OxI: Nuevo reglamento amplía el alcance del mecanismo
El pasado 13 de marzo, el Gobierno publicó el nuevo reglamento del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) mediante el Decreto Supremo N.° 038-2026-EF, en el marco de la Ley N.° 29230. La norma introduce cambios relevantes en el alcance y funcionamiento del mecanismo, ampliando el tipo de intervenciones que pueden ser financiadas y reforzando el rol de las entidades públicas en su implementación.
Desde 2011, año en que las empresas mineras comenzaron a utilizar el mecanismo, hasta marzo[1] de 2026, estas han concentrado el mayor monto acumulado de inversión adjudicada respecto a los demás sectores, alcanzando los S/ 4709 millones, de acuerdo con cifras de Proinversión. En cuanto a las entidades del Gobierno nacional, los mayores montos de inversión se registran en los sectores Educación (S/ 780 millones), Salud (S/ 622 millones) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/ 486 millones). A nivel empresarial, la Compañía Minera Antamina S.A. lidera con un monto adjudicado de S/ 1833 millones, seguida de Southern Perú Copper Corporation con S/ 1345 millones y Minsur S.A. con S/ 271 millones.
Nuevas intervenciones y gestión del mecanismo
Uno de los principales cambios del nuevo reglamento es la ampliación del alcance del mecanismo. OxI deja de limitarse a la ejecución de inversiones, actividades de operación y mantenimiento, y construcción de viviendas rurales, para incorporar la posibilidad de financiar servicios. Estos servicios están orientados a resultados concretos y pueden priorizarse para atender necesidades en zonas rurales, de frontera o en situación de emergencia, específicamente en sectores como salud, educación y saneamiento.
Otro aspecto relevante es la incorporación del ordenamiento territorial dentro de las intervenciones financiables. El reglamento permite que, a través de OxI, se elaboren y actualicen instrumentos como planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, catastros urbanos y rurales, así como estudios de microzonificación, entre otros instrumentos de planificación territorial.
El nuevo reglamento también fortalece el rol técnico de ProInversión en la gestión del mecanismo. La entidad asume funciones de seguimiento a lo largo de todo el ciclo de las intervenciones, así como de articulación entre las distintas entidades involucradas y la emisión de informes técnicos orientadores. Este mayor involucramiento busca reducir las brechas de capacidad de los gobiernos subnacionales en la implementación de OxI, pero también introduciría una mayor centralización técnica en la gestión del mecanismo.
Con esta actualización se plantean nuevos desafíos en términos de gobernanza, transparencia y gestión territorial, especialmente en contextos vinculados a la actividad minera, donde el mecanismo ha tenido una mayor presencia en los últimos años. En ese marco, surgen interrogantes: ¿debería el ordenamiento territorial ser financiado por el sector privado? ¿Podría generarse un conflicto de intereses si la empresa que financia estos instrumentos opera en ese mismo territorio y participa en su organización?
[1] Información vigente al 20 de marzo de 2026.
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