PPK y La Oroya: Ampliaciones actuales y del pasado reciente

(Foto: Perú21)

La visita del presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski a La Oroya sigue levantando revuelo y es un buen motivo para recordar la historia reciente del complejo metalúrgico, precisamente para evitar que se cometan los mismos errores del pasado.

En primer lugar no hay que olvidar que Doe Run fue la única empresa del sector que incumplió con su programa de inversiones ambientales (PAMA) y que el 20 de diciembre de 2005 formalizó una solicitud de prórroga excepcional. La solicitud de la empresa norteamericana se respaldó en el Decreto Supremo 046-2004-EM, aprobado el 29 de diciembre de 2004 y en el que el Estado peruano aceptaba la posibilidad de prorrogar uno o más proyectos de un PAMA “por circunstancias especiales”.

Para varios observadores este decreto tenía nombre propio ya que el principal beneficiario era Doe Run en la medida que era la única empresa que no había cumplido con su programa ambiental en el sector minero metalúrgico.

El 29 de mayo de 2006, el entonces ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez Mejía, mediante Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM, aprobó la prórroga y le otorgó un nuevo plazo hasta el 31 de octubre de 2009.

¿Quién era en ese momento Presidente del Consejo de Ministros? Nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, que se desempeñaba en ese cargo en el último tramo del gobierno de Toledo. El entonces Presidente del Consejo de Ministros fue determinante para que finalmente se le otorgue la prórroga a la empresa norteamericana. 

Pese al trato excepcional, Doe Run volvió a incumplir con los plazos de la prórroga y no tuvo mejor idea que solicitar una nueva ampliación. En esa ocasión, las autoridades del gobierno aprista y del Congreso de entonces cedieron nuevamente a las presiones de la empresa: el presidente Alan García anunció la conformación de una comisión multisectorial integrada por representantes de los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Gobierno Regional de Junín y los trabajadores de Doe Run. Esta comisión, después de unas semanas de trabajo, acordó otorgarle una nueva prórroga de veinte meses que fue refrendada rápidamente por la Ley 29410, aprobada por el Congreso el 25 de septiembre de 2009.

Pese a que la ley señalaba que los plazos eran “máximos e improrrogables”, Doe Run nuevamente incumplió los plazos y durante el primer trimestre de 2012, en el gobierno del presidente Humala y con el nuevo Congreso, buscó una tercera prórroga.

Como en esta ocasión la estrategia no le resultó, el grupo Renco, dueño mayoritario de Doe Run, optó por un camino alternativo: el inicio de un proceso de arbitraje en contra del Estado peruano al amparo del capítulo de protección a las inversiones del TLC firmado con los Estados Unidos, exigiendo una indemnización de US$800 millones.

Por ello, la propuesta de Kuczynski que apunta a modificar la ley concursal, para así lograr un plazo mayor para el proceso de liquidación y concretar la transferencia a algún inversionista, es tremendamente riesgosa que podría ser utilizada en el proceso de arbitraje en contra del Estado.

La Oroya exige un abordaje integral y una salida muy bien pensada que tome en cuenta la historia reciente, pero sobre todo los quince años de presencia de una empresa como Doe Run -que desplegó las peores prácticas de una empresa inversionista- y la larga lista de desaciertos de parte de las autoridades peruanas.  El presidente electo Kuczynski es parte de esa historia y no debería repetirla.

11 de Julio de 2017