Presentación del libro «El Otro Rostro de la Minería»: un debate urgente sobre la minería informal e ilegal en el Perú

El martes 21 de abril, la Librería El Virrey fue escenario de la presentación del libro El Otro Rostro de la Minería, una investigación desarrollada por CooperAcción con el apoyo de la Fundación Ford, Entre Pueblos, la Cooperación Valenciana, la Generalitat Valenciana y Diakonía, en convenio con el Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

El evento reunió a especialistas, periodistas, economistas y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre la expansión de la minería en pequeña escala, informal e ilegal, y sus implicancias para los territorios, las comunidades y la gobernanza del país. La investigación, que tomó casi dos años de trabajo de campo y análisis, abarca cinco territorios: Cotabambas y Chumbivilcas en los Andes, y Puerto Inca, el Cenepa y Pataz en zonas amazónicas y del norte del país.

La primera en intervenir fue Graciela Villasís, periodista con más de veintiséis años de experiencia y directora del portal Territorio Tomado. Desde su trabajo de campo en varias de las zonas analizadas, describió un denominador común: si bien la minería ha generado mejoras económicas para algunos pobladores —acceso a ingresos que antes eran impensables, como la compra de un vehículo o una vivienda—, también ha traído consigo miedo, riesgo permanente y deterioro del tejido social.  

En Pataz, describió cómo durante la pandemia los mineros informales contrataron seguridad privada que terminó siendo reclutada por bandas criminales, las cuales eventualmente se apropiaron de las concesiones. Villasís fue enfática en señalar que el REINFO funciona en la práctica como un escudo legal que impide la acción de la fiscalía y la policía, y advirtió que cada proceso electoral trae consigo una nueva ampliación del mecanismo, alejando aún más cualquier solución de fondo.

César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, realizó una revisión del marco jurídico e histórico del problema. Recordó que el proceso de formalización minera lleva más de dos décadas sin resolverse y cuestionó con firmeza el argumento del abandono del Estado como justificación de la ilegalidad, señalando que ese razonamiento termina por legitimar actividades que vulneran derechos fundamentales.

Alertó sobre comunidades que, como en Puerto Inca, han pasado de resistir la presencia minera ilegal a defenderla activamente. Señaló además que la minería artesanal en su sentido original está prácticamente en extinción, pues casi ningún operador usa ya métodos manuales: todo es mecanizado. En ese marco, destacó las plantas de beneficio como un nudo crítico que exige atención urgente: siete de ellas exportan más que la gran minería sin ninguna exigencia real de fiscalización por parte de los gobiernos regionales, que carecen de reglamentos sancionadores y personal técnico para cumplir esa función.

Humberto Campodónico, economista e investigador, situó la problemática en perspectiva macroeconómica y subrayó la importancia de distinguir con precisión entre mineros informales, ilegales y criminales, pues no todos son equivalentes ni deben recibir el mismo tratamiento. Presentó cifras que ilustran la magnitud del fenómeno: en el último año se exportaron veintidós mil millones de dólares en oro, de los cuales más de la mitad corresponden a operadores informales o ilegales, y si se suman las plantas procesadoras de beneficio, la cifra se incrementa en al menos dos mil millones más.

Campodónico introdujo además el concepto de captura del Estado desde abajo para referirse a la influencia creciente que los gremios de minería informal han consolidado en el Congreso, el Ejecutivo y los partidos políticos, con presencia documentada en varias campañas electorales desde 2006.

José De Echave, uno de los autores del libro, presentó los hallazgos centrales de la investigación. Destacó un cambio estructural en la producción de oro: mientras hace veinte años los cuatro principales productores mundiales concentraban el ochenta por ciento de la producción, hoy apenas alcanzan el treinta por ciento. En ese nuevo escenario, los pequeños productores serán los actores dominantes del sector durante al menos los próximos diez años, pues la gran minería no tiene proyectos de envergadura en cartera para ese horizonte.

De Echave también analizó la disputa de narrativas entre el Colectivo Paz, que visibiliza los vínculos de la minería informal con el crimen organizado, y las federaciones mineras, que la reivindican como fuente de empleo y soberanía económica frente a la gran minería transnacional. Esa disputa, señaló, ha condicionado decisiones clave de política pública, como la paralización de la ley MAPE impulsada por el entonces ministro Rómulo Mucho y las sucesivas ampliaciones del REINFO.

Durante el espacio de preguntas, el debate giró en torno a la necesidad de un censo como herramienta previa a cualquier reforma, los impactos ambientales que comparten tanto la minería formal como la informal, y el fenómeno de inversionistas externos que llegan a nuevos territorios, extraen el oro y se retiran sin asumir responsabilidades.

El evento concluyó con un consenso claro entre los panelistas: enfrentar este fenómeno exige reconocer la heterogeneidad de situaciones en el país, fortalecer la institucionalidad en los territorios y lograr que todos los actores involucrados sean capaces de ceder en sus agendas particulares. De lo contrario, advirtieron, el Perú seguirá llegando a las fechas límite sin haber resuelto un problema que acumula más de dos décadas sin respuesta.