Noticias- Los testimonios de los afectados por metales pesados- (Boletín AMP #241, JULIO 2019)

En la misma audiencia en el Congreso se presentaron los afectados de las regiones de Pasco, Cajamarca, Cusco y de las cuencas amazónicas. Los temas son comunes; el algunos casos son consecuencia de la larga convivencia con la minería y los hidrocarburos y al mismo tiempo por la negligencia de las autoridades: por ejemplo, José Vargas, alcalde del distrito de Chugur, de la provincia cajamarquina de Hualgayoc, señaló que su distrito tiene una relación de larga data con la explotación minera y presenta problemas de contaminación por metales pesados, situación que provocó la declaratoria de emergencia en el año 2012.

En Espinar ocurre una situación similar: Seferino Cana, representante de esa provincia cusqueña, compartió su experiencia; “son más de 40 años de la presencia de estas empresas, generando mucha contaminación y hermanos que han fallecido con cáncer al pulmón.

En el caso de Pasco, Hernán Echevarría señaló que existen 546 pasivos ambientales mineros y que durante años le han pedido al Ministerio de Energía y Minas, una política de Estado para remediar esta situación. Denunció que este ministerio estaría interfiriendo en la labor del Ministerio del Ambiente, sobre todo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la que tiene que controlar de manera regular a las empresas mineras irresponsables.

Por el lado de las poblaciones amazónicas, el dirigente indígena Alfonso López de las cuatro cuencas de Loreto -que agrupa a más de 68 pueblos de la cuenca del Marañón-, comentó que el año 2011 se inició el dialogo con el gobierno y que el 2015 se firmó una primera acta que no se viene cumpliendo: “La vida no es un negocio, y solo unidos los pueblos afectados podremos conseguir que se respeten sus derechos,” destacó el dirigente.

Por su lado el Apu Igler Sandi, representante del pueblo kichwa de la cuenca del río Tigre y de los afectados por el Lote 192, demandó un presupuesto para que funcionen las oficinas y los programas del gobierno para atender a los afectados. Señaló que desde el 2011 vienen demandando que se implementen las políticas.

Karen Luque, asesora de la plataforma de afectados señaló que ha habido un retraso por parte del Estado para diseñar e implementar políticas para atender a este sector. Denunció que los acusan de subversivos en lugar de atender sus reclamos. Asimismo Mario Zúñiga, asesor de la Plataforma nacional, señaló que desde el Estado se debería actuar bajo 3 principios: la multisectorialidad, la participación y la descentralización.

Yolanda Surita, de la Plataforma Nacional, señaló que habían invitado a los representantes del Estado (PCM, MINEM y MINSA pero no participaron de la reunión de trabajo para formar el Comité Multisectorial. Destacó que en la audiencia se esperaban los informes técnicos de cada sector, y estaban decepcionados por la ausencia. Finalmente destacó que la comisión multisectorial requiere de una norma que lo respalde para que sus reuniones y acuerdos no quedan en lo declarativo y debe haber un Plan Estratégico de cada sector correspondiente.

Imagen: Cuatro cuencas