Las agendas pendientes para el próximo gobierno

En el contexto de las elecciones generales, el debate sobre las prioridades que deberá asumir el próximo gobierno en materia social y ambiental cobra especial relevancia. Problemas estructurales como la contaminación ambiental, la expansión de economías ilegales en la Amazonía, los conflictos en territorios mineros y la débil gestión del litoral evidencian una agenda pendiente que requiere respuestas urgentes del Estado. En un escenario marcado por debilidades institucionales y crecientes presiones sobre los ecosistemas, los desafíos socioambientales se perfilan como uno de los grandes temas para el nuevo ciclo político.

Este fue el eje del programa de esta semana de La Hora Verde, titulado “Las agendas pendientes para el próximo gobierno”, que contó con la participación de Karina Castro, especialista del programa Andino; Antony Apeño, biólogo del programa de gobernanza marino-costera; y Carolina Morales, especialista del programa Amazónico de cooperación.

Desde su experiencia en territorios afectados por actividades extractivas, Karina Castro señaló que muchas de las problemáticas ambientales y de salud que enfrenta el país son consecuencia de debilidades estructurales en la gestión pública. Advirtió que la alta rotación de funcionarios y la precariedad institucional dificultan la continuidad de políticas clave, como la atención a poblaciones afectadas por contaminación con metales pesados. En esa línea, destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, garantizar presupuesto para los sectores responsables y mejorar la articulación entre ministerios para asegurar una atención integral a las personas afectadas.

Por su parte, Antony Apeño se refirió a los desafíos en la gestión del espacio marino-costero, señalando que el Estado ha mantenido históricamente una relación distante con este territorio. Indicó que la falta de planificación y de regulación adecuada ha generado impactos en los ecosistemas marinos y en las actividades de las poblaciones que dependen de ellos, como la pesca artesanal. También advirtió sobre los problemas derivados de derrames de hidrocarburos y otras actividades económicas mal reguladas, y subrayó la necesidad de contar con una gestión integral del litoral que permita ordenar los usos del mar y fortalecer la protección de sus ecosistemas.

En tanto, Carolina Morales puso énfasis en la situación de la Amazonía, donde la expansión de economías ilegales como la minería ilegal representa una de las mayores amenazas para los territorios indígenas y las áreas de conservación. Señaló que el debilitamiento de la normativa ambiental y la falta de control territorial han facilitado el avance de estas actividades, generando impactos ambientales, sociales y de seguridad. En ese contexto, remarcó la importancia de garantizar la titulación de territorios indígenas, reconocer los sistemas de gobernanza propios y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre las políticas que afectan sus territorios.

En el cierre del programa, los especialistas coincidieron en que el país enfrenta una agenda socioambiental amplia y compleja que requiere fortalecer la institucionalidad pública, mejorar la coordinación entre sectores del Estado y garantizar una mayor participación de las poblaciones afectadas en las decisiones sobre sus territorios. Advirtieron que el próximo gobierno tendrá el desafío de abordar estos temas con una mirada integral que combine protección ambiental, derechos de las comunidades y sostenibilidad de las actividades económicas.

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