Defensores de Cotabambas: una década de lucha y criminalización

A diez años del conflicto social ocurrido en Cotabambas, Apurímac, las comunidades campesinas y defensores procesados continúan enfrentando las consecuencias de uno de los casos más emblemáticos de criminalización de la protesta social en el Perú. El conflicto, originado en 2015 tras las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas sin consulta previa a las comunidades, sigue dejando secuelas judiciales, económicas y emocionales en decenas de familias que aún esperan justicia.

Este fue el eje del programa de esta semana de La Hora Verde, titulado “Defensores de Cotabambas: una década de lucha y criminalización”, que contó con la participación de Yovana Mamani, subcoordinadora de CooperAcción y acompañante de las comunidades de Cotabambas; y David Velazco, abogado de la organización FEDEPAZ y defensor legal de los comuneros procesados.

Durante el programa, David Velazco explicó que el conflicto se originó luego de que el proyecto minero modificara aspectos sustanciales de su operación, como el reemplazo del mineroducto por el transporte terrestre mediante camiones y la ampliación de depósitos de residuos, sin que estos cambios fueran consultados con las comunidades afectadas. Frente a ello, las poblaciones iniciaron protestas en septiembre de 2015 exigiendo diálogo y respeto a sus derechos. Sin embargo, la respuesta estatal fue una fuerte represión policial y el inicio de procesos penales contra decenas de comuneros y dirigentes, acusados de delitos como disturbios, daño agravado, entorpecimiento de vías y organización criminal.

Asimismo, Velazco señaló que, tras más de diez años de investigaciones y audiencias, gran parte de las acusaciones carecen de pruebas consistentes. Recordó que varios dirigentes ya fueron absueltos en segunda instancia y que otros procesos continúan abiertos pese a las irregularidades detectadas en las detenciones, las actas policiales y la actuación de las autoridades durante las investigaciones. También cuestionó el rol de la Policía Nacional durante el conflicto y advirtió sobre los impactos psicosociales que generan los procesos judiciales prolongados en las familias y comunidades afectadas.

Por su parte, Yovana Mamani enfatizó que las comunidades de Cotabambas nunca rechazaron inicialmente la actividad minera, sino que exigieron respeto a los acuerdos y a los procesos de consulta frente a los cambios implementados en el proyecto. Explicó que la criminalización ha tenido profundas consecuencias emocionales, económicas y sociales para las familias procesadas, afectando no solo a los defensores, sino también a sus hijos, sus relaciones comunitarias y sus posibilidades laborales. Además, destacó que, frente a este escenario, se han construido redes de solidaridad locales e internacionales que han permitido acompañar emocional y políticamente a las comunidades durante estos años.

Mamani también resaltó que el caso de Cotabambas ha permitido fortalecer articulaciones entre defensores y organizaciones nacionales e internacionales que enfrentan situaciones similares de criminalización en América Latina. Señaló que estos espacios de acompañamiento colectivo han sido fundamentales para sostener a las familias durante más de una década de procesos judiciales y para visibilizar internacionalmente las afectaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto.

En el cierre del programa, los invitados coincidieron en que el caso de Cotabambas no solo representa una disputa judicial, sino también una discusión de fondo sobre derechos colectivos, acceso a la justicia y el rol del Estado frente a las actividades extractivas. Asimismo, advirtieron que los procesos de criminalización de la protesta continúan siendo una práctica recurrente en conflictos socioambientales y remarcaron la importancia de fortalecer mecanismos de protección y acompañamiento para las comunidades y defensores de derechos humanos.

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