Los riesgos de la “edición genética” sobre la biodiversidad, los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la salud

Los días 01 y 02 de junio se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, el Encuentro Latinoamericano “La edición genética en América Latina: amenazas y estrategias”, con participación de representantes de organizaciones de base, de la sociedad civil, gremios de productores agrarios y campesinos, colectivos, centros de investigación y universidades de diversos países, comprometidas e involucradas en el movimiento agroecológico latinoamericano.
El encuentro, organizado por la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, se celebró en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el objetivo de discutir sobre el avance de la edición genética en la región, y plantear acciones de respuesta desde el movimiento agroecológico. El encuentro permitió a los actores congregados tener un conocimiento más preciso sobre las técnicas de edición genética y sus implicancias, acercarse a la situación actual regional y de cada país en cuanto a su desarrollo y regulación, así como conocer los impactos y amenazas que esta tecnología representa.
La edición genética o génica comprende una serie de técnicas nuevas o “emergentes” de ingeniería genética y biología molecular, las cuales permiten una modificación genética más sofisticada de cultivos, animales y microorganismos, para crear Organismos Genéticamente Modificados (OGM u OVM). Es publicitada por sus promotores bajo el nombre de “técnicas de mejoramiento de precisión”, y se postula como una innovación más avanzada que los procedimientos de ingeniería genética previos, utilizados para la obtención de los famosos OGM conocidos como transgénicos.
Los participantes, provenientes de casi todos los países de Sudamérica y Mesoamérica[1], dieron cuenta de varios casos alarmantes de desarrollo de nuevos OGM mediante edición genética, así como cambios legales y administrativos implementadas por los gobiernos para facilitar su desarrollo experimental, la prueba en campos y su uso comercial en la actividad agropecuaria. También se expusieron diversas situaciones de conflicto de interés, incumplimientos a leyes existentes e inequidades en el acceso a la información relativa a esta innovación y a los procesos de edición genética actualmente en curso.
Los casos expuestos demostraron que la edición genética está siendo impulsada y facilitada activamente por actores privados y públicos, y que existe un patrón de actuación o modus operandi común de parte de estos grupos de interés, transversal a toda Latinoamérica.
Este patrón o estrategia de acción se sostiene principalmente en una distinción conceptual, que produce una ambigüedad legal: se intenta clasificar a los organismos obtenidos mediante edición genética como si fueran seres vivos convencionales, diferenciándolos de los OGM, actualmente restringidos en varios países de la región, como Ecuador y Perú[2]. Las “técnicas de mejoramiento de precisión”, aducen sus defensores, son procedimientos que no efectuarían “transgénesis”, o sea, no utilizarían ni combinarían genes de distintos seres vivos; se limitarían únicamente a manipular el material genético del organismo intervenido, para producir cambios similares a los que se obtendrían mediante un mejoramiento convencional. Sin embargo, como indica Marianella Irigoyen Bonilla, estas técnicas, en ciertos casos, sí utilizan genes exógenos; más aún, “el ADN que se introduce en las células para realizar la edición genética [conocido como CRISPR-Cas9] se produce y se aísla de microorganismos (bacterias). El ADN de los microorganismos puede acabar integrándose, sin querer, en el genoma del organismo que se está editando genéticamente”[3].
Amparados en esa ambigüedad conceptual-legal, varios Estados latinoamericanos han venido aprobando, en una especie de contrabando científico-legal, autorizaciones y otras disposiciones normativas y administrativas que permiten o facilitan el desarrollo o uso de OGM mediante edición genética. Otras características o prácticas distintivas de este modo de operar difundido en la región son las “puertas giratorias” entre empresas y organismos reguladores, fuente de conflictos de interés, así como una excesiva opacidad respecto de la información sobre las actividades de desarrollo y experimentación genética[4].
En Ecuador, por ejemplo, pese a la existencia de prohibiciones y restricciones constitucionales al desarrollo, comercialización y uso de OGM y transgénicos (artículos 15 y 401 de la Constitución de la República del Ecuador), en setiembre de 2023 el Ministerio de Agricultura y Ganadería de dicho país emitió el Acuerdo Ministerial Nº 063[5], mediante el cual regula la utilización de OGM obtenidos por técnicas de edición genética, abriendo la posibilidad de que algunos de estos organismos puedan ser susceptibles de registro o comercialización como si fueran organismos convencionales.
Mientras tanto, en Perú, a comienzos del presente año, el Ministerio del Ambiente aprobó la Resolución Ministerial N° D000068-2026-MINAM-DM[6], instrumento que establece las condiciones o lineamientos para determinar cuándo un organismo obtenido mediante técnicas de edición genética califica como OGM, y cuándo no; es decir, abre la puerta regulatoria a que los seres vivos desarrollados mediante edición genética puedan ser considerados como organismos convencionales. De acuerdo con dicha norma, un organismo obtenido mediante nuevas herramientas biotecnológicas no tiene condición de OGM si es que: a) No existe material genético exógeno (de otro organismo) en el producto final, y b) Las modificaciones son equivalentes a las que podrían obtenerse por mejoramiento convencional. En caso cumpliese con estas condiciones, ya no sería considerado OGM, y, por lo tanto, se le permitiría evadir la moratoria establecida mediante la Ley N° 29811 y su prórroga (Ley N° 31111).
No obstante, como explicaron los expertos presentes, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, tratado internacional suplementario del Convenio de Diversidad Biológica (ratificado por el Perú), define a los OGM u OVM como: “cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna”[7]. A su vez, define la biotecnología moderna como la aplicación de técnicas de ácido nucleico in vitro, incluyendo ADN recombinante y la introducción directa de ácidos nucleicos en células u orgánulos, lo cual calza con el tipo de procedimientos y métodos que se utilizan para la edición genética. La edición genética, en tanto es un procedimiento de manipulación genética mediante técnicas de biotecnología moderna, está pues contenida dentro del alcance regulatorio del protocolo de Cartagena.
Uno de los principales riesgos e impactos asociados a los OGM creados mediante edición genética es el de la contaminación genética de cultivos nativos y criollos de alto valor biológico y, en general, de diversas especies silvestres, lo cual puede traer repercusiones inesperadas en el patrimonio genético y en el funcionamiento de los ecosistemas. Otro riesgo es la privatización o monopolización del material genético y la obtención de patentes que restringen el uso, circulación y reproducción libre de las semillas para los productores, campesinos y pueblos indígenas. También se menciona potenciales impactos en la salud, aún poco estudiados. Al tratarse de métodos aún experimentales, son muchos los aspectos relativos a su seguridad que no se conocen y se trata de una tecnología que adolece de ser imprecisa, contrariamente a lo que afirman sus promotores, pues puede provocar desórdenes cromosómicos en el genoma. Como enfatiza Irigoyen: “puede provocar daños no deseados en el ADN, esto es mutaciones en ubicaciones genómicas distintas a las que se quería manipular, a las que se las llama mutaciones fuera de objetivo”.
Al respecto, es clave resaltar que los OGM obtenidos a través de la edición genética aún no son detectables mediante pruebas moleculares, a diferencia de los transgénicos “tradicionales”; en otras palabras, no existe aún una herramienta que permita rastrear su presencia en los campos y ecosistemas. Además, resulta preocupante que la experimentación genética se esté realizando no solo en plantas, sino también en microorganismos y animales. La incertidumbre sobre los efectos que podría causar la liberación de estos organismos en los ecosistemas es muy grande.
Otro punto destacado por los asistentes es la vulnerabilidad que enfrentan los pequeños productores y campesinos que conforman la agricultura familiar, pues reciben poco apoyo estatal adaptado a sus condiciones productivas, sociales, ecológicas y culturales, y frecuentemente se ven forzados al uso de OGM por decisiones que se toman unilateralmente entre la industria y las autoridades sectoriales. Las condiciones estructurales del sistema económico, comercial, productivo y alimentario hegemónico les son adversas, y el interés y apoyo estatal y privado a este estrato de productores, pese a que es el más importante para la seguridad y la soberanía alimentaria de la región, no es comparable al que existe para la promoción de la agricultura industrial, el monocultivo y la biotecnología. En ese sentido, la edición genética y los OGM son una capa más que se agrega a una serie de profundas problemáticas y desafíos preexistentes que los productores y consumidores de la región deben enfrentar[8].
Esta serie de amenazas, junto con las opacas prácticas público-privadas reportadas, y el gran silencio mediático al respecto, son causa de alarma entre las organizaciones participantes. Queda claro que existe una estrategia coordinada de avanzada regional para promover el uso agropecuario de los OGM de última generación. En respuesta, las organizaciones participantes plantearon una serie de medidas de coordinación y acción, y reafirmaron que la agroecología constituye la vía alternativa necesaria al camino de la intervención y privatización genética, de la agroindustria hipertecnificada, monopólica y corporativa: una vía ecológica, económica y social integral, capaz de garantizar el bienestar y la autonomía de los pueblos, los ecosistemas y los seres vivos en general.
Existe desde dichos actores y CooperAcción plena consciencia de que el camino de la soberanía alimentaria está vinculado a la agrobiodiversidad nativa-criolla y a la libertad de la semilla como un bien común de los pueblos, que constituye una riqueza y derecho de toda la humanidad, y particularmente de los países andinos y latinoamericanos. La agrobiodiversidad se condensa en la semilla, y la semilla libre y natural, para existir, necesita indisociablemente de agricultores, campesinos y pueblos indígenas soberanos.
Desde CooperAcción, agradecemos a Acción Ecológica por la invitación a participar y por la organización del encuentro, que ha contribuido al fortalecimiento de la línea de trabajo institucional en agroecología y alternativas al extractivismo.
Conscientes de la complejidad conceptual de este tema, compartimos tres materiales de lectura útiles para comprender mejor qué es la edición genética, y qué viene sucediendo el respecto en nuestra región:
Bravo, Elizabeth (2025). Cortando y pegando genes para manipular la vida. La edición génica: sus peligros y normativa en América Latina: https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cortando-y-pegando-genes-para-manipular-la-vida.-La-edicion-genica-sus-peligros-y-normativa-en-America-Latina
Irigoyen, Marianella (2025). “Un nuevo OGM acecha Ecuador: edición génica y las acciones legales para impedir su introducción”. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Edición Nº8 – Diciembre de 2025: https://aidca.org/ridca8-ambiental-irigoyen-un-nuevo-ogm-acecha-ecuador-edicion-genica-y-las-acciones-legales-para-impedir-su-introduccion-2/
Ribeiro, Silvia et. al. (2026). Edición génica en América Latina. Peligros, trampas y problemas: https://loquesomos.es/libre-descarga-edicion-genica-en-america-latina-peligros-trampas-y-problemas/
[1] Se contó con representación de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, entre otros países. Algunas de las organizaciones y movimientos participantes fueron la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC, La Vía Campesina, la Alianza por la Biodiversidad, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe – MAELA, la Red de Guardianes de Semillas, la Red Latinoamericana por la Soberanía Alimentaria y la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria – REDASA, entre otras.
[2] En Perú, tras una larga campaña de la sociedad civil, se logró promulgar la Ley N° 29811 y su prórroga (Ley N° 31111), que establece la moratoria al ingreso y cultivo de OVM (Organismos Vivos Modificados) hasta 2035.
[3] https://aidca.org/wp-content/uploads/2025/12/RIDCA8-AMBIENTAL-IRIGOYEN-Un-nuevo-OGM-acecha-Ecuador.-edicion-genica-y-las-acciones-legales-para-impedir-su-introduccion.pdf
[4] En varios casos, la entrega y liberación de información relativa a la experimentación y desarrollo de edición génica queda enteramente a voluntad del privado que conduce el proceso, o sea, no es obligatoria. A la vez, las dependencias públicas no necesariamente disponen de los medios de conocimiento, tecnológicos, humanos y presupuestarios para “estar al día” con el tema.
[5] https://www.edicioneslegales-informacionadicional.com/webmaster/directorio/RO479_2024.pdf (pp. 7-14).
[6] https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/7834313-d000068-2026-minam-dm
[7]https://bch.cbd.int/protocol/outreach/new%20protocol%20text%202021/cbd%20cartagenaprotocol%202020%20es-f%20web.pdf
[8] Latinoamérica, por ejemplo, concentra el 51% del uso mundial de agrotóxicos, según la FAO. En ese abuso de agrotóxicos lideran Brasil y Argentina, grandes potencias de monocultivos como la soja.
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