El próximo gobierno y la agenda socioambiental
La definición del nuevo escenario político tras la segunda vuelta electoral ha abierto un intenso debate sobre el rumbo que tomará la agenda socioambiental en el país. En un contexto marcado por la crisis climática, el avance de economías ilegales, los conflictos en territorios extractivos y una institucionalidad ambiental que ha sido deliberadamente debilitada por sucesivas gestiones, diversas organizaciones y especialistas advierten que los próximos años serán decisivos para la protección del ambiente y los derechos de las comunidades.
Este fue el tema central del programa de esta semana de La Hora Verde, titulado “El próximo gobierno y la agenda socioambiental”, que contó con la participación de Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui; y José De Echave, investigador de CooperAcción.
Desde la SPDA, Isabel Calle señaló que uno de los principales desafíos será fortalecer la institucionalidad ambiental, que en los últimos años ha perdido capacidad de regulación y fiscalización. Indicó que, más allá de las promesas de campaña, el nuevo gobierno deberá definir su posición frente a temas clave como el Acuerdo de Escazú, la protección de defensores ambientales, la lucha contra las economías ilegales y la atención de emergencias ambientales. Asimismo, advirtió que el crecimiento económico no puede seguir justificando la flexibilización de estándares ambientales y sociales, y recordó que casos como el derrame de Repsol evidencian las debilidades del Estado para garantizar acceso a la información, justicia y participación ciudadana.
Por su parte, Lilian Oscco expresó preocupación por las señales que deja el comportamiento de Fuerza Popular en el Congreso en los últimos años. Señaló que las reformas orientadas a reducir la llamada “tramitología” han terminado facilitando la flexibilización de controles ambientales y sociales, especialmente en actividades mineras e hidrocarburíferas. También cuestionó la eliminación de espacios especializados en temas ambientales e indígenas dentro del Parlamento y alertó sobre el impacto que podrían tener normas que restringen la protesta social y el acceso a la justicia ambiental. En ese sentido, sostuvo que las comunidades necesitan fortalecer su organización para defender sus territorios frente a un escenario que podría profundizar el modelo extractivista.
En tanto, José De Echave analizó las implicancias del nuevo gobierno para el sector minero y los territorios. Señaló que los voceros económicos del fujimorismo han planteado aprovechar el contexto de altos precios internacionales de los minerales para destrabar inversiones y acelerar proyectos mineros. Sin embargo, advirtió que esta estrategia podría reactivar escenarios de alta conflictividad social, como ocurrió en periodos anteriores de expansión extractiva. También destacó la tensión existente entre la gran minería y la minería informal e ilegal, un fenómeno que hoy tiene capacidad económica, organización y fuerte presencia territorial. Según De Echave, el país enfrenta el desafío de discutir una reforma más amplia de la política minera y de encontrar salidas democráticas que equilibren inversión, derechos y protección ambiental.
A lo largo del programa se abordaron temas como el debilitamiento de la gobernanza ambiental, la expansión de la minería ilegal, la necesidad de una nueva regulación minera, la protección de defensores ambientales, el acceso a la justicia y la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios. Los participantes coincidieron en que el Perú atraviesa un momento en el que las decisiones del próximo gobierno tendrán efectos de largo plazo sobre el ambiente, los recursos naturales y la convivencia democrática.
En el cierre del programa, los invitados hicieron un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana, la articulación entre organizaciones sociales y la capacidad de formular propuestas de política pública. Advirtieron que, en un contexto de reducción de espacios democráticos y creciente presión sobre los territorios, la defensa de los derechos ambientales y colectivos requerirá una ciudadanía activa y organizada. También coincidieron en que la agenda socioambiental no puede quedar relegada, pues de ella dependen la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y la calidad de vida de las futuras generaciones.
Mira el programa completo: