Corredor surandino: ampliación del estado de emergencia evidencia debilidad del Estado

El Gobierno ha ampliado por 30 días adicionales el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía. Esta prórroga, que entró en vigor el 4 de julio de 2024, fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 065-2024-PCM, firmado por Dina Boluarte y refrendado por el Consejo de Ministros.

El Corredor del Sur Andino -mal llamado corredor minero- es una de las vías más importantes dentro del país vinculadas a la minería. Esta ruta conecta tres departamentos: Apurímac, Cusco y Arequipa. En su trayecto se ubican proyectos mineros como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otros.

Como se sabe, un estado de emergencia restringe el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales, encargando el control del orden interno a la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que el corredor sur andino lleva meses en esta situación. El pasado 30 de enero de 2024, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2024-PCM, se declaró por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 5 de febrero de 2024, el estado de emergencia; disponiéndose que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El estado de emergencia ha sido prorrogado consecutivamente por los decretos supremos Nº 024-2024-PCM, Nº 036-2024-PCM y Nº 047-2024-PCM, y ahora es nuevamente ampliado por 30 días adicionales, lo que significa que la población que vive en estas zonas se encontrará con sus derechos restringidos por seis meses consecutivos.

Frente a ello, Henrry Vásquez, coordinador territorial de CooperAcción en Cotabambas, señala que «Es alarmante que el proyecto minero Las Bambas requiera de un Estado de Emergencia para poder operar. Esta situación evidencia la incapacidad del proyecto para mejorar las relaciones con los actores locales y responder a las demandas constantes de la provincia de Cotabambas, que no son atendidas por la empresa. La necesidad de un entorno de emergencia para funcionar refleja la falta de un enfoque sostenible y dialogante con las comunidades afectadas, lo cual es fundamental para el desarrollo a largo plazo y la paz social en la región».

Las múltiples prórrogas son una demostración de su poca eficacia para remediar la disconformidad popular en esta zona con fuerte presencia de actividad minera.

Cabe señalar que el estado de emergencia tiene, legalmente, un carácter excepcional. Según el artículo 137 de la Constitución debe ser usado solo en situaciones de «perturbación de la paz o el orden interno, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación». Es decir se aplica a casos muy graves de perturbación del orden interno. Esta excepcionalidad se explica porque un estado de emergencia acarrea la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. 

«Lo que viene pasando en el corredor vial del sur es que se viene declarando estado de emergencia de forma permanente y por años, con pequeñas interrupciones», explica Ana Leyva, especialista legal de CooperAcción. «A lo largo del corredor del sur, las personas viven con sus derechos limitados. Además, se está desnaturalizando esta institución jurídica pues se la está utilizando para controlar conflictos sociales. Creemos que en una democracia esto no debería ocurrir. Los conflictos sociales deben ser resueltos de otra manera, que permitan establecer una paz duradera», señala.