TIEMPO DE BALANCE- EDITORIAL AMP DIC 2023

Se termina el año y es momento de hacer un balance. No ha sido un período cualquiera. El año comenzó con un escenario de crisis y estallido social que tuvo un pico en los primeros meses del año y que provocó el lamentable saldo de más de 60 personas fallecidas.  El epicentro de la movilización fue el sur andino del país, sobre todo las zonas rurales y tuvo como actor social y político a las poblaciones de esos territorios.

Pese a los llamados de atención que llegan de varios espacios internacionales, hasta el momento los responsables de las muertes no han sido identificados y no hay voluntad política en el gobierno para avanzar en las investigaciones y en el esclarecimiento de los hechos.

Como hemos señalado en editoriales previos, hay varios  vínculos entre el estallido social de este año y los conflictos previos, sobre todo, los relacionados con la defensa de los territorios y con actividades extractivas como la minería. Los cuestionamientos al centralismo limeño y a cómo las élites pretenden seguir tomando e imponiendo decisiones al resto del país; la manera cómo se niegan las bases objetivas de los conflictos y se los intenta explicar por supuestos complots; el comportamiento de la Policía Nacional en situaciones de extrema tensión y emergencia; los temas de identidad y la situación de marginación de nuestras comunidades rurales y pueblos indígenas. Todos estos temas ya estaban presentes en los conflictos ecoterritoriales de las últimas décadas y las poblaciones rurales los han vivido en directo.

En los últimos meses del año ha estado aumentando de manera sostenida el número de conflictos activos. Se abre la interrogante sobre si se ha iniciado un nuevo ciclo de conflictividad social a partir de estallidos recientes. Destacan casos como el de Ayacucho y las movilizaciones en torno a la defensa de las cabeceras de cuenca amenazadas por la actividad minera; y los nuevos bloqueos en Chumbivilcas en contra de la minera Las Bambas. Además, aparecen otros temas, como las demandas de los trabajadores de salud; y las movilizaciones en Ica, en la zona conocida como Barrio Chino, ante los anuncios del gobierno que pueden afectar los derechos de los trabajadores de la agroexportación.

En este escenario, es importante tomar nota de los procesos que están en curso y que van a tener influencia en la futura conflictividad social del país. Uno de estos escenarios es el de la recesión económica y las salidas que se proponen, sobre todo cuando se aprecia que el gobierno se viene allanando a los pedidos del sector empresarial de rebajar aún más estándares sociales y ambientales. En realidad, esto no es novedad: cada cierto tiempo, el empresariado, principalmente el minero, nos tiene acostumbrados a campañas y presiones para que las políticas y las instituciones se ajusten a sus intereses.

Los nuevos paquetazos y los procesos que están en curso

En los últimos meses, la coalición integrada por Ejecutivo, el Congreso y los sectores empresariales ha planteado un conjunto de proyectos que van claramente en contra de las políticas y la institucionalidad ambiental, como la desprotección de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento; incentivos perversos para la deforestación; descuartizar los estudios de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura; desprotección de las Áreas Naturales Protegidas; formalización minera sin fin y un largo etc.  

De hecho, el Ejecutivo anunció a mediados de noviembre la implementación de 25 medidas como parte de un Plan de Reactivación de la Economía que ha llamado “Unidos”. En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, dijo que “el Ejecutivo ha preparado un paquete de medidas que responden a las necesidades de corto, mediano y largo plazo, que a la par busca restaurar la confianza y dinamizar la economía”.

Contreras precisó que se aplicará un shock de destrabe a la minería, que prevé 13 medidas de gestión y normativas para impulsar el sector. Los aspectos centrales serían los siguientes: (1) en exploración minera se “optimizará” los requisitos ambientales y de consulta previa de acuerdo con estándares de calidad de la región; (2) en operación minera se “mejorará” la normativa en seguridad y salud en el trabajo, en producción y concesiones mineras adecuándola a la necesidad del sector; (3) en exploración y operación minera, se “mejorará” la normativa relacionada a intervenciones en zonas arqueológicas, temas ambientales y concesiones en zonas de frontera.

Sobre los estudios de impacto ambiental (EIA), se ha anunciado que, mediante el Decreto Legislativo 1553, se están dando las facilidades para la obtención de las aprobaciones bajo la lógica del fast track. ¿Qué significa esto? Hacer todo por la vía rápida, flexibilizando y relajando las exigencias. Se ha anunciado que antes de entrar en vigencia el mecanismo fast track se aprobaban en promedio 53 proyectos por año y ahora se están aprobando 70 inversiones, proyectando llegar al cierre del año a un total de 82 proyectos de inversión. Se anuncia que se busca que esta medida sea permanente.

Hacia el 2025, el gobierno espera el inicio de siete proyectos mineros por un total de 4646 millones de dólares de inversión, al mismo tiempo que se anuncia que la cartera de proyectos para los próximos años asciende a los US$ 46 657 millones. El Plan “Unidos” va más allá de la minería, con 25 medidas diseñadas. Sin embargo, este sector ocupa un espacio central en la propuesta y el gobierno parece estar concediendo todo lo que el empresariado minero había venido solicitando.

Habrá que ver cuál será el impacto de este tipo de medidas en los territorios, sobre todo en los lugares donde se ubican los proyectos de inversión en minería. Lo que queda nuevamente en evidencia es que los planes reactivadores siempre son producto de negociaciones con los grupos de poder económico y nunca toman en cuenta las opiniones y propuestas de actores como las poblaciones y sus organizaciones representativas, la academia, diversos organismos, etc.

El avance de la minería informal e ilegal

Una mención especial merece el tema de la minería ilegal. En la mayoría de departamentos, la minería informal o la abiertamente ilegal sigue presionando territorios, acompañada de mucha violencia. Ocurre en Madre de Dios, en provincias de Arequipa, en Puno, en provincias altas de Cusco y Apurímac, por supuesto en La Libertad, especialmente en Pataz y, de manera dramática, en varias zonas de frontera amazónica.

Además, en paralelo, la influencia que ha logrado esta actividad en la política nacional es notoria, tanto en los territorios como a nivel nacional, lo que se aprecia, sobre todo, en el actual Congreso. Es un tremendo error hacer concesiones a un sector que se sigue expandiendo generando graves impactos ambientales y sociales y no escuchar, por ejemplo, las voces de las comunidades campesinas e indígenas que están defendiendo sus tierras, fuentes de agua y bosques, frente al avance violento de la minería ilegal.

Aparte de los departamentos ya mencionados, que siguen siendo territorios donde se constata una fuerte expansión de esta actividad, hay que prestarle especial atención a lo que viene ocurriendo en varias zonas de frontera: es el caso de la frontera con Ecuador, en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa; y de la frontera con Colombia, en el río Putumayo, donde comunidades indígenas de la zona viene siendo afectadas por las crecientes actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en la zona del Alto Putumayo.

Estas zonas se han convertido en tierra de nadie. Aparte de la violencia que ejercen las actividades ilegales, la contaminación aumenta a niveles alarmantes. La minería no solo está destruyendo una de las zonas más biodiversas de la Amazonía, también afecta, por ejemplo, la principal fuente de proteínas de las comunidades locales: análisis realizados muestran altas concentraciones de plomo y mercurio, muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más del 98% de las personas que han sido evaluadas en zonas como el Putumayo presentan altas concentraciones de mercurio.

Hay indicios que muestran cómo actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería, se complementan. Investigaciones realizadas en zonas de frontera apuntan a que el narcotráfico podría estar financiando a la minería ilegal. También se afirma que, en la actualidad la minería, sería más rentable que el propio narcotráfico y de menor riesgo en lo legal, ya que tiene penas menos duras. En todo caso, está claro que no son actividades que compitan entre sí: todo indica que se complementan y hasta se potencian en el objetivo de controlar y manejar vastos territorios, como viene ocurriendo en la Cordillera del Cóndor y en el Putumayo.