.
Las decisiones del Gobierno van en la misma línea. El 30 de agosto, OjoPúblico reportó que Belaúnde y el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, anunciaron un decreto de urgencia para agilizar servicios por impuestos después de reunirse con representantes de los sectores interesados en esa modificación. Tampoco es un caso aislado: el mismo medio documentó que al menos seis ministros del gabinete Galarreta son propietarios o fueron representantes de empresas cuyos intereses están vinculados con los sectores que hoy regulan. El que registra más vínculos con el sector que dirige no es el titular de Defensa, sino el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con al menos once empresas del rubro minero y de construcción en su historial.
Pataz lleva más de dos años y medio bajo estado de emergencia. En 2024 hubo 44 homicidios y en 2025, 52 y entre enero y julio de este año ya van 24, de acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, la logística que sí parece funcionar con normalidad en la provincia es la de la empresa que financió al partido del ministro. No es falta de oficio ni un error de principiante. Es lo que ocurre cuando la persona que manda las tropas viene del mismo negocio que esas tropas terminan cuidando. La Cámara de Diputados tuvo el 10 de septiembre la ocasión de preguntárselo y prefirió archivar el pedido, en la misma sesión en la que sí admitió interpelar al ministro del Interior. Belaúnde acudirá igual al Pleno, junto al premier Galarreta, por una invitación aprobada esa misma tarde para informar sobre inseguridad ciudadana. Ninguna de las 43 preguntas sobre Poderosa forma parte de ese encargo.