Fondo Monetario Internacional estima que la minería ilegal de cobre representa hasta el 5% del total de su exportación nacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la extracción ilegal de cobre habría representado hasta el 5% de las exportaciones de dicho mineral en 2024. Se trata de una de las primeras estimaciones presentadas por expertos de este organismo internacional sobre la relevancia de esta actividad para la economía peruana.

Sobre la base de las estadísticas de exportación del Banco Central de Reserva del Perú, CooperAcción estima que dicha proporción equivaldría a US$ 1175 millones del valor exportado de cobre en 2024, aproximadamente 131.8 mil toneladas métricas finas. Considerando que el cobre peruano se exporta principalmente en forma de concentrados con un contenido promedio cercano al 30% de cobre fino, este volumen equivaldría a entre 400 mil y 500 mil toneladas de concentrado de cobre.

El FMI publicó el informe correspondiente a la Consulta del Artículo IV para el Perú, en el que evalúa la situación económica del país y formula recomendaciones de política pública. En el documento, el organismo destaca que la economía peruana se beneficia actualmente de un contexto externo beneficioso, caracterizado por elevados precios de los minerales y términos de intercambio que se encuentran entre los más favorables observados desde la década de 1950.

En este contexto, el informe incorpora un análisis sobre la minería ilegal y sus efectos sobre la inversión, el desarrollo económico y la institucionalidad del país. El FMI señala que la minería ilegal es un desafío creciente debido a sus impactos sobre las operaciones mineras formales, el clima de inversión, la seguridad ciudadana y la integridad financiera.

El organismo señala que el incremento de los precios de los metales impulsó el crecimiento de la minería ilegal en la región, siendo el Perú uno de los países más afectados. Según sus estimaciones, el país es el principal exportador de oro ilegal de América Latina y, en 2025, sus exportaciones ilegales habrían alcanzado niveles similares a los de su producción legal.

De acuerdo con el FMI, la minería ilegal genera incertidumbre para las inversiones mineras, retrasa proyectos y afecta el normal desarrollo de las actividades extractivas formales. Por ejemplo, más del 80% de los distritos con producción minera legal presentaban una probabilidad superior al 50% de minería ilegal. Asimismo, indica que esta actividad favorece la generación de flujos financieros ilícitos, crea vulnerabilidades asociadas a la corrupción, debilita los derechos de propiedad y puede afectar las calificaciones de riesgo de empresas mineras formales.

La minería ilegal aumentó después de la pandemia y se aceleró durante 2024, de acuerdo con el FMI. Entre 2018 y 2024, la probabilidad mediana de presencia de minería ilegal en los distritos del país aumentó en 7.8 puntos porcentuales, de los cuales 4 puntos porcentuales corresponden al período 2023-2024. Asimismo, el 56% de los distritos del país registró un incremento de esta probabilidad durante dicho período.

Frente a todo esto, el FMI plantea una respuesta coordinada para enfrentar la expansión de la minería ilegal: el fortalecimiento de las capacidades de supervisión, seguridad y fiscalización; el cierre de vacíos legales; la mejora de los mecanismos de control sobre la cadena de suministro; así como una mayor coordinación entre entidades nacionales, regionales e internacionales.

El análisis del FMI no hace una distinción entre minería ilegal e informal, pese a que para la normativa peruana sí hay un matiz entre estas dos categorías.

Cabe destacar que el informe del FMI incorpora los datos del Observatorio de Conflictos Mineros, iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil peruana como CooperAcción, Grufides y Fedepaz, entre sus fuentes de información sobre la evolución de la minería ilegal. Un indicador de la relevancia de esta herramienta para el seguimiento del sector minero en el país.