NUEVA AUDIENCIA PUEDE DEFINIR EL FUTURO DEL AGUA PARA LIMA

Tras la audiencia realizada el pasado 7 de marzo por el caso de la minera Ariana, la jueza dirimente, Rocío del Pilar Ruiz Arrieta, emitió un voto a favor de la suspensión del proyecto minero que pone en riesgo la principal fuente de agua de Lima y Callao. Con este voto, se configura una situación de empate, pues dos magistrados se han pronunciado por la nulidad y dos por la suspensión. Como consecuencia, el 28 de marzo se realiza una nueva y -se espera-, definitiva audiencia.

Como se recuerda, los magistrados Tapia y Ordóñez se habían pronunciado previamente por la nulidad de las resoluciones que aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Así mismo, el magistrado Romero había votado por la suspensión del otorgamiento del permiso de inicio de las operaciones de explotación. Al sumarse la jueza Ruiz a esta última posición, los votos se encuentran dos a dos y se requieren tres votos en un mismo sentido para que se confirme una sentencia.

Otro punto en discordia es cuál es el tipo de estudio que se requiere frente a la amenaza que constituye este proyecto para el abastecimiento de agua para Lima y Callao. Tapia y Ordóñez han votado por un peritaje internacional independiente realizado por un organismo técnico de prestigio que garantice imparcialidad. En tanto, Romero y Ruiz han votado por un “estudio de impacto ambiental complementario”, a cargo de la empresa y las entidades del Estado.

Es importante mencionar que la resolución judicial ha declarado fundada en parte la demanda de amparo, por la amenaza cierta e inminente de vulneración de acceder al agua potable y de gozar y disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado. Ya se tienen tres votos en ese sentido: los jueces Tapia, Ordóñez y Romero se pronunciaron a favor de declarar fundada la demanda. Por lo tanto, el Poder Judicial ya ha establecido que el proyecto minero Ariana es una amenaza para el agua para Lima y Callao, y que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, no garantiza que no se afectará este derecho.

Como ha quedado establecido a lo largo del proceso judicial y como lo ha sustentado la propia empresa Sedapal, el proyecto es un riesgo por la posible disminución de la cantidad de agua que se capta para Lima y Callao; por la posible afectación a la calidad del agua por el riesgo de contaminación con metales tóxicos; por la posible afectación a la infraestructura del túnel trasandino Cuevas-Milloc, por las voladuras y vibraciones; y por la ubicación del depósito de relaves a 100 metros de dicho túnel que trasvasa agua de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac.