PRONUNCIAMIENTO: Perú debe fortalecer las iniciativas de transparencia ambiental en la explotación de los recursos naturales

Ante la campaña de desinformación contra el Acuerdo de Escazú, la cual busca desprestigiar al primer acuerdo latinoamericano en pro de la información, participación, justicia y protección de las personas defensoras del ambiente, las organizaciones de sociedad civil miembros y participantes de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI en el Perú, abajo firmantes, nos pronunciamos a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú y manifestamos lo siguiente:

1. Nuestras organizaciones vienen participando activamente de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional presente en 51 países, que reúne a gobiernos, empresas y sociedad civil, con el propósito de publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.
2. Teniendo en cuenta el contexto de reactivación económica que impulsará el gobierno peruano, las iniciativas de transparencia en industrias extractivas, como el EITI y el Acuerdo de Escazú, representan para nuestro país una oportunidad para transparentar de manera efectiva los procesos de generación de renta, gestión ambiental y participación ciudadana, permitiendo que las poblaciones locales conozcan el uso de recursos del canon minero, petrolero y gasífero y, de esa manera, promover un diálogo entre Estado, comunidades y empresas para una mejor gobernanza que contribuya a reducir los conflictos socioambientales y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales.
3. Es así que el Perú lleva participando más de 14 años en esta Iniciativa, con logros importantes que lo han posicionado como un país referente en la iniciativa. Reconociendo estos avances, la evaluación de desempeño ambiental Perú 2016 realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su recomendación numero 66 invitó a Perú a profundizar los temas ambientales en la iniciativa EITI. De manera expresa, la OCDE ha señalado en su informe “Estudios de la OCDE sobre políticas de Conducta Empresarial Responsable” del 2020, que nuestro país debería ratificar el Acuerdo de Escazú como una forma de fortalecer su democracia y su compromiso con una economía sostenible.
4. Es precisamente reconociendo los beneficios de hacer pública la información sobre el desempeño ambiental de las empresas extractivas, y las demandas de los distintos grupos de sociedad civil que participan en la Iniciativa, se incluyó en el nuevo estándar EITI 2019 la obligación de transparentar los pagos ambientales que hacen las empresas y se invitó a divulgar la información ambiental. Si bien las Comisiones EITI pueden divulgar esta información de manera progresiva, al estar incluido en el Estándar EITI, divulgar esta información es algo que todos los países pertenecientes han aceptado y deben cumplir. La ratificación del Acuerdo de Escazú sumaría a reafirmar este compromiso.
5. Tanto el Acuerdo de Escazú, como el EITI se alinean con las políticas y compromisos ya adoptados por el Perú en materia de transparencia, pues solo un Estado abierto, que se acerque al ciudadano y que rinda cuentas sobre sus decisiones, permite construir sociedades democráticas, lo que en materia ambiental reviste una importancia significativa, debido al valor estratégico que nuestro patrimonio natural representa para el desarrollo del país.
6. El Acuerdo de Escazú promueve derechos fundamentales como el acceso a la información sobre los impactos y proyectos de inversión, efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de las comunidades locales sobre la explotación de recursos en sus territorios, acceso a la justicia en asuntos ambientales, reconociendo mecanismos interculturales ante la actual realidad de persecuciones que afrontan muchos líderes indígenas y es el primer instrumento jurídico internacional que establece un marco de mayor protección hacia la labor que hacen los pueblos indígenas antes agentes externos, contribuyendo a la lucha contra las actividades ilegales.

En ese sentido, el Acuerdo suma a un mejor diálogo nacional sobre cómo se planifican y se extraen los recursos de todos los peruanos, incorporando los diversos actores que participan en estos procesos. Algo que es más que positivo y se complementa con las iniciativas de las cuales el Perú ya forma parte.

Por lo expuesto, nos sumamos a los organizaciones indígenas y organizaciones sociales y exhortamos al Poder Ejecutivo a que reafirme su compromiso con las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas como el EITI, el Gobierno Abierto y el Acuerdo de Escazú y que prevalezcan sobre los intereses económicos y políticos. Asimismo, instamos al Congreso de la República a que emita un dictamen favorable para la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Lima, 11 de agosto de 2020

Firmantes

 

1. Vanessa Cueto La Rosa, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR),

Representante de sociedad civil de la Comisión Nacional EITI Perú.

2. Ana Sabogal, Pontificia Universidad Católica del Perú

Representante de sociedad civil de la Comisión Nacional EITI Perú.

3. César Flores, CooperAcción

Representante de sociedad civil de la Comisión Nacional EITI Perú.

4. Epifanio Baca, Grupo Propuesta Ciudadana
5. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT)

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Loreto

6. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Piura

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Piura

7. Luis Lozada, INTELTA – Cutivalú Piura – Radio Cutivalú

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Piura.

8. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur – DESCOSUR

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Arequipa

9. Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo- Ilo

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Moquegua.

10. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Apurímac

Representante de sociedad civil de la Comisión Regional EITI Apurímac