¿A qué le temen realmente los que están en contra del Acuerdo de Escazú?

Gretta Zegarra

El 4 de marzo de 2018, se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). El objetivo de este instrumento jurídico es garantizar a todas las personas, especialmente a los pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, el ejercicio de los derechos de: (i) acceso a la información ambiental, (ii) participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y (iii) acceso a la justicia ambiental. A su vez, este instrumento establece disposiciones para la protección de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Ya son 9 países que han ratificado el Acuerdo y necesita que dos países más lo hagan para que pueda entrar en vigencia. Es en este marco que el Congreso de la República debe evaluarlo y sentar posición. Debido a ello, han surgido pronunciamientos en contra de Escazú, en los que se afirma, por ejemplo, que con la ratificación el Perú perdería su soberanía, entregaría la Amazonía y estaría yendo en contra de las inversiones.

Imagen: Escazú ahora

Dichas afirmaciones fueron desmentidas por la ex Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz[1][2]. Además, ella explicó que el surgimiento de conflictos socioambientales se puede prevenir con más información y transparencia, e indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Perú suscribir el Acuerdo de Escazú[3].

A pesar del respaldo que le brindan la Organización de las Naciones Unidas[4](ONU) y la OCDE, las opiniones en su contra no han cesado hasta el momento[5] y eso hace que nos preguntemos, ¿a qué le temen realmente las personas que están en contra del Acuerdo de Escazú? Consideramos que para responder esta interrogante es necesario conocer cuáles serán las obligaciones que los Estados asumirán con la entrada en vigencia de este instrumento. A fin de no extendernos en el análisis mencionaremos solo algunas de estas disposiciones:

 

 

Derecho protegido

 

 

Obligaciones que los Estados asumirán con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú

 

Acceso a la información ambiental

 

 

  • Garantizar que los grupos en situación de vulnerabilidad reciban ayuda para formular solicitudes de acceso a la información
  • Contar con sistemas de información ambiental actualizados que podrán incluir el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; información de los procesos de evaluación de instrumentos de gestión ambiental, licencias y permisos ambientales; información respecto de la imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales; etc.
  • Divulgar información ambiental en los diversos idiomas usados en el país y elaborar formatos comprensibles para los grupos en situación de vulnerabilidad
  • Promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el ambiente
  • Incentivar la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas que reflejen su desempeño social y ambiental
 

Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

 

 

  • Adoptar medidas para asegurar que la participación de la población sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos
  • La población será informada como mínimo de la naturaleza de la decisión a tomar, la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades involucradas, y el procedimiento previsto para la participación del público
  • Velar por la comprensión y participación de la población que sería directamente afectada por la medida

 

 

Acceso a la justicia ambiental

 

 

  • Facilitar la producción de la prueba del daño ambiental (inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba)
  • Establecer mecanismos de sistematización y difusión de  decisiones judiciales y administrativas
  • Proporcionar asistencia técnica y jurídica gratuita a los grupos en situación de vulnerabilidad, así como brindar el servicio de interpretación de idiomas distintos al oficial
  • Promover mecanismos alternativos de solución de controversias

Como se aprecia en la tabla, el Acuerdo de Escazú solo busca (i) garantizar a la población el ejercicio de sus derechos de fundamentales, (ii) luchar contra la desigualdad y la discriminación a la que están sometidos los grupos en situación de vulnerabilidad, y (iii) velar por la implementación de un auténtico desarrollo sostenible en la región. Por lo tanto, las personas que rechazan el Acuerdo de Escazú temen aparentemente que el Estado promueva una inversión que respete y garantice el ejercicio real de los derechos de acceso a la información y de participación. También parece inquietarles que se otorgue a la población mecanismos y vías para que exija (ante la autoridad administrativa o judicial)el cese de aquellos proyectos (hidrocarburíferos, mineros, etc) que ponen en riesgo el bienestar delas personas y el ambiente.

En conclusión, los opositores del Acuerdo de Escazú estarían actuando en defensa de los intereses económicos de empresas con bajos estándares sociales y ambientales, a fin de minimizarles sus costos y trasladarlos a las poblaciones de su entorno. Esperamos que el Congreso tenga una postura garantista de derechos y en consecuencia ratifique el Acuerdo de Escazú.

 

[1]Exitosa. (2020, 10 de julio). Ministra Muñoz: “El Perú no pierde ninguna soberanía con el Acuerdo de Escazú”. https://exitosanoticias.pe/v1/ministra-munoz-el-peru-no-pierde-ninguna-soberania-con-el-acuerdo-de-escazu/?fbclid=IwAR28dFadctFu4VqGp3DEnBvdJSq5FC81i1E4ifekepK4DNjPYfCOxCAj02c
[2]Gestión. (2020, 11 de julio).Ministra Muñoz sobre Acuerdo de Escazú: “Ayudará a prevenir conflictos ambientales”. https://gestion.pe/peru/ministra-munoz-sobre-acuerdo-de-escazu-ayudara-a-prevenir-conflictos-ambientales-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3dYF9a18Ub5YCBeGiwzkcItqslVJHks0IoYzfsmH2OI7EfNwK8QSQ57_k
[3]Ibídem.
[4] La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una comisión regional de la ONU y asumirá la Secretaría del Acuerdo de Escazú.
[5]Expreso. (2020, 20 de julio). Exigen el rechazo del Acuerdo de Escazú.https://www.expreso.com.pe/politica/exigen-el-rechazo-del-acuerdo-de-escazu/

22 de julio de 2020