Archivan 2 procesos a líderes sociales por el caso Las Bambas, pero aún enfrentan riesgo por 3 procesos más

Una buena noticia para los 17 líderes criminalizados por protestar legítimamente contra la empresa MMG Las Bambas. En efecto, mediante Resolución No. 51, de fecha 31 de enero de 2025, notificada recientemente, la Sala penal de apelaciones – Sede central de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, confirmó el archivamiento del proceso penal por los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir (Expediente No. 41-2016) contra 17 líderes indígenas de comunidades que participaron de acciones de protesta contra la minera MMG Las Bambas en el año 2015.

Estos son dos de los cinco delitos por los que los defensores ambientales de Apurímac vienen siendo investigados luego de las protestas antes referidas.

Ya en fecha anterior, en primera instancia, el proceso por esas dos acusaciones había sido archivado, pero la defensa legal de la empresa MMG Las Bambas había apelado dicha resolución de archivo, la misma que ahora ha sido confirmada por la instancia superior.

Al respecto, cabe recordar que este proceso se inició, en forma arbitraria, porque a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a protestar en forma pública y pacífica, iniciaron una serie de acciones de protestas públicas. Estas medidas de protesta se dieron ante el desinterés del Estado peruano de atender sus demandas por afectación a derechos fundamentales, como su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, generada por la actuación de la empresa minera MMG (propietaria del mencionado proyecto minero).

Producto de esas legítimas protestas, los efectivos de la policía desplegaron una represión indiscriminada contra los integrantes de las comunidades indígenas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos líderes indígenas en sus intentos de desmovilizar a los campesinos que protestaban encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ y CooperAcción saludan esta resolución y resaltan que nuevamente se pone en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Alertas ante audiencia clave

Pese a que esta constituye una buena noticia dentro del largo proceso judicial que viven los líderes criminalizados, aún se espera una audiencia judicial clave el próximo 19 de marzo. Allí, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac deberá decidir sobre los otros tres delitos por los que son procesados estos líderes, pero a la vez, defensores ambientales criminalizados, que enfrentan la confirmación de posibles arbitrarias penas de entre 8 y 9 años de cárcel efectiva. Entre los líderes procesados se encuentran Virginia Pinares Ochoa, premio nacional de derechos humanos en el 2022; Rodolfo Abarca Quispe, expresidente del Frente de defensa de la provincia de Cotabambas; Lizbeth Abarca Peña, expresidenta del Barrio Huamcayo en Tambobamba; Ronald Andrés Bello Abarca, expresidente del Frente de defensa del distrito de Tambobamba; Juan Pablo Cconislla Gallegos, expresidente de la Federación de comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho; entre otros.

Frente a esta amenaza a los derechos civiles y políticos de los defensores ambientales, las organizaciones de Cotabambas y Apurímac, así como las organizaciones de derechos humanos del país, se vienen manifestando por justicia y libertad para los líderes criminalizados.