Ante la crisis energética, transición socioecológica urgente

Esta semana el Perú esta viviendo una crisis energética sin precedentes, debido a la deflagración ocurrida en el ducto del gas de Camisea. Producto de ello, todo el país se está viendo afectado: el gas con el que cocinan las familias sube de precio, el transporte en las ciudades se ve interrumpido, las industrias se paralizan, e incluso el Gobierno decidió enviar a los niños a educación virtual para ahorrar energía.

Todo ello se ve agravado por el contexto internacional, con una guerra en Oriente Medio que ha interrumpido la principal ruta de exportación de petróleo en el mundo, elevando los precios.

No es solo el petróleo: por el estrecho de Hormuz circulan también insumos utilizados en los fertilizantes artificiales, lo que impacta en los costos de la producción agrícola y por lo tanto en el precio de los alimentos. Algo que también ocurrió hace pocos años cuando estalló la guerra en Ucrania. Esto significa más hambre en un país en el que ya el 42% de la población afirma no poder comer en ocasiones por falta de dinero.

Frente a estos hechos, desde CooperAcción queremos plantear al país que la salida para garantizar la seguridad y soberanía energética y alimentaria en serio, pasa por una transición energética y socioecológica que no puede postergarse más:

– DIVERSIFICAR las fuentes de energía, incrementando la proporción de las renovables como solar, eólica y hidroeléctrica de escala sostenible, y reduciendo la dependencia de las centrales termoeléctricas que queman gas. A corto plazo, dado que nuestra matriz es altamente dependiente del gas, se requiere la construcción del tubo de redundancia en Camisea. Sin embargo, esa medida necesaria no soluciona el problema de fondo. Actualmente alrededor del 50% de nuestra electricidad proviene del gas y menos del 10% solar y eólica, fuentes que tienen enorme potencial de crecimiento en nuestro país y que garantizan mayor seguridad y soberanía energética. Otros países de la región vienen avanzando en esta dirección y no hay motivo para que nuestro país no lo haga.

– AVANZAR EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS USOS FINALES DE LA ENERGÍA, promoviendo la electrificación de los sistemas de transporte público masivo (buses eléctricos, trenes, tranvías) como ya lo han están haciendo otros países de la región, lo que garantiza mayor autonomía del sistema de transporte frente a la incertidumbre del mercado de combustibles fósiles.

– IMPULSAR DE MANERA DECIDIDA LA AGROECOLOGÍA, promoviendo la producción y uso de fertilizantes orgánicos mediante el reaprovechamiento de residuos, enfrentando la erosión y recuperando y potenciando la fertilidad natural de los suelos. Todo ello fortalecerá la producción de las familias campesinas y la seguridad y soberanía alimentaria del Perú, reduciendo nuestra dependencia de fertilizantes e insumos sintéticos provenientes del fluctuante mercado internacional.

– REDUCIR EL USO SUPERFLUO DE ENERGÍA, por ejemplo, mediante la transformación del sistema de transporte urbano que potencie la intermodalidad, el transporte masivo y la micromovilidad activa, reduciendo la dependencia del auto particular que es, hoy por hoy, el principal factor demandante de combustibles fósiles en el país.

– ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA PARA EL ABANDONO PROGRESIVO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, en coherencia con la mejor ciencia disponible que alerta sin lugar a dudas que éstos son el principal factor responsable del cambio climático global. Esto debe implicar una MORATORIA a cualquier nueva exploración de lotes de hidrocarburos en el país, tanto en la Amazonía como en el Mar Peruano, y un plan de cierre progresivo de los lotes actualmente en producción. El Perú también debe tomar la iniciativa a nivel internacional y sumarse a la “Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles” convocada por los gobiernos de Países Bajos y Colombia el próximo mes de abril.

– REMEDIAR LOS TERRITORIOS IMPACTADOS POR HIDROCARBUROS Y COMPENSAR DE MANERA JUSTA A LOS PUEBLOS AFECTADOS. En el Perú se cuentan más de 1400 derrames de petróleo y más de 3 mil pasivos ambientales hidrocarburíferos, con casos emblemáticos como los de la Amazonía Norte, Piura y Ventanilla. Deben movilizarse los recursos económicos necesarios para restaurar la salud de los ecosistemas y compensar a las personas afectadas por el daño que les ha ocasionado por décadas nuestro modelo energético fósil.

La crisis energética del 2026 debe convertirse en un punto de inflexión que lleve a nuestro país a impulsar de manera decidida una estrategia integral para el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica una transición energética, que es un aspecto que forma parte de una transición social y ecológica más amplia que garantice seguridad y soberanía, así como justicia ambiental y social.