Honduras prohíbe la minería a cielo abierto
A un mes de haber asumido la presidencia de Honduras, el gobierno de Xiomara Castro ha declarado al país “libre de minería a cielo abierto” y ha anunciado que cancelará la aprobación de “permisos de explotación extractivista” porque “atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano”.
Además, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales señaló que procederá a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones», y que las áreas naturales de «alto valor ecológico» serán intervenidas de «forma inmediata», para asegurar «su conservación y beneficios comunes para el pueblo».
Honduras registra 540 concesiones mineras, según un informe de Oxfam, Fosdeh y la Universidad Nacional Autónoma. En 156 municipios de este país de Centroamérica existen concesiones mineras, y 54 de ellas se ubican en territorios indígenas o de comunidades afrodescendientes. Además, se registran 79 proyectos mineros en áreas protegidas o microcuencas declaradas, pese a que la Ley General de Minería establece que estas debían ser zonas de exclusión minera.
Pese a ello, el aporte promedio del sector minero no alcanza ni el 1% del PBI y emplea apenas al 0.23% de la población ocupada en el país, según señala el mismo informe.
No es la primera vez que un país de la región toma una decisión de este tipo. El 2010, el parlamento de Costa Rica aprobó una Ley para prohibir la minería a cielo abierto a fin de proteger el ambiente y el turismo. El 2017, el Congreso de El Salvador aprobó una Ley que prohíbe todas las actividades de minería metálica en el país. Otro antecedente importante es el Mandato Minero de Ecuador, emitido por la Asamblea Constituyente el 2008, que estableció una moratoria a las concesiones y dispuso la caducidad de todas aquellas entregadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua. Sin embargo, siete años después el gobierno de Rafael Correa dejó atrás esta política y reimpulsó las actividades mineras, abriendo las puertas a polémicas inversiones como las de Zamora Chinchipe, en el lado ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor.
“Por supuesto la situación en el Perú es distinta a los países mencionados, por la importancia que tiene una actividad como la minería en su economía”, consideró José de Echave, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción. “Sin embargo, una decisión como la que se ha tomado en Honduras abre una línea de reflexión clave en la medida que alude a principios de justicia climática, respeto y protección de los bienes naturales, más aun en un contexto en el que el planeta tiene que elegir entre profundizar el modelo extractivista o enfrentarse a un aumento de la temperatura global”, señaló. “El nuevo reporte del Panel de Cambio Climático así lo confirma y, al parecer, como dice Eduardo Gudynas, los gobiernos y la política siguen sin entender”, agregó De Echave.
01 de marzo del 2022
Compartir: