La agenda ambiental en la segunda vuelta

En medio de una segunda vuelta electoral marcada por los debates sobre economía, seguridad y gobernabilidad, los temas ambientales han tenido una presencia marginal en la discusión pública. Sin embargo, el país enfrenta desafíos urgentes relacionados con el cambio climático, la expansión de actividades ilegales, la degradación de ecosistemas, la gestión del agua y la preparación ante un posible Fenómeno de El Niño de gran intensidad. En este contexto, surge la necesidad de preguntarse qué lugar ocupará la agenda ambiental en el próximo gobierno y cuáles deberían ser las prioridades para garantizar un desarrollo sostenible y resiliente.

Este fue el tema central del programa de esta semana de La Hora Verde, titulado “La agenda ambiental en la segunda vuelta”, que contó con la participación de Liliana Miranda, integrante de Foro Ciudades para la Vida; Juan Luis Dammert, consultor de GRADE; y Paul Maquet, representante de CooperAcción.

Durante el programa, Juan Luis Dammert advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad ambiental en los últimos años y la consolidación de una narrativa que presenta la protección del ambiente como un obstáculo para el crecimiento económico. Señaló que el Ministerio del Ambiente ha perdido capacidad de incidencia en las decisiones públicas y alertó sobre la expansión de la minería informal e ilegal, particularmente en la Amazonía, así como sobre la creciente influencia política de estos sectores en la toma de decisiones. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el rol del Estado en la fiscalización ambiental y de recuperar el peso de la agenda ambiental en las políticas multisectoriales.

Por su parte, Liliana Miranda expresó su preocupación por la ausencia de los temas ambientales y climáticos en la campaña electoral, pese a las advertencias científicas sobre la posible ocurrencia de un Fenómeno de El Niño severo. Desde una perspectiva territorial, cuestionó los limitados avances en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres, señalando que muchos instrumentos técnicos y normativos carecen de mecanismos efectivos de implementación. Además, sostuvo que el país requiere una política integral de ordenamiento territorial vinculante, mayor protección de las cabeceras de cuenca y una mejor preparación de los gobiernos locales frente a los impactos del cambio climático. También resaltó la necesidad de fortalecer la infraestructura ecológica urbana y la protección de las áreas verdes como parte de una estrategia de adaptación y resiliencia en las ciudades.

En tanto, Paul Maquet señaló que la crisis climática y los desafíos ambientales siguen ocupando un lugar secundario en el debate político, pese a su importancia para el futuro del país. En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar hacia una transición energética que permita reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar el potencial de fuentes renovables como la energía solar, eólica y geotérmica. Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la protección de las cabeceras de cuenca, recuperar la agenda de conservación de la Amazonía y retomar compromisos pendientes como la ratificación del Acuerdo de Escazú.

A lo largo del programa también se abordaron temas como la expansión de la minería ilegal, la futura regulación de la pequeña minería y minería artesanal, la implementación pendiente de políticas de protección de cabeceras de cuenca, la necesidad de revisar normas que debilitan la protección ambiental y la importancia de incorporar criterios climáticos y ambientales en las decisiones de inversión pública y privada. Los participantes coincidieron en que los desafíos ambientales no pueden seguir siendo tratados como asuntos sectoriales o secundarios, sino que deben integrarse de manera transversal en las políticas de desarrollo, infraestructura, energía y ordenamiento territorial.

En el cierre del programa, los especialistas señalaron que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de enfrentar una agenda ambiental compleja y urgente, marcada por la crisis climática, los conflictos socioambientales y la creciente presión sobre los recursos naturales. Asimismo, destacaron que la protección del ambiente no debe entenderse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una condición indispensable para garantizar el bienestar, la salud, la seguridad y la sostenibilidad del país en los próximos años.

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