EDITORIAL – CONSULTA PREVIA : EL PELIGRO DE UN DERECHO RECORTADO (ACTUALIDAD MINERA – NOVIEMBRE 2020)

El nuevo titular de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, ha propuesto una alternativa a la consulta previa en la fase de exploración de proyectos mineros, reemplazándola por un denominado “acuerdo previo”. Su objetivo: reducir el proceso de un año a seis meses.

«El ministerio tiene la responsabilidad de hacer la consulta previa ahora y esto a veces toma mucho tiempo, porque no siempre tenemos la colaboración de las autoridades locales y de las comunidades a las cuales hay que hacer la consulta. Entonces hay mucho trabajo y hay que tener mucha paciencia con las comunidades. Eso a veces retrasa las inversiones«, declaró Jaime Gálvez en un medio de comunicación.

Como se recuerda, el derecho a la consulta previa está contemplado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Perú. El procedimiento apunta a garantizar la participación efectiva de comunidades indígenas frente a actividades extractivas; sin embargo, tanto las empresas mineras como el Ejecutivo ponen mayor énfasis en «agilizar» el proceso que en cumplirlo a cabalidad. Ello pese a que el ministro Gálvez dijo que tienen como prioridad evitar la conflictividad social.

«La consulta previa es muy importante hacerla, y con calma, en la fase de explotación donde ya hay una mina que se va a construir. Pero en la fase de exploración donde uno no sabe qué se va a encontrar, no sabe cómo va a ser la mina, y los impactos son realmente mínimos, no es necesario algo tan exigente como la consulta previa. Nos está retrasando en competitividad con otros países», señaló el titular del Minem.

Jaime Gálvez anunció que en enero del próximo año tendrían lista la propuesta del «Acuerdo Previo», para recibir la opinión de la sociedad civil. Lo primero que habría que precisar es que esta propuesta tiene el sello de la CONFIEP; fue presentada por este gremio hace unas semanas en su Agenda de Reactivación 2020. Y lo segundo es que, como la ha señalado Ana Leyva en un artículo publicado por CooperAccion, el acuerdo previo no puede sustituir a la consulta; son cosas distintas; tienen sujetos o partes, objeto y finalidad y tiempos distintos. “Intentar sustituir uno con otro, puede significar dejar desprotegidos los derechos colectivos en los procesos de toma de decisión del Estado en relación a los proyectos de inversión”.

Resulta irónico que en vez de avanzar en la implementación del Convenio 169, todavía existan planteamientos que buscan desnaturalizarlo, reduciéndolo a una negociación de un contrato privado.  Al parecer en nuestro país, los poderes económicos y sus aliados, siguen viendo los derechos de los pueblos indígenas como un obstáculo para las inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando formas o maneras de conculcarlos. Hechos como este nos plantean el enorme desafío de construir como peruanos un país de iguales y un Estado intercultural, garante de derechos.

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