El caso de la minería ilegal en el Perú

(Foto: Semana Económica)

Antecedentes

La evolución y el dinamismo de la economía peruana alcanzados durante casi una década (2003-2012), han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilegales: narcotráfico, tala y minería ilegal, son algunas de las actividades abiertamente ilícitas que se han expandido en diferentes zonas del país y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado.

El caso de la minería es bastante especial en la medida que en el Perú esta actividad juega un rol gravitante: actualmente representa algo más del 12% del PIB, al mismo tiempo que contribuye con alrededor del 60% de las exportaciones peruanas y da cuenta del 21% del stock de Inversión Extranjera Directa.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el Perú se ubica en lugares expectantes en el ranking mundial de producción minera.

Además, el Perú es un buen ejemplo de las tendencias globales de expansión minera ocurrida en las dos últimas décadas. Son casi veinte años de crecimiento continuo de la minería: en 1993, con la entrada en producción de la Minera Yanacocha -que se convirtió rápidamente en la principal mina de oro de América Latina-, se inició formalmente una etapa de expansión productiva y de inversiones a lo largo y ancho del territorio peruano. Es importante subrayar que hasta antes de la entrada en producción de la mina Yanacocha, la mayor parte del oro era producido de manera informal en el Perú, precisamente en el estrato que las estadísticas oficiales denominaban “aluvial y lavaderos”.

Por otro lado, al lado de la dimensión productiva, los flujos de inversión que se mueven en torno a la minería y el creciente comercio internacional, hay una dimensión territorial que es importante tomar en cuenta para entender lo ocurrido en las últimas décadas. La minería creció territorialmente1 y cada vez más, diversos ecosistemas aparecieron presionados por esta actividad.

Una serie de factores externos e internos estuvieron a la base de este proceso de expansión: necesidades de incremento de reservas de minerales a nivel global; demanda creciente del Asia y otras zonas emergentes, lo que provocó el aumento de las cotizaciones de los principales metales; mercados financieros dispuestos a respaldar grandes inversiones; reformas estructurales en los países productores que, como en el caso del Perú, buscaron generar condiciones atractivas para los inversionistas; son entre otros algunos de los factores que jugaron a favor del nuevo ciclo expansivo.

Lo cierto es que la minería comenzó a crecer a tasas importantes y en este contexto de expansión, el peso de esta actividad en la economía peruana comenzó a ser cada vez más gravitante.

Ahora bien, cuando se habla del boom de la minería en el Perú se suele referir sobre todo a la expansión de la gran minería. Sin embargo, lo ocurrido en las dos últimas décadas muestra que la expansión de esta actividad se dio en los diferentes estratos en los que se clasifica la producción minera: gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Cabe señalar, que desde el año 2002 se introdujo en la legislación peruana el estrato de la minería artesanal.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el caso peruano los diferentes estratos se definen de acuerdo a la extensión de la concesión y la capacidad productiva diaria.

El boom de la minería formal en el Perú, grande y mediana, ha sido largamente documentado en diversas investigaciones y ensayos; sin embargo, lo ocurrido con la pequeña minería informal y en gran medida ilegal, tiene un menor desarrollo no habiendo recibido el mismo tratamiento. Por lo tanto, se sigue necesitando un mayor abordaje para conocer su verdadera relevancia económica, social, su evolución, los impactos que genera y las fronteras poco definidas que todavía persisten entre legalidad, informalidad e ilegalidad.

El otro rostro de la expansión minera

Así como la minería formal se expandió geográficamente en las dos últimas décadas, el estrato de la minería artesanal, la informal y la abiertamente ilegal, fue cobrando importancia; sobre todo la minería aurífera, que fue ocupando territorios en varias regiones del Perú. A inicios del siglo XXI ya se identificaban claramente cuatros zonas principales en el país con presencia de minería informal: Madre de Dios, Puno, La Libertad y la zona del Sur Medio (que abarcan las provincias de Palpa y Nazca en Ica, Caravelí y Chala en Arequipa y Lucanas en Ayacucho).

Lo cierto es que en medio del boom minero y el aumento sostenido del precio internacional de los metales, las zonas con presencia de minería en pequeña escala, informal e ilegal, también aumentaron notoriamente. A las cuatro zonas ya mencionadas, en los últimos años se constata que hay actividad minera informal e ilegal, en 21 de las 25 regiones en el país.

Por características geológicas y por los propios pisos ecológicos que se presentan en el Perú, se desarrolla este tipo de minería, tanto en yacimientos de llanura aluvial, sobre todo en zonas de Amazonia baja (como Madre de Dios, una parte de Puno, Loreto, etc.); así como en yacimientos filoneanos o de vetas diseminadas, sobre todo en zonas de los Andes y de Costa.

Por otro lado, hasta hace unos años, el estrato de la gran y mediana minería no compartía territorios con la pequeña minería y la minería informal e ilegal. Por lo general, la pequeña minería se implantaba en zonas que no eran atractivas para las grandes empresas mineras y no competía directamente por los mismos yacimientos. Sin embargo, esta situación fue cambiando, sobre todo a partir del período de bonanza minera y del incremento de los precios de los metales. En la actualidad ya se identifican zonas de convivencia con la gran minería, como ocurre en regiones como Apurímac, Cusco, La Libertad, etc. En muchas de estas zonas, la fiebre del oro ha provocado que comunidades enteras se vuelquen a la extracción de este mineral en zonas próximas a operaciones y en concesiones de empresas de la gran y mediana minería formal. En algunos de estos casos la convivencia termina generando competencia y disputa abierta por el acceso a las concesiones.

Se  reconoce  que  tres  factores  principales  explican  el  crecimiento  de este  tipo  de minería²:

• El alza sostenida del precio internacional del oro que hizo cada vez más atractiva y rentable esta actividad pese a las abiertas condiciones de riesgo que genera operar en la ilegalidad.
• La falta de empleo adecuado, tantos en zonas rurales como urbanas, lo que provoca que sectores de pobladores opten por una actividad que les genera ingresos importantes.
• Una preocupante debilidad institucional del Estado peruano en sus diferentes instancias, nacionales y subnacionales, que se traduce en una muy limitada capacidad de control y fiscalización en los territorios.

A estos tres factores, se pueden agregar otros, como la histórica e influyente presencia de la minería en varias regiones en el país, que ha provocado una suerte de especialización productiva de trabajadores que en varias zonas del país por momentos desempeñan sus labores en la minería formal, como también en la de pequeña escala, informal e ilegal. Esta suerte de “conocimiento minero” y especialización productiva, se constata en varias zonas de implantación de mineros informales e ilegales y también en sus propias organizaciones representativas: muchos dirigentes de los mineros informales provienen de experiencias sindicales de la minería formal.

Es así que en este contexto de expansión, se hicieron cada vez más visibles diferentes conflictos en zonas de presencia de minería informal e ilegal. Cabe señalar que en el Perú, el boom minero ha estado acompañado de un aumento importante de la conflictividad social: según los informes regulares que emite la Defensoría del Pueblo, alrededor de la mitad de los conflictos sociales que se producen en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y dentro de ellos, la gran mayoría (64%) son conflictos mineros.

En el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú³ se registraron varios casos de conflictos vinculados a la minería ilegal, tanto de poblaciones que se oponen a esta actividad como de los que están a favor y cuestionan las políticas que buscan erradicarla. Podemos citar algunos casos de conflictos: la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional a varios campamentos de mineros informales en la provincia de Cajabamba en la región Cajamarca; enfrentamientos entre mineros y agricultores en las provincias Ayabaca  en Piura; el pueblo indígena Awajun y Wampis, que denuncia la proliferación de mineros y taladores ilegales en sus territorios en la región Amazonas; los ganaderos de Cojata en Puno que demandan la suspensión de las actividades de la minería, etc. Del lado opuesto, también se pueden señalar las movilizaciones de los propios mineros informales de varias zonas del país, como Madre de Dios, Arequipa Ica y Puno, que se oponen a las políticas de formalización y erradicación dictadas por el gobierno central.

En un país en donde el centro de la conflictividad social ha estado en actividades extractivas como la minería, la presencia creciente de la minería informal e ilegal ha sido un ingrediente adicional de tensión social, debate y polarización que no puede ser dejado de lado en los análisis.

Minería: entre lo informal y lo ilegal

Como ha sido mencionado, hasta antes de 1993, la mayor parte de la producción aurífera provenía de las actividades informales o lo que en las estadísticas oficiales se denominaba producción “aluvial y de lavaderos”. Con la entrada en producción de grandes yacimientos auríferos como Yanacocha (Cajamarca), Pierina (Ancash),  Ares (Arequipa) Santa Rosa (La Libertad), la participación porcentual de la minería informal fue cayendo, lo que no quiere decir que la producción de este estrato no haya seguido creciendo en varias zonas del país.

El año 2002, con la aprobación de la Ley 27651 de Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, se reconoció en la clasificación oficial a este estrato, se definió  sus características y se establecieron los procedimientos de formalización, aunque sin señalar metas específicas y menos aún sin destinar los recursos que permitiesen llevar adelante el proceso.

Sin embargo, es importante subrayar que el nuevo marco legal coincidió con el inicio del boom minero y el súper ciclo de los precios de los metales, lo que provocó a su vez el crecimiento exponencial de este tipo de minería. En regiones amazónicas como Madre de Dios, la expansión de la minería informal también se puede medir en hectáreas deforestadas: las cifras del propio Ministerio del Ambiente muestran que de 6,254 hectáreas deforestadas por la minería el año 2000, se pasó el año 2011 a 32,750 hectáreas y más de 50 mil en la actualidad.

De las zonas ya mencionadas con presencia de minería informal, la de Madre de Dios es sin duda uno de los casos emblemáticos, por tratarse de una región amazónica que además está considerada como una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta: La Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional del Manu, junto al  Parque Nacional  Bahuaja  Sonene, forman parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboro.

Los impactos de décadas de actividad minera aurífera en Madre de Dios han sido devastadores. Es en este contexto que el gobierno peruano publicó el 18 de febrero de 2010, el Decreto de Urgencia N°012-2010 que declaró de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios. En este decreto se utilizó por primera vez el concepto de minería ilegal, aunque sin distinguirlo claramente del de la minería informal: tanto en los considerandos del decreto mencionado como en los artículos, se habló indistintamente de minería aurífera informal o ilegal: por ejemplo en el artículo 2, numeral 5, se menciona como una de las acciones la “Recuperación de las zonas degradadas por la minería aurífera informal o ilegal”.

Como señala Torres (2015): “Desde entonces, las sucesivas normas que han buscado regular/erradicar esta actividad han ido afinando el concepto de “minería aurífera ilegal”, vinculándolo cada vez más con los efectos nocivos en el ecosistema y en la vida de las personas”(4).

Por otro lado, también es importante señalar que el mismo Decreto de Urgencia N°012-2010, se refirió a zonas de exclusión minera aurífera: “Declárese como las zonas de exclusión minera en el departamento de Madre de Dios, las áreas en las que no se otorgará concesiones mineras ni se ejecutará actividades de exploración, explotación y/o beneficio. El objetivo de las zonas de exclusión minera aurífera en el departamento de Madre de Dios y de utilizar el término de ilegalidad, era priorizar sobre todo la conservación de los bosques primarios, de las concesiones forestales maderables y no maderables, de las concesiones para ecoturismo, de las concesiones de reforestación, de las concesiones para conservación, de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento”.

La lucha contra la minería informal ilegal de las autoridades peruanas se concentró principalmente en Madre de Dios. A partir del año 2011, el gobierno del Presidente Humala buscó profundizar los planes de intervención y erradicación para controlar “las actividades ilegales que afectan el patrimonio natural de Madre de Dios y recuperar las áreas degradadas por la minería informal”(5).

En este proceso, las normas que respaldaban la estrategia de intervención fueron precisando el concepto de minería ilegal. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2012, se publica el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especifica que el delito de minería ilegal “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”.

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, se precisa los supuestos en los que se comete este delito:

• En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
• En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indigenas.
• Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.
• Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.
• Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.
• Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público.
• Si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que “estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”, y en su Artículo 2, define claramente que: “toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”. En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza “en zonas no prohibidas”. Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

Aproximaciones a las cifras de la minería ilegal

Por la presencia de productores mineros dispersos en 21 regiones del país, por tratarse precisamente de una actividad informal o abiertamente ilegal según sea el caso, pero además porque en muchas zonas se presenta como trabajo estacional, las estimaciones de la producción y de los productores mineros en el Perú son todavía bastante gruesas.

Las cifras de mineros informales e ilegales que se manejan van en un rango de 100 mil a 500 mil personas. Por otro lado, el único dato oficial que se maneja -y que sin duda está por debajo de la realidad- es el de los 77,723 mineros que expresaron formalmente la intención de acogerse al proceso de formalización que el gobierno peruano inició el año 2012.

En cuanto a los estimados de producción, Víctor Torres (2015) remarca algunos aspectos claves que deben ser considerados para entender la real dimensión de esta actividad. Por ejemplo, hasta el año 2002 el volumen de oro exportado guardaba estrecha correspondencia con el volumen producido, sin embargo, desde el año 2003, cuando precisamente se inicia el súper ciclo de precios y la cotización del oro comenzó a aumentar de manera sostenida, las estadísticas oficiales muestran que el volumen de oro producido se fue distanciando del volumen exportado (ver gráfico).

Todo indica que “conforme la producción de oro se hizo más rentable, la producción ilegal e informal de este metal se volvió más intensiva. En este contexto, el exceso de volumen exportado con respecto al volumen oficial de producción registrado, constituye una buena variable proxy para estimar la amplitud de la producción de la minería ilegal…”(6).

Según los cálculos de Torres, de cada 100 toneladas de oro que se produjo en el Perú en el período 2003-2014, poco más de 19 toneladas provino de la minería ilegal o informal: “es más, durante 2010-2013, la producción ilegal o informal representó -en promedio- poco más de la cuarta parte de la producción total de oro de esos años” (ver gráfico) y que “el valor total de la producción ilegal o informal de oro en el Perú, registrada y no registrada, ascendió a US$15,777 millones durante 2003-2014; monto que en promedio representó US$ 1,315 millones al año”(7).

Estas cifras alcanzadas por la actividad mineral ilegal o informal, coinciden con las proyecciones hechas por algunos estudios que señalan que entre el 2010 y 2011, las exportaciones ilegales de oro superaron a las del narcotráfico(8).

La influencia de la minería ilegal

En este contexto de crecimiento de la minería ilegal, incremento de las cotizaciones de metales a niveles pocas veces visto, la presencia e influencia de mineros dedicados a esta actividad fue en aumento, tanto en los territorios de implantación así como en algunos espacios de carácter nacional.

La gran rentabilidad de la explotación del oro provocó procesos de acumulación nunca antes vistos en el sector de la pequeña minería, minería artesanal y la ilegal(9)  y los procesos productivos comenzaron a incorporar maquinaria pesada lo que provocó el incremento en el volumen de extracción de oro, al mismo tiempo que los impactos ambientales y sociales se multiplicaban. Además, en varias de las regiones -es el caso de Madre de Dios-, la minería informal e ilegal se convirtió en la principal actividad económica local(10) y las organizaciones y personajes vinculados a este sector comenzaron a jugar un rol de mayor influencia social y política.

Se pueden identificar varias estrategias seguidas por los productores mineros: la organizativa, la de alianzas y la incidencia política, entre las principales.

Por ejemplo, en materia organizativa los mineros fueron agrupándose en asociaciones y federaciones, tanto  a nivel de las regiones como a  escala nacional: el número de asociaciones fue creciendo, lo mismo que los afiliados. Entre las federaciones más importantes se puede  citar a la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Conami); la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe); la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe); el Consejo Nacional de Mineros del Perú  y entre las territoriales a la influyente y poderosa Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).

El abanico de organizaciones existentes expresa por un lado, las dificultades de articular una agenda común y al mismo tiempo es una clara muestra de realidades y estrategias distintas por regiones: por ejemplo, la Fenamarpe agrupa principalmente a productores de la zona del sur medio (Arequipa, Ica, Ayacucho), que explotan oro en vetas diseminadas en socavones y que se han caracterizado por una marcada oposición a las políticas de formalización implementadas por el gobierno peruano. Por otro lado, la Sonamipe representa a agrupaciones de mineros de 12 regiones a nivel nacional, que según la propia organización “están formalizados y en proceso de formalización, que pagan sus impuestos y cumplen con las exigencias ambientales y generan ingentes puestos de trabajo”, que han participado en la formulación y promulgación de la Ley N°27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería Artesanal11. Como se puede apreciar, la Sonamipe desarrolla una estrategia de menor confrontación que organizaciones como la Fenamarpe y la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).

Otra estrategia desarrollada ha sido la de alianzas. Los mineros no solamente han buscado aliarse con los productores de zonas vecinas, sino también con empresas de procesamiento y comercialización de minerales que, siendo en muchos casos formales, han jugado un rol de “blanqueo” del oro producido de manera ilegal. La presencia de empresas comercializadoras de oro en las zonas más representativas de la producción de minería ilegal y los montos de exportación de oro que como hemos visto no corresponde con las estadísticas oficiales de producción, mostrarían la conexión entre la producción informal e ilegal y las empresas de intermediación y procesamiento.

Por otro lado, algunas federaciones también han establecido relaciones con organismos no gubernamentales e incluso personalidades de cierto prestigio nacional e internacional que se han mostrado críticos a las políticas de formalización implementadas por el gobierno peruano. Es el caso del señor Hernando de Soto, economista peruano que goza de reconocimiento a nivel internacional y que trabaja precisamente temas de informalidad: por ejemplo, los mineros de la Fenamarpe han establecido una relación de colaboración con el señor de Soto lo que se ha traducido en la organización de varios encuentros de mineros y todo un trabajo de incidencia en medios de comunicación con el objetivo de cuestionar el proceso de formalización de la minería implementado por las autoridades peruanas.

Finalmente, es importante mencionar la estrategia de influencia política que vienen implementando los mineros ilegales. En paralelo al financiamiento directo que han brindado a diversas fuerzas políticas consideradas como aliadas, desde hace un tiempo se constata una mayor participación de dirigentes de los mineros en espacios de representación y de decisión política: es el caso del propio Congreso de la República, gobiernos subnacionales (gobernadores y alcaldes), entre otros. Los casos más notorios han sido el de algunos congresistas, como Amado Romero, minero de Madre de Dios; y el actual gobernador de la misma región, Luis Otzuka, que antes de que ocupe ese cargo era el presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), además de su principal vocero en varios conflictos y enfrentamientos con las autoridades y representantes del gobierno nacional.

La presencia en cargos públicos se ha traducido en acciones concretas que han buscado favorecer los intereses de su propia actividad -con iniciativas legislativas, construcción de infraestructura, etc.- y por supuesto tratando de bloquear las iniciativas de interdicción del gobierno nacional y mantener el estatus quo, lo que hasta el momento han logrado.

Las perspectivas de este sector: algunas reflexiones finales

Como se ha podido apreciar, la minería informal y la abiertamente ilegal forman parte de la reciente historia de crecimiento minero en un país como el Perú. El contexto favorable de los precios internacionales, la debilidad institucional del Estado peruano, la necesidad de encontrar alternativas económicas y laborales para importantes sectores de la población y por supuesto la extraordinaria rentabilidad en los años de bonanza de las cotizaciones internacionales, han sido los principales elementos que permitieron la expansión reciente de esta actividad.

Este tipo de minería presenta diferentes características que han ido evolucionando en el tiempo,  tanto  en  yacimientos primarios de la  Cordillera  de los  Andes  como  en aluviales en los ríos amazónicos. Inicialmente sobre todo se veía esta minería en yacimientos de fácil aprovechamiento, a bajas profundidades, en afloramientos superficiales y cuerpos de agua, minas abandonadas subterráneas, etc. Sin embargo, la propia actividad ha desarrollado técnicas específicas de exploración y explotación de mayor complejidad, aumentando reservas, extrayendo mayores volúmenes, sobre todo en el período del boom del precio del oro.

A pesar de las brechas de información oficial, las deficientes estadísticas y por mucho tiempo una tendencia a no prestarle la debida importancia, lo cierto es que la influencia económica, social y hasta política del sector de la minería informal y la ilegal ha ido en aumento, consolidándose en territorios específicos e incluso en espacios de toma de decisiones de políticas públicas -como municipalidades, gobiernos regionales y el congreso-. Esto ha permitido a este tipo de minería visibilizar su agenda y hacer una defensa cerrada de sus intereses frente a, por ejemplo, las amenazas de interdicción y formalización.

Desde el año 2003 hasta la fecha se pueden identificar hasta tres momentos:

• Uno primero que abarca el período 2003-2010: de fuerte expansión territorial y productiva, que coincide con el aumento sostenido de las cotizaciones de los metales, principalmente el oro. En este período se consolidaron las organizaciones de mineros y aumentó notoriamente la influencia económica, política y social de la minería informal y la ilegal.
• Uno segundo que va entre el 2010 y 2013: etapa en la que se visibilizan los graves impactos ambientales y sociales de la minería ilegal en el país y en la que, de manera tardía, las autoridades peruanas definen un marco de normas legales para enfrentar las actividades ilícitas: se declara de interés nacional el ordenamiento minero, se define zonas de exclusión, se implementa acciones de interdicción y se inicia el proceso de formalización.
• Finalmente,  desde  el  2014  a  la  fecha:  período  que  se  caracteriza  por los enfrentamientos abiertos entre el gobierno y los mineros ilegales; movilizaciones y paros mineros; críticas abiertas al proceso de formalización que en realidad apuntan a detenerlo. Además, representantes de los mineros obtienen algunas victorias políticas, como la gobernación de la emblemática región de Madre de Dios.

¿Cuáles son los escenarios que se proyectan para los próximos años? Lo cierto es que el crecimiento de este sector se ha desacelerado en los últimos años como consecuencia de la caída de las cotizaciones internacionales de los metales y la implementación de políticas de mayor control e interdicción.

Ello no quiere decir que la influencia de los mineros haya perdido fuerza: por ejemplo, en el ranking de las principales actividades delictivas que mueven importantes cantidades de dinero en el Perú, la minería ilegal continúa compartiendo los primeros lugares junto al narcotráfico y la tala ilegal. En el terreno social, las diversas organizaciones de mineros representan fuerzas importantes en las regiones donde están implantados. Además, en el terreno político, se constata que ya no hay proceso electoral en el Perú (subnacional e incluso nacional), sin que se dé una participación directa o indirecta de representantes de los mineros ilegales.

Por lo tanto, el menor dinamismo y la menor rentabilidad de las operaciones mineras, no  significan que  este sector esté en  riego de desaparecer: los años de bonanza, acumulación y los niveles de organización alcanzados, permiten afirmar que los mineros ilegales están en capacidad de resistir una coyuntura de menores precios, las políticas de interdicción y formalización y seguir aprovechando la debilidad del Estado y su escasa presencia en los territorios.

Todo indica que las estrategias de los mineros continuarán teniendo como objetivo central detener el proceso de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia e influencia en ciertos territorios. Ello significa que la cuota de ilegalidad en este estrato de minería seguirá estando presente.

 

Bibliografía

Banco Central de Reserva del Perú (1996-2014): Memoria. Lima.

CooperAccion (2009): Estudio diagnóstico de la actividad minera artesanal en Madre deDios. Lima.

Ministerio de Energía y Minas (2015). Anuario Minero. Lima.

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (2015): Reporte de Segundo Semestre. Lima.

Torres Cuzcano, Víctor (2007): Minería artesanal y minería a gran escala en el Perú: El caso del oro. Lima. CooperAcción.

Torres  Cuzcano,  Víctor  (2015):  Minería  Ilegal  e  Informal  en  el  Perú:  Impacto Socioeconómico. Lima. CooperAcción.
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(1) De 2’300,000 hectáreas a inicios de la década del 90, llegó a ocupar 26 millones de hectáreas el año 2014.

(2) Torres Cuzcano Víctor (2015): Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico. Cuadernos de CooperAccion. Lima.

(3) Reporte de Segundo Semestre 2015.

(4) Víctor  Torres:  Minería  Ilegal  e  Informal  en  el  Perú:  Impacto  Socioeconómico.  Cuadernos  de CooperAcción.

(5) Plan de intervención del Ministerio del Ambiente. Septiembre 2011.

(6) Víctor Torres (2015): Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico. Cuadernos de CooperAcción.

(7) Op cit.

(8) “El volumen de exportación de oro de procedencia ilegal llega por lo menos a 1,800 millones de dólares, más que el narcotráfico que alcanza los 1,208 millones de dólares.: el oro ilegal le gana a la cocaína”. Elmer Cuba, director de Macroconsult. Diario Gestión, 16 de mayo de 2012.

(9) Una de las familias más importantes vinculadas a esta actividad en Madre de Dios, los Baca-Casas, declararon en 2011 que habían extraído 40,756 gramos de oro, sin embargo, desde el año 2008, según el Ministerio del Ambiente, el clan al menos habría producido 470 kilos de oro por un valor de 46 millones de soles.

(10) Según estadísticas oficiales, más del 50% de la economía de Madre de Dios depende de la minería.

(11) Comunicado del Sonamipe publicado en el diario La República el 8 de abril de 2010

 

05 de agosto de 2016