Trujillo y la economía criminal del oro: especialistas cuestionan la respuesta del Estado
El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo han puesto nuevamente en evidencia la creciente violencia asociada a las economías vinculadas al oro y las dificultades del Estado peruano para enfrentar el avance de la minería ilegal y el crimen organizado.
Este fue el tema central de una nueva edición de La Hora Verde, que reunió a la periodista de investigación Karla Ramírez; José De Echave, investigador y economista de CooperAcción; y Ricardo Soberón, investigador en temas de seguridad y exjefe de Devida. Los especialistas analizaron el caso ocurrido en Trujillo, el crecimiento de la minería aurífera informal e ilegal, sus vínculos con organizaciones criminales y los cuestionamientos a la respuesta de las autoridades.
Durante el programa, Karla Ramírez señaló que el caso constituye un ejemplo de la alianza entre la minería ilegal e informal, las organizaciones criminales y sectores corruptos de la Policía Nacional. Como elementos que generan preocupación, mencionó el uso de uniformes policiales originales durante el secuestro, una placa clonada correspondiente a un vehículo policial inactivo en Puno y los antecedentes de vínculos entre policías y actividades mineras en distintas zonas del país. También recordó casos en los que efectivos policiales habrían brindado seguridad a mineros informales a cambio de dinero.
La periodista cuestionó además la actuación de las autoridades durante los días posteriores al secuestro. Se refirió al traslado de un efectivo especializado que, según fuentes citadas durante el programa, iba a participar en las primeras investigaciones; a la muerte de otro policía en circunstancias que consideró sospechosas; y a las contradicciones en las declaraciones de autoridades policiales y del Ejecutivo. Asimismo, cuestionó la exposición pública de personas detenidas y los interrogatorios realizados en presencia de autoridades, señalando que estas actuaciones afectan el principio de presunción de inocencia.
Por su parte, José De Echave puso el caso en el contexto de la dimensión económica que ha adquirido la minería aurífera en el país. Señaló que, según las cifras mencionadas durante el programa, mientras el Ministerio de Energía y Minas registra una producción de alrededor de 109 toneladas de oro, las exportaciones reportadas superarían las 200 toneladas. Para el investigador, esta diferencia constituye un indicador de la magnitud de la producción informal e ilegal. Además, sostuvo que la cifra real podría ser incluso mayor debido al oro que sale del país por las fronteras sin quedar registrado en las estadísticas oficiales.
De Echave explicó que la minería aurífera se ha convertido en una actividad económica de gran peso, particularmente en regiones como La Libertad, y que su expansión ha permitido que estos recursos económicos penetren diferentes espacios del Estado. En esa cadena intervienen comercializadoras, plantas de beneficio y otros operadores que pueden contribuir a que el oro producido de manera informal o ilegal termine incorporándose a circuitos legales. El investigador también señaló que esta problemática no se limita al oro y que en La Libertad se han expandido otras actividades extractivas, mientras que en la Amazonía la minería ilegal se articula con otras economías criminales.
A su turno, Ricardo Soberón planteó una mirada regional y señaló que en América del Sur se viene produciendo una convergencia entre organizaciones criminales y distintas economías extractivas, principalmente vinculadas al oro, la cocaína y la madera. En el caso peruano, sostuvo que La Libertad y, particularmente, Pataz, constituyen un espacio donde conviven minería artesanal, informal, ilegal y grandes proyectos auríferos. Para el investigador, esta situación ayuda a explicar hechos como el ocurrido en Trujillo.
Soberón identificó además distintos niveles de confrontación alrededor de esta actividad. Por un lado, mencionó las tensiones entre la gran minería del oro y la pequeña minería; y, por otro, el papel de las fuerzas del orden en un mercado de la seguridad en el que también participan organizaciones criminales. Sobre el caso específico, destacó el supuesto conocimiento previo de la Policía Nacional sobre el riesgo de un hecho de estas características, el uso de un vehículo que tendría registro del Ministerio del Interior y las posteriores contradicciones entre las instituciones. También llamó la atención sobre la confrontación entre la Policía y las Fuerzas Armadas en torno a la conducción de las acciones de seguridad.
Los especialistas coincidieron en que la respuesta estatal no puede limitarse a la declaración de estados de emergencia o a la ampliación de facultades para las instituciones encargadas de la seguridad. Entre las medidas planteadas durante el programa estuvieron una reforma profunda de la Policía Nacional, el fortalecimiento de las labores de inteligencia para desarticular organizaciones criminales, la revisión del marco legal que favorece su actuación y una política que permita diferenciar a los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse de aquellos actores vinculados a economías criminales.
El caso de Trujillo debe ser entendido como parte de un fenómeno más amplio en el que el crecimiento de la minería aurífera y la enorme cantidad de recursos económicos que moviliza están transformando los territorios y generando nuevas formas de articulación entre actividades extractivas, crimen organizado y corrupción. Frente a ello, el desafío no pasa únicamente por aumentar la presencia de policías o militares, sino por recuperar la capacidad del Estado para controlar las cadenas económicas, combatir la corrupción y construir respuestas de fondo frente a una problemática que, como muestra este caso, ha dejado de estar confinada a los socavones y alcanza también a las ciudades.
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