Víctimas de contaminación discuten política de Salud Ambiental

En diversos lugares en el Perú, miles de personas se encuentran expuestas e intoxicadas de forma crónica por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas presentes en el ambiente, en muchos casos asociadas a actividades mineras o petroleras. Ciertamente, es una problemática sustancial que el Estado debe enfrentar con la mayor celeridad.

Frente a ello, las víctimas de contaminación se vienen organizando. En noviembre pasado tuvo lugar el Primer Encuentro de Afectados, en el que participaron personas provenientes de nueve zonas del país (Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Región Lima y El Callao).  En dicho ecuentro surgió la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos, conformada por los afectados y representada por nueve delegados, uno de cada zona. Esta Plataforma Nacional está en proceso de consolidación. Además, surgió el Grupo de Salud Ambiental y Humana, conformado por diversas organizaciones para dar apoyo técnico a la plataforma y para seguir reflexionando y buscando soluciones para abordar la problemática.

Luego del Encuentro, se ha venido avanzando en la elaboración de lineamientos de política pública de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas, a fin de que pueda ser discutida y  consensuada con la Plataforma de Afectados.

Como parte de ese proceso, el pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”.  El taller fue facilitado por Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En primer lugar, se desarrolló un diálogo en donde los participantes compartieron sus distintos malestares, resaltando la inacción del Estado frente al comportamiento de la empresa Glencore que hoy gestiona el proyecto Antapaccay.

Una de las problemáticas más sentidas por los participantes es la falta de resultados. Se sienten desprotegidos y señalan la inacción del Estado frente al comportamiento de las empresas. Asimismo, otra preocupación se centra en la salud de los pobladores producto de los impactos ambientales de las actividades extractivas. Los participantes son conscientes de encontrarse afectados por sustancias químicas en su organismo, pero lamentan no conocer la gravedad de la  exposición y/o intoxicación del mismo. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema nacional de salud no responde a la magnitud de la situación.

Por todas estas razones, el taller buscó, en principio, informar de los avances en materia de salud y de los diálogos sostenidos con el Ministerio de Salud tras el Primer Encuentro Nacional de Afectados. Del mismo modo, en el taller se buscó fortalecer las capacidades de los participantes sobre los conceptos más usados en materia de salud ambiental y humana.

El grupo técnico que acompaña a los afectados presentó la propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana para su validación por parte de la comunidad de Espinar. El objetivo es que los propios voceros de las comunidades afectadas presenten la propuesta de política a la Ministra de Salud, Silvia Pessah, y los miembros que conforman la Comisión Sectorial. De esta manera, se está contribuyendo en la construcción de una política que realmente incluya a la sociedad civil en este tipo de procesos.

Finalmente, se acordó enviar una carta al Ministerio de Salud, para pedir los resultados de los exámenes del dosaje a un grupo de pobladores de Espinar realizado en diciembre pasado. También, se acordó una próxima reunión a mediados de julio y establecer otros mecanismos para dar a conocer la problemática de las personas afectadas.

Cabe recordar que en los últimos meses, los afectados han sostenido reuniones con varios ministros de Salud, quienes estuvieron por corto tiempo en sus cargos debido a la crisis política que vivía nuestro país. En dichas reuniones, se han establecido acuerdos y compromisos para atender a las poblaciones afectadas por las sustancias químicas tóxicas. Un hecho que impulsó este proceso fue el plantón realizado por los pobladores de Cerro de Pasco, el cual trajo consigo la publicación de la R.M. 168-2018/MINSA que crea la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas”. Además, a nivel legislativo se ha aprobado el Dictamen del proyecto de ley N° 2740/2017 – CR, el cual plantea la creación de un Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Metales Pesados.

El grupo técnico de la sociedad civil está conformado por CooperAcción, EarthRights International (ERI), Derechos Humanos Sin Fronteras, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Red Muqui, Equidad y el Centro Episcopal de Acción Social (CEAS), RedGE y la Red Uniendo Manos Perú, entre otras.

12 de junio de 2018