BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – octubre 2021)
- Cotabambas: comunidades llegan a acuerdos con PCM y suspenden protestas
Después de casi cinco horas de exposición de sus demandas ante la Premier Mirtha Vásquez, en una reunión realizada el 27 de octubre, las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau) de la región de Apurímac, decidieron levantar el paro indefinido que iniciaron el 18 de octubre en contra de la empresa minera Las Bambas, y que mantenían bloqueadas las vías del corredor minero del sur.
La reunión se desarrolló en el centro poblado de Pisaccasa, distrito de Mara. La presencia de la premier era una exigencia de las comunidades desde antes de iniciar las protestas. Este espacio de diálogo convocó a líderes, dirigentes y autoridades de Cotabambas y Grau, y también estuvieron presentes representantes de algunas carteras como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Energía y Minas además de los viceministerios de Transportes y de Economía.
Entre los principales acuerdos que se tomaron entre las partes, fue garantizar la visita del presidente de la República, Pedro Castillo a la zona. Asimismo, y se convocará al gerente de la empresa minera MMG Las Bambas para la próxima reunión que se desarrollaría el martes 09 de noviembre.
Otros Acuerdos
Un compromiso postergado por el Estado está vinculado al canon minero, por ello La premier se comprometió con las comunidades a iniciar el trabajo en conjunto para que desde la SUNAT y el MEF se empiece a transferir los fondos. Por su parte, el Viceministro de Economía, Alex Alonso Contreras Miranda, aseguró que el canon se pagaría desde enero de 2022.
Para enero del 2022, también empezaría la construcción del Hospital de Tambobamba, la misma que estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Por otro lado, la Premier se comprometió a emitir, en el corto plazo, una Resolución Suprema para relanzar la mesa de diálogo que incluya las mesas de trabajo de acuerdo a las exigencias de las comunidades. De la misma forma se avanzará una propuesta de cronograma de trabajo para los siguientes meses.
Las principales demandas de las comunidades son: indemnización de las víctimas del conflicto del 2015, una negociación justa por los predios y edificaciones que han sido afectadas por la construcción y la ampliación de la vía para el transporte minero.
Asimismo, exigen el asfaltado definitivo del corredor minero, pues denuncian que, hasta la fecha, continúan las afectaciones ambientales por el polvo que generan los más de 500 vehículos que transitan al día, transportando concentrado de minerales, insumos y otros residuos. Al respecto, también solicitan una auditoría internacional del EIA para determinar posibles impactos a las personas por los metales pesados y sus respectivas atenciones.
También exigen la firma de un convenio marco entre la empresa y la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, que permita promover proyectos estratégicos de desarrollo. En ese sentido, también incluyen en su pliego de reclamos la transparencia en la información en cuanto al inicio de pago de Canon minero. Además, demandan mayores oportunidades de trabajo, contratación de servicios de empresas locales, reevaluación de las áreas de influencia directas, ya que sin mayor información, varias comunidades y distritos han sido retirados.
Otro punto importante en sus demandas, es el cumplimiento del DS N° 005-2016-PCM, en el que se declara de interés nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. Además, se demanda la creación de una autoridad autónoma que tenga como funciones la planificación, organización y la fiscalización de los proyectos que se ejecutarán en la provincia. Respecto al Anexo K, que fue parte del proceso del contrato de opción el 2004, se exige una auditoría para ver su cumplimiento.
También se exige un decreto que permita regular el uso de estados de emergencia. Además se exige anular los convenios entre la empresa minera y la PNP, que en los últimos años ha provocado que existan heridos y fallecidos por impactos de bala en los conflictos sociales.
2.Afectados por metales tóxicos se reunieron con autoridades en Lima
Los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas se reunieron el 19 de octubre con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el viceministro de gestión ambiental del MINAM, Mario Castro. Luego pudieron intercambiar unas palabras con el ministro de economía Pedro Francke.
Entre los acuerdos, las autoridades se comprometieron a conformar el Comité de coordinación viceministerial para que se aceleren los informes y observaciones de los viceministerios. El MINAM quedó a cargo de liderar la entrega de ese informe. Se espera que para la quincena de noviembre se pueda tener el plan y un presupuesto aprobado.
Las organizaciones esperan la inmediata aprobación del Plan de Atención y consensuar la publicación e implementación con ejecución presupuestal de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, creada con Resolución Suprema N° 034-2020-PCM.
Estas reuniones se dieron el marco de la llegada este 18 de octubre de los integrantes de la Plataforma Nacional, articulados en organizaciones de diferentes partes del país, que llegaron a Lima para unificar una estrategia de exigencia de atención integral al gobierno del presidente Pedro Castillo.
Teniendo en cuenta el escenario político actual, las organizaciones consideran que es el momento propicio para dialogar con los titulares de las carteras ministeriales correspondientes para que aprueben el Plan Especial Multisectorial de Atención a afectados por metales tóxicos.
Los representantes llegaron desde Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Callao, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Huancavelica.
Cabe señalar que esos días, las y los afectados se reunieron para evaluar y reforzar su trabajo a nivel organizacional. Con esto buscan fortalecer su presencia a nivel nacional y garantizar la promoción de políticas en aquellas zonas donde las actividades extractivas, petroleras e industriales están afectando la salud de la población.
Finalmente, las y los voceros, que se reunieron por primera vez en modalidad presencial desde el inicio de la pandemia, y aprovecharon su estadía en Lima para organizar los preparativos de su I Congreso Nacional de Afectados/as por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas previsto para el año próximo.
3.Corredor Minero del Sur: Comunidades de Challhuahuacho realizaron paro preventivo de 24 horas
Desde la madrugada del 18 de octubre las comunidades de Challhuahuacho, uno de los 6 distritos de la provincia apurimeña de Cotabambas, iniciaron un paro preventivo de 24 horas, para exigir que la empresa minera MMG Las Bambas y el gobierno nacional cumplan sus compromisos.
La decisión de las organizaciones sociales de base estaba anunciada a través de un pronunciamiento del viernes 15 de octubre. Sin embargo, fue hasta el día 17 en que se oficializó el acuerdo, después de una reunión que tuvieron dirigentes comunales en el Instituto Tecnológico del distrito de Challhuahuacho.
Las principales exigencias de las comunidades son que se presente un balance de los acuerdos y avances de la Mesa de Diálogo instalada a consecuencia de las protestas del año pasado; que el nuevo ministro de Energía y Minas asuma un verdadero compromiso y liderazgo por atender sus demandas; y finalmente, que se cumpla el Decreto Supremo 005-2016-PCM, firmado por Ollanta Humala, el cual declara prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho.
Es necesario señalar que el último 13 de octubre, organizaciones sociales de base, comunidades y municipios de los cinco distritos de Cotabambas conformaron el Comité de Lucha Provincial, quienes dieron un ultimátum al presidente Pedro Castillo y a la premier Mirtha Vásquez. En este demandaron que ambas autoridades visiten sus territorios, para que reciban y atiendan los reclamos comunales. La decisión de Challhuahuacho se explica en buena medida porque el estado tiene compromisos concretos con este distrito.
4.SUNAFIL multa a Shougang por muerte de trabajadores por COVID-19
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) detectó que la empresa minera Shougang Hierro, que opera en el distrito iqueño de Marcona, no adoptó medidas preventivas y de protección suficientes frente a la pandemia del COVID-19. Esta omisión de la compañía provocó que, en lo que va del año, 9 trabajadores fallezcan, mientras que la cifra en el 2020 asciende a 24.
Según el Acta de Infracción N° 178-2021, Shougang no tomó las medidas para evitar que 3 de sus trabajadores fallecieran tras contagiarse de COVID-19 dentro de las instalaciones del campamento minero.
Cabe señalar que no es la primera vez que SUNAFIL interviene a la empresa en mención. El 28 de mayo, el Acta de Infracción N° 068-2021 concluyó que otros 4 trabajadores también fallecieron por contagio producido al interior de la empresa.
Según el marco legal, que la empresa no haya tomado en cuenta el protocolo de seguridad constituye una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, calificadas como muy graves y sancionables con multas. En los casos señalados líneas arriba, las multas propuestas ascienden a los S/ 11,572 y S/ 18,840 soles respectivamente.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) ha impulsado una serie de acciones de protesta e incidencia en contra de la empresa minera. Participaron de una reunión con la congresista Isabel Cortez, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso. En esta reunión pidieron que representantes de SUNAFIL se hagan presente en Marcona para verificar que los trabajadores están cumpliendo con jornadas de trabajo extenuantes.
Al cierre de edición de esta nota, Miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso llegaron hasta las instalaciones de la garita de control de San Nicolás, para recoger los reclamos de los trabajadores mineros, quienes organizaron una protesta espontanea en contra de la empresa minera, denunciando que los hacen trabajar hasta 90 días sin descanso, internados y sin derecho a ir a sus casas.
5.Espinar: se realizó mesa del dialogo que ve los temas de contaminación por metales
El día 12 de octubre se realizó la reunión del sub grupo N° 02 de la mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de la provincia cusqueña de Espinar, presidida por el alcalde Lolo Arenas Armendáriz, que busca atender la problemática de la contaminación por metales de la provincia.
El alcalde Arenas, en compañía de su equipo técnico, instaló la reunión del sub grupo N ° 02 “Salud y Metales Pesados, Contaminación Ambientales y Proyectos de Inversión en Saneamiento”, en horas de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar, donde se abordó algunos de los temas álgidos de la provincia.
En esta mesa se contó con la participación de diferentes representantes de los Ministerios de: Energía y Minas, Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud y los funcionarios de Geresa Cusco, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Programa Nacional de Inversiones de Salud, Programa Nacional de Saneamiento del Agua, Autoridad Nacional del Agua y con asistencia de algunos representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Espinar.
Dicha reunión de trabajo del sub grupo N ° 02 de la Mesa de Diálogo concluyó con los siguientes compromisos: El gobierno local de Espinar mediante la oficina de procuraduría, debe presentar un escrito solicitando la reformulación del plan de acción de salud, de la misma forma realizando las coordinaciones del caso con el Gobierno Regional de Cusco, para el oportuno financiamiento del plan mencionado. Cabe señalar también que la municipalidad de Espinar deberá iniciar la gestión para la licencia de uso de recursos hídricos del río Sañumayo y continuar con el saneamiento físico legal de los terrenos que requieren el proyecto. Finalmente por unanimidad todos los participantes acreditados en la Mesa de Dialogo acordaron llevar la próxima reunión el 04 de noviembre del 2021.
Por otro lado, las organizaciones sociales representativas como la FUDIE, FUCAE, SUCME, AUPE y otras, no fueron convocadas y actualmente se está generando un descontento en algunos sectores de la población. Esto debido a que, según señalan los dirigentes, estas reuniones deberían ser convocadas por la PCM y MINEM, y no por el alcalde provincial.
En esa línea, el actual presidente del FUDIE (Frente único de defensa de los intereses de Espinar), Yuber Choquecota, denunció que el alcalde Arenas está reconociendo a una dirección paralela del mencionado frente.
6.Corredor minero del sur: Comunidades de Espinar aceptan iniciar diálogo con empresa minera Antapaccay
El 06 de octubre, once comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, iniciaron una protesta en contra de la empresa minera Glencore Antapaccay. Sin embargo, para la tarde del 07 de octubre, decidieron suspender su medida de lucha, pues aceptaron iniciar un proceso de diálogo con la compañía en mención, para tomar acuerdos que respondan a sus demandas.
En los siguientes días, funcionarios de la empresa y dirigentes comunales decidirán cuál será el cronograma de reuniones, teniendo en cuenta, que el ahora ex Premier, Guido Bellido, designó, antes de su renuncia, un nuevo interlocutor con el gobierno.
Sin embargo, es necesario señalar que los comuneros del sector Ccoccareta de la comunidad de Huancané Bajo decidieron continuar con la protesta, pues afirman que ya no creen que la empresa cumpla con los acuerdos o compromisos que se pacten.
Una de las principales demandas de las comunidades es que se cumpla con implementar un proceso real de Consulta Previa sobre el proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco.
Además, exigen que se cumpla con implementar el Fondo de Emergencia Social, así como que se implemente el Plan de Reparaciones por los daños causados por las operaciones mineras en sus territorios y recursos naturales.
Por otro lado, también solicitan que se implemente un programa de reactivación económica en beneficio de las comunidades. Igualmente que se cree el Canon Comunal o que las ganancias sean invertidas directamente en las comunidades en donde impactará el proyecto minero en mención.
7.Gobierno, minera Las Bambas y representantes de Chumbivilcas llegaron a nuevos acuerdos
El ex ministro de Energía y Minas Iván Merino, anunció el pasado 7 de octubre que el Ejecutivo, la minera MMG Las Bambas y los representantes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, alcanzaron un nuevo acuerdo para continuar con el diálogo sin el bloqueo de vías que utiliza la empresa para el transporte de los minerales.
Según el acta firmada por las partes, la empresa se compromete a incluir a la población en las tareas de transporte de concentrado, mantenimiento vial, cisternas para regado de vía, transporte de personas, línea amarilla y otros servicios, como había sido materia de sus demandas las últimas semanas.
Como se recuerda, las comunidades campesinas de Chumbivilcas habían bloqueado un camino de tierra que cruza la provincia, vital para transportar el cobre producido en Las Bambas como medidas de protesta frente a lo que consideraron una falta de concreción de los acuerdos previos y atención de sus demandas.
El acuerdo también incluyó el desbloqueo de vías que conectan Las Bambas, en Apurímac, al tiempo que se integran los cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales.
La reunión, que se desarrolló en el distrito de San Borja, contó con la presencia de los entonces ministros de Energía y Minas, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones, y de la PCM. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD.
GORE Apurímac cuestionó acuerdos de Chumbivilcas
Este hecho, ha llamado la atención de las autoridades apurimeñas, cuyo pronunciamiento difundido en sus redes sociales institucionales, inició con la precisión de que la empresa minera en mención opera en territorios de Apurímac y no en Cusco.
En el pronunciamiento, suscrito por Baltazar Lantarón Núñez, actual Gobernador Regional de Apurímac, señalan textualmente que ‘el pueblo apurimeño expresa su extrañeza, ya que existiendo compromisos contractuales y temas pendientes de resolución por parte de la empresa minera Las Bambas, se haya priorizada la atención de demandas de la provincia de Chumbivilcas, sin haber establecido mecanismos de solución efectivos y consensuados con las comunidades campesinas y la población de la provincia de Cotabambas
En un tercer apartado, en el documento señalan que un hecho pendiente es la incorporación de la provincia de Grau como área de influencia del Proyecto Minero Las Bambas. Además, cuestionan que hasta la fecha la problemática por afectaciones ambientales provocadas por la masiva presencia de vehículos que hacen uso del corredor minero del sur.
8. Puno: alertan presencia de concesiones mineras de litio y uranio en el glaciar de Quelccaya
Según un reciente informe de la organización Derechos humanos y medio ambiente (DUHMA) y de acuerdo a la revisión de los mapas de Google Earth y el sistema de web del Ingemmet, 167 cuadrículas de concesiones mineras de Macusani Yellowcake se sitúan alrededor y sobre el nevado Quelccaya, ubicada en Cusco.
Por ejemplo, la concesión minera con código N° 010148007, con el nombre COLIBRI XXXIX, de 900 hectáreas, de la titularidad de Globald Gold, hoy Macusani Yellowcake, se encuentra sobrepuesta en el centro de el nevado en mención.
Quelccaya es el glaciar tropical más grande del mundo, se ubica al sureste del Perú, a más de 5600 msnm y se asienta en la cordillera Vilcanota. Tiene una longitud que supera los 17 km, una superficie de 44 km² y una capa de hielo de 200 m de espesor. Desde 1974 es considerado como un “termómetro” mundial, que mide las consecuencias del calentamiento global, que está a cargo del científico Lonnie Thompson, investigador principal del Centro de Investigación Polar y Climática Byrd del Estado de Ohio, Estados Unidos.
Las aguas de Quelccaya contribuyen a la formación de ríos, lagunas, riachuelos; abasteciendo de agua dulce a los pobladores que habitan alrededor de la nevada y a toda la biodiversidad de la zona. Asimismo, es fuente de recurso hídrico del río Vilcanota, el cual provee más del 50% del agua potable para la región cusqueña, y como fuente de energía hidroeléctrica para Puno, Cusco y Apurímac en épocas de estiaje. También es fuente de agua del río Amazonas.
La empresa minera Macusani Yellowcake tiene bajo su control un total de 151 concesiones mineras, entre los proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio), equivalente a 93,000 hectáreas de concesión, ubicado en la provincia de Carabaya (distritos de Corani y Macusani), en el departamento de Puno, según publicaciones constantes en los medios virtuales.
La compañía Macusani Yellowcake
Macusani Yellowcake es empresa minera en el Perú, subsidiaria de Plateau Energy Metals, compañía minera canadiense, propiedad de American Lithium, de Canadá.
En la actualidad, American Lithium tienen el control de los proyectos de Falchani (litio) y Macusani (uranio) de la empresa Macusani Yellowcake en Perú; también es propietaria en EE.UU. del depósito de litio del proyecto Tonopah Lithium Claims (TLC), que se encuentra muy cerca de la gigafábrica de Tesla en el estado de Nevada.
9. Defensores del medio ambiente denuncian violencia extrema en sus regiones
Defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente de diversas regiones del Perú se movilizaron en los últimos días de octubre a la ciudad de Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario.
Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.
Durante el 2020, en plena pandemia, seis defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness.
Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020. El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.
Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.
En ese contexto, este 26 de octubre tuvieron una primera reunión en la que se dieron encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima.
En esta reunión discutieron la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.
Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»
Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por el cambio climático.
Por ello, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.
Compartir: