Conversatorio electoral expone la crisis de la salud ambiental y la deuda del Estado con poblaciones afectadas por metales tóxicos

En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas realizó el conversatorio virtual “Elecciones 2026: Metales tóxicos y salud en debate”, un espacio que buscó posicionar en la agenda pública una problemática persistente y poco abordada en el debate político: la afectación a la salud humana por contaminación derivada de actividades extractivas.

La apertura estuvo a cargo de Anthony Oscategui, secretario general de la Plataforma y representante de la región Pasco, quien destacó la relevancia del encuentro en un contexto electoral marcado por la renovación del sistema político. Señaló que el país enfrenta un momento decisivo para definir prioridades y cuestionó la escasa atención que reciben temas como la salud ambiental en los espacios de discusión nacional. En ese marco, enfatizó que el conversatorio buscaba acercar a candidatos y ciudadanía a una problemática que afecta directamente a millones de personas.

El evento reunió a representantes de distintas regiones del país, así como a candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Desde la Plataforma se advirtió que al menos tres de cada diez peruanos están expuestos a metales pesados, principalmente por actividades como la minería y los hidrocarburos, lo que configura una crisis de salud pública de alcance nacional.

La primera parte del conversatorio estuvo dedicada a visibilizar la problemática desde los territorios. Yolanda Zurita, integrante de la Plataforma y representante de La Oroya, alertó sobre la magnitud de la contaminación y la insuficiente respuesta estatal. Indicó que más de diez millones de personas estarían expuestas a sustancias tóxicas y cuestionó la falta de implementación del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas. Asimismo, llamó la atención sobre los pocos recursos asignados a la atención de salud, que en algunos casos apenas alcanzan la asignación de un sol por persona afectada, lo que limita cualquier respuesta efectiva.

Desde Huancayo, Paula Meza, también señaló la necesidad de abordar la problemática de manera integral, incluyendo la remediación de pasivos ambientales, la recuperación de fuentes de agua y la regulación de concesiones extractivas. Advirtió además que el incremento de la actividad minera, impulsado por la demanda internacional de minerales, podría agravar la situación en los territorios afectados.

Por su parte, Emilio Quispe, representante de la Plataforma desde el Callao, abordó los impactos de la actividad hidrocarburífera, destacando la recurrencia de derrames de petróleo y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado. Denunció deficiencias en los sistemas de fiscalización y la ausencia de planes de contingencia eficaces, lo que ha generado daños ambientales prolongados en ecosistemas y comunidades tanto en la costa como en la Amazonía.

En ese contexto, Anthony Oscategui advirtió sobre iniciativas recientes que evidencian el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, como la propuesta de fusionar el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, así como de flexibilizar procedimientos administrativos para facilitar las actividades extractivas. En esa línea, cuestionó a los candidatos sobre la ausencia de propuestas claras respecto a los mecanismos de financiamiento para la atención en salud de las poblaciones afectadas, instándolos a precisar cómo sus planes de gobierno abordarían esta brecha estructural.

Tras este bloque, participaron candidatos al Senado y Cámara de Diputados de 4 partidos diferentes, pese a que la Plataforma había invitado a todos los partidos participantes en la contienda electoral. Hernando Cevallos, candidato al Senado, reconoció la gravedad de la situación y señaló la ausencia de una política nacional efectiva para enfrentar la contaminación por metales pesados. Planteó la necesidad de cambios estructurales, incluyendo mayor intervención estatal y reformas en el modelo de desarrollo, aunque sin detallar mecanismos concretos para su implementación.

La candidata Milagros Samillán propuso fortalecer la normativa vigente mediante medidas como la remediación ambiental obligatoria, la atención médica gratuita y la reparación económica para las familias víctimas de contaminación. Su intervención incorporó un enfoque de justicia social, aunque evidenció los desafíos para traducir estas propuestas en políticas sostenibles en un contexto de limitada capacidad estatal.

En tanto, la candidata Ana Leyva atribuyó la falta de avances a factores como la inestabilidad política, la ausencia de carrera pública y la falta de voluntad política. Subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar los instrumentos de gestión y fiscalización, reconociendo que muchas de las herramientas necesarias ya existen, pero no se aplican de manera efectiva.

Por su parte, el candidato Marco Cevallos, planteó la necesidad de un Estado más fuerte, con énfasis en la prevención y la planificación territorial. También propuso revisar el régimen tributario de las actividades extractivas, cuestionando los beneficios fiscales que no se traducen en mejoras para las poblaciones afectadas.

Uno de los momentos más significativos del conversatorio fue la intervención de representantes de la Plataforma, quienes cuestionaron la ausencia del tema en los debates presidenciales y exigieron compromisos concretos para visibilizar la salud ambiental en la agenda electoral. Este intercambio evidenció la brecha entre el reconocimiento del problema y su priorización efectiva en el debate político.

A lo largo del evento se reiteró la preocupación por el incumplimiento de la Ley 31189, que establece el registro de personas afectadas por metales pesados, así como la falta de compromiso de los últimos gobiernos nacionales en la implementación del Plan Multisectorial. Asimismo, se cuestionó el uso de los recursos del canon y los beneficios tributarios otorgados a las empresas extractivas, señalando la falta de correspondencia entre la riqueza generada y las condiciones de vida en los territorios afectados.

El conversatorio concluyó con un llamado a posicionar la salud ambiental como una prioridad nacional, especialmente en un contexto donde la expansión de actividades extractivas y la transición energética podrían intensificar los conflictos socioambientales. Si bien los candidatos expresaron disposición a atender la problemática, el espacio dejó en evidencia la persistencia de vacíos en la formulación de propuestas concretas y la continuidad de una deuda histórica del Estado con las poblaciones afectadas.