Menos controles para verter aguas residuales: especialistas advierten riesgos para la gestión del agua

La reciente reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los cambios en los requisitos para autorizar el vertimiento de aguas residuales han generado preocupación entre especialistas y organizaciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Las nuevas medidas se producen, además, en un contexto marcado por el cambio climático, eventos extremos y una creciente presión sobre los recursos naturales.

Este fue el tema central de una nueva edición de La Hora Verde, que reunió a Ruth Preciado, integrante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y docente de la Maestría de Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Patricia Urteaga, profesora e investigadora de la PUCP; y Andrés Alencastre, presidente de la Asociación Civil para la Gestión del Agua en Cuencas, exministro de Desarrollo Agrario y Riego y consultor en Gobernanza Territorial.

Durante el programa, los especialistas analizaron las recientes modificaciones normativas, así como los problemas estructurales de la ANA y la necesidad de replantear la forma en que se gestiona el agua en el país.

Ruth Preciado señaló que uno de los principales problemas de la ANA es que no ha logrado implementar una gestión integrada de los recursos hídricos que sea realmente participativa y descentralizada. Indicó que, pese a que la legislación contempla estos principios, actualmente existen solo 12 consejos de recursos hídricos para las 159 cuencas del país y que estos espacios cuentan con limitadas capacidades de decisión y financiamiento. Para la especialista, el problema es también político, pues la toma de decisiones permanece centralizada y favorece a los actores con mayor poder económico. Asimismo, cuestionó que la reorganización de la ANA se haya planteado sin suficiente información pública sobre sus objetivos, actores involucrados y mecanismos de participación.

Sobre los cambios en las autorizaciones para el vertimiento de aguas residuales, Preciado alertó sobre los riesgos para la calidad del agua y la salud de las personas, especialmente frente a eventos extremos asociados al cambio climático. Señaló que la reducción de controles y la salida de entidades vinculadas a la salud de determinados procedimientos pueden debilitar las garantías existentes. Frente a ello, planteó la necesidad de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y de discutir de manera más amplia para qué y al servicio de quiénes deben funcionar las instituciones encargadas de proteger el agua.

Patricia Urteaga destacó que la ANA enfrenta, entre otros problemas, limitaciones presupuestales y una falta de enfoque verdaderamente multisectorial. Señaló que su adscripción al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dificulta una gestión integrada, pues el agua atraviesa distintos sectores y debe ser gestionada teniendo como unidad a la cuenca. En ese sentido, explicó que las actividades desarrolladas en una parte de una cuenca pueden generar impactos sobre otros territorios y usuarios, por lo que las decisiones no deberían analizarse únicamente desde la perspectiva de una actividad productiva específica.

Respecto a la norma sobre autorizaciones de vertimiento, Urteaga llamó la atención sobre sus sucesivas modificaciones desde 2016 y cuestionó que el informe que sustenta la nueva regulación no sea de acceso público. También advirtió que las disposiciones vinculadas a eventos extremos asociados al cambio climático podrían debilitar el deber de proteger la calidad y cantidad del agua. Para la especialista, antes de aprobar este tipo de normas debería garantizarse que sus fundamentos técnicos sean públicos y discutidos por los distintos sectores y usuarios que podrían verse afectados.

Andrés Alencastre cuestionó problemas de origen en la concepción e institucionalidad de la ANA. Señaló que la gestión del agua en el Perú requiere considerar la complejidad de un territorio organizado simultáneamente por gobiernos de distintos niveles, comunidades, cuencas y sectores productivos. Sin embargo, consideró que la institucionalidad mantiene una cultura centralista, vertical y sectorializada, mientras que la multisectorialidad planteada en las normas no cuenta con mecanismos efectivos de articulación con los actores locales. También cuestionó que las sucesivas modificaciones de las normas sobre vertimientos hayan tendido hacia una mayor flexibilización de los controles ambientales.

Para Alencastre, estos cambios forman parte de una tendencia más amplia en la que la normativa se adapta a las necesidades de un modelo primario exportador, reduciendo espacios de participación y control social. Frente a ello, propuso descentralizar la gestión del agua, colocarla como una prioridad de las políticas públicas, superar la sectorialización de la institucionalidad y fortalecer los sistemas de información desde los territorios. En su planteamiento, la ANA debería concentrarse en supervisar la calidad de la gestión, dentro de una institucionalidad con capacidad real para articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

Los especialistas coincidieron en que el debate sobre las recientes modificaciones debe ir más allá de los procedimientos administrativos y abordar una reforma de fondo de la gestión del agua. Entre los principales desafíos identificaron la descentralización, la participación de los distintos usuarios y sectores, la transparencia de la información y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los recursos hídricos.

El programa también puso énfasis en el contexto de cambio climático y de eventos extremos, que hace especialmente relevante contar con mecanismos sólidos de prevención, control y protección de la calidad del agua. En ese escenario, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer una institucionalidad que responda a la diversidad territorial del país y que coloque el bienestar de la población y la protección del agua en el centro de las decisiones.

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