Alta Comisionada visita Perú y señala que empresas deben respetar los DDHH

En su reciente visita al Perú, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sostuvo reuniones con representantes de la sociedad civil y reconoció la importancia de que las empresas cumplan sus compromisos y respeten los derechos humanos.

Durante un encuentro con afectados realizado el 18 de julio, representantes de comunidades contaminadas por la actividad irresponsable de las empresas dieron testimonio de su situación. Al respecto, Esmeralda Larota, defensora ambiental de Espinar (Cusco) describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad. “No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir”, dijo.

Bachelet también sostuvo ese mismo día una reunión con instituciones defensoras de los derechos humanos. Durante la misma, Yamily Guerrero, miembro del equipo legal de CooperAcción, en representación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, sostuvo la urgente necesidad de contar con una ley de debida diligencia en materia de derechos humanos en nuestro país para garantizar que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y reparen de manera integral las afectaciones a derechos humanos que pudieran ocasionar a las personas y comunidades alrededor de las cuales desarrollan operaciones, sobre todo en aquellas actividades de alto riesgo como la minería e hidrocarburos.

En tal sentido, comentó que se han cumplido 6 meses del más grave ecocidio acaecido en las costas peruanas y que los derechos de los pescadores, comerciantes y pobladores de las áreas contaminadas siguen estando afectados, que la empresa REPSOL no ha mostrado una conducta responsable, habiendo incluso entregado información inexacta desde el momento que ocurrió el desastre. Pero además que el Estado ha dejado de lado su rol tuitivo y garantista de derechos, no habiendo actuado de forma oportuna y pertinente ante una situación lesiva que nos afecta a todos los peruanos.

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Además, que quienes defienden los derechos humanos vienen siendo asesinados, acosados y criminalizados. Contó sobre el ataque que el 17 de julio sufriera la organización indígena ODECOFROC, ubicada en el Cenepa y señaló que lo que se requiere, además de brindar efectiva protección a los defensores ambientales, son medidas urgentes de combate a estas actividades ilegales, alrededor de las cuales ocurren los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, pilar fundamental en sociedades democráticas.

Tras su visita, la Alta Comisionada ha señalado que “el país cuenta con un valioso movimiento de derechos humanos que sigue luchando incansablemente por la justicia” y que “los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos del Perú están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica. Por ello, deben ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también se ven afectados por las actividades ilícitas. Debo decir que admiro la valentía y la fuerza de las personas defensoras de derechos humanos que desempeñan un papel inestimable en la sociedad peruana en medio de los riesgos persistentes. Estas personas necesitan una protección efectiva para garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo”.

22 de julio de 2022