La policía y las investigaciones que la vinculan a actividades ilegales
Los últimos sucesos violentos ocurridos en Trujillo, vuelven a colocar sobre la mesa varios temas que siguen pendientes en el debate nacional. Uno de ellos es el de las fuerzas del orden.
Por ejemplo, claramente, la Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución en crisis. Su imagen está por los suelos y casi todas las semanas aparecen denuncias contra miembros de la PNP de diferentes estamentos y jerarquías, vinculados a bandas criminales, casos de corrupción, entre varios otros delitos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 13.4% de la ciudadanía confía en la Policía.
Una de las frases hechas, cada vez que se descubre un caso de corrupción o de algún otro delito en la Policía, es que “algunos elementos no pueden dañar la imagen de toda la institución”. Sin embargo, las cifras muestran que no estamos frente a algunos casos aislados: información de la propia Inspectoría General del Sector Interior da cuenta que 20 mil efectivos policiales vienen enfrentando investigaciones por faltas como pertenecer a una organización criminal, cometer un delito flagrante, pedir coimas, abuso de autoridad, entre otras. El año pasado 1456 policías habrían sido separados por casos de corrupción, cifra que año a año viene aumentando.
Un reportaje de Ojo Público dio cuenta que, entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial evaluó 37 casos relacionados con minería ilegal en el que estaban implicados 96 policías en regiones como La Libertad (36 efectivos), Piura (19), Ica (13), Puno (10), Ucayali (5), Loreto (4), Arequipa (3), Amazonas (3), Lima (2) y Madre de Dios (1). Las acusaciones son variadas: robo de oro, filtraciones de información reservada, violación de cadenas de custodia del mineral intervenido y relación con organizaciones criminales.
Uno de los casos más visibles ocurrido en los últimos años, involucró nada menos que a un ex comandante general de la PNP, el general Víctor Zanabria, que afrontó investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado cuando era jefe de la región policial de Arequipa. Las acusaciones eran graves: un informe publicado en La República (edición del 23/01/24), señala que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de esa región, “como parte de una investigación sobre un violento enfrentamiento en 2020 fue mencionado el nombre del entonces jefe de la región policial de la zona, general Víctor Zanabria Angulo, vinculado a uno de los grupos en conflicto”.
El violento enfrentamiento al que se refiere la investigación sería el que ocurrió en la zona de Calpa, distrito de Atico, provincia de Caravelí, en diciembre de 2020, cuando delincuentes armados, aparentemente contratados por la empresa Intigold Mining, desalojaron violentamente a mineros artesanales, produciéndose la muerte de Edwin Ramos Guerrero y varios heridos: “Un colaborador eficaz, identificado con el código FPCA 02-2022, reveló que el general Víctor Zanabria, conocido como el Canario, ordenaba a sus subalternos dar protección a la minera Intigold Mining, a cambio de dádivas” (La República del 23/01/2024). También se señala que los enfrentamientos armados ocurrieron en presencia de la Policía que protegía a la empresa Intigold.
Esta no fue la única denuncia contra Zanabria y, finalmente, una resolución judicial ordenó separarlo del cargo de comandante general de la PNP por presuntos delitos de peculado y colusión. Como informaron varios medios de comunicación, la suspensión se enmarcó en el Código Procesal Penal “que contempla esta medida cautelar cuando existen elementos de convicción graves y fundados que vinculan al investigado con actos de corrupción”[1].
Otra denuncia contra elementos de la PNP, se presentó el año 2023 en relación con la extracción de carbón antracita en la provincia de Otuzco, en La Libertad. La organización criminal “La Gran F.A.”, cuyos delitos principales son sicariato y minería ilegal, estaba integrada por un coronel de la PNP y varios suboficiales: los integrantes de esta banda, invadían terrenos de concesiones mineras formales para la explotación de carbón antracita, utilizando explosivos, maquinaria y vehículos. “Asimismo, amenazaban y amedrentaban a la población y a quienes intentaban denunciar sus actividades ilegales”[2].
En el mismo departamento de La Libertad, en la provincia de Pataz, las denuncias que vinculan a las fuerzas del orden no han cesado en los últimos años, sobre todo, luego de la implantación de los estados de emergencia. Al parecer, el denominado Comando Unificado de Pataz (integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía y que actúa bajo el marco del Estado de Emergencia que rige esa zona) está envuelto en varias denuncias: un reportaje publicado en la edición del diario La República del 10 de mayo de 2026 da cuenta de que militares y policías se vienen enfrentando por el control de la minería ilegal en Pataz: investigaciones preliminares, hechas por la propia Divincri de Trujillo, dan cuenta de que miembros del Ejército y de la propia PNP, estarían vinculados con el asesinato del ciudadano Jolvi Rodríguez Calderón, cabeza visible de una familia dedicada a la minería ilegal: “El miércoles 7 de abril, el equipo especial de la Divincri Trujillo, dirigido por el mayor PNP Robinson Sánchez Chávarry, arribó a Pataz. Después de recoger una serie de evidencias y testimonios de testigos en la zona, los agentes determinaron que algunos miembros del CUPAZ, entre militares y policías, presuntamente protegían, a cambio de dinero, a familias dedicadas a la minería ilegal”, señala el reportaje
Al parecer, la respuesta a esta investigación se dio el pasado 11 de abril, cuando el equipo de la Divincri de Trujillo fue interceptado violentamente en la zona por una patrulla del Ejército al mando del mayor EP Víctor Andrade Segura. “Sin motivo alguno, y pese a que se identificaron como policías, los militares los encañonaron, los sometieron en el piso y les despojaron de sus armas de reglamento”. Los policías fueron trasladados a Trujillo y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.
Este grave hecho, entre varios otros, son evidencias de la descomposición de las fuerzas del orden que, en pleno Estado de Emergencia en Pataz, se estarían enfrentando en una zona tomada en parte por bandas criminales que buscan controlar la extracción minera.
Por eso, lo ocurrido en la madrugada del pasado domingo 30 de agosto no es un hecho aislado. Es un síntoma más de la manera cómo el crimen organizado viene operando y la crisis en la que se encuentran varias instituciones claves del Estado peruano.
[1] Noticia publicada en Canal N, el 12 de septiembre de 2025.
[2] Informe de Infobae del 7 de octubre de 2023.