EDITORIAL- BOLETÍN AMP 283-ENERO 2023

Colapso institucional, democracia y amenaza autoritaria

El pasado 14 de enero el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, cuando no se había producido ni una sola movilización en la capital peruana que se pudiera catalogar de violenta. En el mismo decreto también se declaró el estado de emergencia en las regiones de Cusco y Puno y en las provincias de Andahuaylas (Apurímac), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), Mariscal Nieto, en el distrito de Torata (Moquegua) y en cinco carreteras nacionales. La medida entró en vigencia el 15 de enero.

Hasta ahora las movilizaciones han tenido los siguientes momentos:

• Uno primero que se inicia luego de los sucesos del 7 de diciembre, con el frustrado golpe de Pedro Castillo, su inmediata destitución por el Congreso de la República y la asunción de mando de Dina Boluarte. Las movilizaciones no se hicieron esperar y sobre todo se centralizaron en el departamento de Ayacucho y en varias provincias del departamento de Apurímac, como Andahuaylas y Abancay y, en menor medida, en otras localidades de regiones vecinas. Las protestas fueron aumentando en intensidad en los días y semanas posteriores hasta alcanzar un pico a mediados de diciembre, cuando ocurrieron enfrentamientos y los intentos de tomar los aeropuertos de Ayacucho y Andahuaylas con un saldo lamentable de veinte fallecidos. Luego de este primer pico de movilizaciones y estando próximas las fiestas de fin de año, se produjo una suerte de tregua: mientras que el gobierno pensó que el peor momento ya había pasado y que la situación tendería a estabilizarse, lo cierto es que el ánimo movilizador se mantenía y se preparaba un segundo momento de protestas.

• Pasadas las fiestas de fin de año, los niveles de articulación se retomaron y las movilizaciones se comenzaron a reproducir, teniendo como epicentro en esta ocasión, los departamentos de Puno y Cusco. El número de personas fallecidas, desde que se iniciaron las movilizaciones, aumentó a 52, a lo que se suman cerca de 600 heridos, decenas de domicilios y locales de organizaciones allanadas y cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos y procesados, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

• Todo indica que se ha entrado a un tercer momento de movilización. Delegaciones de varias zonas del país, sobre todo del sur, han marchado hacia Lima, y se tuvo los primeros momentos de confluencia el jueves 19 y el martes 24 de enero, días en los que la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos convocaron a movilizaciones en Lima en el contexto de un paro nacional. Todo indica que en los próximos días y semanas, la ciudad de Lima seguirá siendo uno de los epicentros de las marchas ciudadanas, aunque es bueno precisar que las movilizaciones en las regiones no se han detenido.

En este contexto complejo, es importante notar lo que viene pasando en las zonas con presencia minera. Los reportes que vienen del sur dan cuenta que varias operaciones han sido escenario de movilizaciones, enfrentamientos y paralización de operaciones: ha ocurrido con la mina de San Rafael en Puno (la única productora de estaño en el país), del Grupo Breca. Luego la mina de Antapaccay, en la provincia de Espinar en Cusco, de la empresa suiza Glencore, también ha sido blanco de varias movilizaciones y situaciones de conflicto, lo que ha obligado a que el personal de la mina sea evacuado. Otra operación que viene siendo afectada es la de la mina Constancia de propiedad de la canadiense Hudbay, que se ubica en la provincia de Chumbivilcas en Cusco. Finalmente, está el caso de Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, con una suerte de paralización casi continua, en este caso por bloqueo de las vías.

Sin embargo, en la actualidad, a diferencia de otros momentos, el componente minero está claramente inmerso en un conflicto mayor. Por eso es importante tratar de dimensionar la crisis que estamos viviendo. Para comenzar, debemos reconocer que estamos viviendo uno de los capítulos más duros de la historia reciente del país.

Como ha señalado un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las cifras son dramáticas: más de medio centenar de muertes producto de la represión política; 460 heridos, decenas de viviendas allanadas, cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos y que están siendo procesados sin que se respete sus derechos. Se está produciendo una clara vulneración de los más elementales principios que deben regir en un Estado de Derecho. Y por supuesto lo que está en pugna es cómo se resuelve esta crisis que tiene la dimensión de un colapso social e institucional: ¿será desde el lado de la democracia y un enfoque de derechos, o se resolverá desde una perspectiva vertical y autoritaria?

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que “Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército y la tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”.

Como diría Rocío Silva Santisteban, es el continuum de la violencia. Todo indica que el camino será largo para alcanzar una mínima estabilidad, un nuevo pacto social y las bases para una gobernabilidad democrática en el Perú.