Gobierno peruano se compromete a extender el Plan de atención a afectados por metales y sustancias tóxicas

A cuatro años de exigencia de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox), la Presidencia de Consejo de Ministros se comprometió a remitir el primer informe de ejecución de actividades a ser realizado por MINAM para la extensión del Plan Especial Multisectorial (PEM),

• La creación del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados es una de las actividades pendientes de implementación para intervenciones estratégicas en salud.

Las deficiencias en el sistema de salud siguen siendo un gran problema para el Perú, pero cuando se trata de miles de afectados por metales tóxicos, expuestos a plomo, cadmio, mercurio y arsénico, la situación es aún más grave. Los continuos derrames de petróleo en la amazonía y costa, y la contaminación minera en la sierra peruana vienen afectando a la población y poniendo en riesgo a más de 10 millones de personas.

Por esa razón, representantes de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox) —que representa a 14 regiones del país— realizaron un plantón cerca a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para exigir la ampliación del Plan Especial Multisectorial para la intervención a personas expuestas (PEM) que finaliza en diciembre de 2026.

Los representantes de la Planametox fueron enfáticos en señalar que el PEM ha tenido un precario avance desde el 2021, año en el que se aprobó; además de la poca articulación con gobiernos regionales. Ante ello, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM les manifestó en una reunión presencial —sostenida el viernes 24 de abril— que recién el próximo viernes 15 de mayo obtendrán y socializarán el primer informe de balance sobre la ejecución del plan, comprometiéndose, así con la extensión del Plan Especial Multisectorial (PEM) . 

Pese al incremento de la problemática, el Estado aún no crea un Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, uno de los instrumentos clave del PEM y la Ley 31189 para identificar a la población y las zonas de intervención prioritaria.

Hay que recordar, que la respuesta estatal no ha resultado satisfactoria para las organizaciones sociales. “En estos cinco años no se ha avanzado mucho, apenas un 20%. No sentimos un progreso real, pese a que el PEM aborda las problemáticas que enfrentamos las personas afectadas por metales tóxicos”, afirmó Margarita Vásquez Flores, integrante de la Asociación por la Defensa y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente en la Cuenca del Río Rímac (ADESAM).

Adicionalmente, Vasquez Flores indicó que una ejecución efectiva del plan permitiría impulsar la remediación de pasivos mineros críticos, como el de Tamboraque, ubicado en el distrito de San Mateo. Este relave representa un riesgo latente puesto que podría colapsar en cualquier momento sobre el río Rímac, poniendo en peligro el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Por su parte, Sandro Vásquez Chávez, ex secretario de actas de la Plataforma Nacional, señaló que en Hualgayoc (Cajamarca) la actividad minera ha dejado graves consecuencias acumuladas a lo largo del tiempo. “Tenemos alrededor de 500 años de minería y nos han dejado cerca de 1,300 pasivos y relaves. Hace cinco años, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) evaluó a la población y, de 500 personas analizadas, 350 presentaban metales en su organismo”, comentó.

Asimismo, indicó que la posición de Cajamarca es firme frente a la expansión minera en zonas sensibles. “No necesitamos minería en cabecera de cuenca; no queremos que se contaminen las fuentes de agua ni que eso siga enfermando a la población”, afirmó. Sobre la minería informal, Vásquez advirtió su crecimiento en Hualgayoc y expresó su rechazo: “Nos oponemos a la minería informal por las graves afectaciones que genera. Además, exigimos al Estado que cumpla con el Plan Especial Multisectorial (PEM) para garantizar una adecuada atención en salud”.

En tanto, la región del Callao registra más de 455 mil personas afectadas, mientras que en La Libertad la cifra asciende a 530 mil. En la región Lima, el número bordea también los 455 mil afectados, y en Áncash alcanza los 382 mil. La situación es aún más crítica en Puno, donde se supera las 719 mil personas, seguida de Cajamarca con más de 549 mil y Huancavelica con más de 97 mil afectados. Estos datos evidencian la magnitud de una problemática de salud pública que continúa sin una respuesta efectiva a nivel nacional. 

Yoli Torres Paredes, representante del Datem del Marañón y teniente gobernadora de la comunidad de Borja, llamó la atención sobre la falta de remediación en zonas afectadas por hidrocarburos. “Los derrames de petróleo son constantes; recientemente ha ocurrido uno en Maynas y no existe un proyecto de saneamiento de agua. Consumimos agua de los ríos y quebradas que están contaminados. Nos dicen que lo mejor sería irnos de la zona, pero ¿a dónde vamos a ir, si es el único lugar que tenemos para vivir?”, expresó.

Torres añadió que otra amenaza es el aumento de la minería informal, que contamina con mercurio los ríos amazónicos y afecta la vida de miles de personas. “Estamos preocupados por lo que ocurre en Manceriche. En los últimos años hemos visto un incremento de concesiones mineras promovidas por el Estado en territorios donde viven comunidades indígenas”, manifestó.

Como parte del III Congreso, la  Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados ha renovado sus liderazgos; por lo que la Junta Directiva 2026 – 2028 está conformada por Alexander Farfán (Apurímac), como secretario general; Estela Rojas (Áncash), secretaria de fiscalización; Mirtha Hernández (Callao), secretaria de actas; Genrry Huatangari (Loreto), secretario de economía; Rosa Mamani, secretaria de la mujer; Luis Chuzo (Cajamarca), secretario de juventud; y Jesús Saan (Amazonas), secretario de comunicaciones. Este equipo asumirá el reto de fortalecer la articulación de las demandas de las poblaciones afectadas y exigir al Estado el cumplimiento de acciones urgentes en salud y remediación ambiental.