Espinar: entre el diálogo y el anuncio de una nueva paralización

Comunidad y Territorio

Desde este espacio, hemos venido alertando sobre un posible escenario de estallido social en esta provincia cusqueña. Cabe señalar que el próximo año (mayo 2017) se cumplirán cinco años del último estallido social (mayo 2012) y es preciso subrayar que la agenda que originó dicha movilización no ha sido hasta el momento atendida.

A inicios de setiembre las organizaciones sociales de Espinar dieron un plazo de 30 días a las autoridades nacionales para que se pronuncien sobre sus demandas. Igualmente, solicitaron al Ejecutivo que presente una agenda de trabajo para atender los problemas de salud, contaminación ambiental y demandas de desarrollo, temas que fueron planteados y acordados durante la última mesa de diálogo (2012-2013).

Sin una respuesta a este pedido, la provincia de Espinar convocó a un paro indefinido para el 21 de noviembre. Finalmente, el paro suspendido momentáneamente luego que el Ejecutivo decidió enviar una comisión de trabajo hace un par de días a esta localidad, integrada por la Ministra de Salud y el Ministro de Energía y Minas y varios funcionarios de otros sectores. Uno de los temas que genera mayor preocupación es el de la contaminación por metales pesados, situación  que afecta a la población de la provincia y que espera una atención adecuada desde el año 2010.

Cabe recordar, que el año 2010 se confirmó la presencia de metales pesados en 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane. También preocupa la criminalización y judicialización de las autoridades y dirigentes de Espinar que participaron en el paro de mayo 2012. Actualmente, todavía se encuentran bajo proceso judicial 15 personas, entre las que figura el ex alcalde Oscar Mollohuanca. En octubre se ha iniciado la fase oral del juicio.

Se espera que en esta ocasión, se atienda adecuadamente las demandas de la población espinarense y no se sigan repitiendo procesos de diálogo que lo único que hacen es acumular es una larga lista de incumplimientos.

Foto: La República

25  de noviembre de 2016

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