Unión Europea exige al Perú cumplir obligaciones ambientales y laborales
A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales. La carta, firmada por la comisionada Cecilia MalsmtrÖm y dirigida al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, anuncia también la visita de una Misión de Investigación en los próximos meses para verificar la aplicación de los acuerdos incluidos en el TLC entre la Unión Europea, Perú y Colombia.
Respecto de los temas ambientales, la carta enfatiza que “la simplificación de los procedimientos administrativos” –realizada a través de una seguidilla de paquetazos y normas de promoción de las inversiones en años recientes- “no debe conducir a una disminución del nivel de protección”.
De manera específica, la carta señala que el Perú debe garantizar que las leyes y medidas relacionadas con “la evaluación del impacto ambiental y la regulación de las actividades industriales en diferentes sectores, no conducen a una reducción efectiva de la protección del medio ambiente”. Además, enfatiza que “para esto, Perú también debe garantizar la capacidad institucional adecuada y la transparencia jurídica”.
Cabe recordar que hace casi un año, 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Unión Europea por el incumplimiento de los compromisos laborales y ambientales asumidos por el Perú en el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sustentable. La queja incluye diversos casos que muestran cómo el Estado peruano no viene garantizando los derechos laborales ni la adecuada protección del ambiente.
En el plano ambiental, la queja explica que durante los cinco años de vigencia del TLC con la Unión Europea se han aprobado diversas normas (leyes, decretos supremos o decretos legislativos, y resoluciones ministeriales) que han debilitado el régimen de protección de los derechos ambientales en general y de los pueblos indígenas en particular. Estas normas se han dado con el supuesto objetivo de “reactivar la economía e impulsar las presencia de nuevas inversiones”, objetivo que no se ha cumplido, y se ha asumido para ello “un costo desproporcionado que vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y tratados comerciales celebrados por el Perú, como es el caso del acuerdo con la Unión Europea”, explica la queja.
La queja detalla, entre otros casos, la creación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) para debilitar los Estudios de Impacto Ambiental, realizada mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM. Precisamente, un reciente informe técnico independiente ha mostrado cómo, en el caso del megaproyecto minero Las Bambas, se ha modificado componentes importantes mediante ITS, un instrumento cuya aprobación demora apenas 15 días y que no permite una mayor evaluación de los impactos ambientales.
Otro de los casos que se detalló en la queja es el de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, que limitó la capacidad de sanción que tenía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como el Decreto Supremo N° 039-2014-EM que redujo las exigencias ambientales en actividades de hidrocarburos.
09 de agosto de 2018
Carta Comisión Europea a Ministro de Comercio Perú by Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú on Scribd
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