Violencia en Pataz: crimen, minería ilegal y los actores en disputa

El asesinato de trece trabajadores de seguridad de la empresa minera La Poderosa en la provincia de Pataz, en La Libertad, ha vuelto a colocar en el centro del debate público la expansión de la minería ilegal en el país y su vínculo con organizaciones criminales. Este hecho, registrado en un video de extrema violencia, ha desencadenado una crisis política en el gobierno de Dina Boluarte, generando el cambio de gabinete y el anuncio de medidas de emergencia. En su más reciente edición del 15 de mayo, el programa La Hora Verde, producido por CooperAcción, reunió a Norka Peralta (Ojo Público), José De Echave (CooperAcción) y Dante Vera (V&C Analistas), quienes analizaron la gravedad del conflicto en Pataz y coincidieron en que se trata de una expresión de una crisis estructural que el Estado no ha sabido enfrentar.

Norka Peralta, periodista de investigación del portal Ojo Público, explicó que el caso de Pataz no es un hecho aislado, sino parte de una red criminal compleja que opera hace años en la región. “Hemos identificado entre cinco a siete organizaciones criminales en la zona, como Los Pulpos y Los Parqueros de Pataz, que no solo controlan socavones, sino que también están vinculadas al sicariato, el tráfico de explosivos y otras actividades ilegales”, indicó. Peralta resaltó que esta situación ha sido invisibilizada por el Estado y que, de no actuar a tiempo, podría replicarse en otras regiones del país.

Por su parte, José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que el auge de esta minería ilegal está directamente relacionado con el alto precio del oro, que actualmente supera los 3,500 dólares la onza. “Hoy no hay una actividad más rentable que esta minería ilegal, que además tiene presencia en 21 regiones del país”, sostuvo. De Echave advirtió que esta expansión ha dado lugar a disputas violentas por el control del territorio, incluso con la gran minería, y que muchos de estos grupos ya cuentan con representación política. “Tienen presencia en alcaldías, gobiernos regionales y el Congreso. Han logrado que se prorrogue el Reinfo una y otra vez, facilitando la informalidad”, explicó.

Dante Vera, socio fundador de V&C Analistas, insistió en la necesidad de cambiar el enfoque del Estado ante este problema. “No estamos frente a simples mineros ilegales, sino ante organizaciones criminales que buscan controlar toda la cadena de producción del oro, desde el socavón hasta las plantas de procesamiento”, alertó. Vera propuso que el centro de la estrategia estatal no sea solo la represión en los socavones, sino el control efectivo de rutas, insumos y canales financieros que permiten que el oro ilegal entre al mercado formal.

El programa también analizó el papel histórico de la minería artesanal en la zona. Según Dante Vera, antes de la llegada de la empresa La Poderosa en los años ochenta, ya existía una minería ancestral ejercida por comuneros. El conflicto se agudizó cuando esta población fue desplazada o absorbida por concesiones mineras que concentraron el control del territorio. José De Echave subrayó que más del 50% del territorio de La Libertad está concesionado para minería, lo que dificulta cualquier proceso de formalización real. “La política de concesiones ha generado acaparamiento y exclusión. Si no se reforma, seguiremos viendo conflictos como el de Pataz”, sentenció.

Respecto a las recientes medidas del gobierno —como la revocación de más de 1,400 registros del Reinfo y el anuncio de un sistema de trazabilidad del oro— los panelistas mostraron escepticismo. “Es difícil que un gobierno tan precario y sin capacidades reales pueda implementar una estrategia efectiva”, opinó De Echave. Peralta añadió que, aunque se han reportado decomisos de armas y detenciones en la zona, el Estado sigue reaccionando tarde y sin entender la magnitud del problema.

En sus reflexiones finales, Norka Peralta enfatizó que los periodistas y familiares de las víctimas fueron quienes alertaron inicialmente sobre la masacre, mientras que el Estado permanecía en la incertidumbre. “El testimonio de ex trabajadores, ronderos y familiares fue clave para conocer lo que había pasado. Eso muestra no solo la ausencia del Estado, sino también su falta de voluntad para actuar ante tragedias como esta”, afirmó.

El programa La Hora Verde dejó en claro que la violencia en Pataz es el síntoma de una enfermedad más profunda: la debilidad del Estado frente a economías criminales que se fortalecen día a día.

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