EDITORIAL: MINERÍA, LO QUE SE VIENE

A partir del próximo 28 de julio se va a abrir una nueva etapa. Luego de las dos vueltas electorales y con la información que se cuenta al cierre de esta edición, es bastante probable que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República.

¿Cuál puede ser el impacto y la orientación de la política minera en un eventual gobierno de Fuerza Popular? Por las alianzas electorales y el evidente respaldo del sector empresarial a su candidatura, todo indica que la política minera será diseñada a la medida de las demandas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. De hecho, varios de sus voceros económicos en la campaña así lo han anunciado.

¿Qué significa esto?  Que se ratificarán las líneas matrices de la política minera heredada de la década del 90 del siglo pasado ―período en el que gobernó el padre de Keiko Fujimori― aunque, con seguridad, se harán los ajustes que los empresarios demandan en la actualidad: menos exigencias ambientales y sociales, lo que ellos denominan como “tramitología” y lo que, en buen cristiano, significa desregular o bajar estándares. Tampoco habrá que descartar, como ya está ocurriendo en países vecinos, como Ecuador y Argentina, que la institucionalidad ambiental sea debilitada aun más e, incluso, hasta desaparecida. De hecho, desde la creación del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) han sido el blanco de críticas del empresariado minero y hasta de iniciativas legales que han buscado golpearlos. En los últimos años, los denominados paquetazos ambientales y una serie de medidas aprobadas, ya han avanzado en esta dirección.  

Por otro lado, el tema tributario minero seguramente no será tocado y el país seguirá sin poder obtener los ingresos que le corresponden por la explotación de un bien natural no renovable, más aún, en un período de bonanza minera y de precios altos. Cabe precisar que organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE han indicado que hay margen suficiente para aumentar la presión tributaria vinculada a la minería sin que el país pierda competitividad internacional.

Lo que se anuncia es mucho de la vieja minería de las últimas décadas y nada de lo que debería ser una nueva forma de hacer minería. La idea fuerza sigue siendo extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo posible a cualquier costo. Extractivismo puro y duro que lo que provocará es mayor tensión social en los territorios con presencia minera. No hay que olvidar que los períodos de mayor conflictividad social que el país ha vivido se dieron cuando se trató de forzar la inversión minera, sin tomar en consideración aspectos sociales y ambientales básicos.

Lo que sí queda como incógnita es si el nuevo gobierno tendrá la capacidad de abordar la expansión de la denominada minería informal y la abiertamente ilegal. En la campaña, este tema fue abordado a punta de generalidades y sin una sola propuesta concreta que permita pensar que se tenga diseñada una estrategia distinta a lo que ya se ha visto en los últimos años.

En suma, habrá que seguir con atención lo que se viene en este nuevo período, donde la presión por poner en valor la cartera de inversión minera estará entre las prioridades del nuevo gobierno.