Transición energética y seguridad nacional

La reciente deflagración en el ducto de Camisea, en la selva de Cusco, volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema energético peruano. La interrupción del suministro de gas natural —clave para el transporte, la generación eléctrica, la industria y millones de hogares— coincidió además con un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados de hidrocarburos. Este contexto reavivó el debate sobre la seguridad energética del país y la urgencia de avanzar hacia una transición energética diversificada y sostenible.

Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, titulada “Transición energética y seguridad nacional”, que contó con la participación de Pedro Gamio, exviceministro de Energía; Suamy Pérez, especialista en seguridad energética; y Paul Maquet, integrante del equipo de CooperAcción. Los tres coincidieron en que la crisis actual revela debilidades estructurales en la planificación energética del país y la necesidad de repensar la matriz energética con una mirada estratégica de largo plazo.

Pedro Gamio explicó que toda infraestructura energética debería contar con planes de contingencia robustos y actualizados, algo que —según señaló— no se ha implementado adecuadamente en el caso del sistema gasífero. Recordó que el tramo de la selva del sistema de Camisea depende prácticamente de una sola infraestructura, lo que convierte cualquier incidente en una crisis nacional. “Hace más de diez años se recomendó contar con un gasoducto redundante que sirviera de respaldo, pero esa medida nunca se concretó”, afirmó. El impacto de esta vulnerabilidad es amplio: más de 300 mil usuarios de gas natural vehicular y cerca de un millón de personas vinculadas al transporte dependen directamente del suministro de gas, además de las industrias y generadoras eléctricas que, ante la escasez, deben recurrir a combustibles más caros como el diésel. Gamio advirtió que este escenario podría traducirse en presiones inflacionarias y en un aumento del costo de vida.

Por su parte, Suamy Pérez planteó que el concepto de seguridad energética que se maneja en el Perú resulta limitado y desactualizado. Según explicó, la seguridad energética no se reduce únicamente a garantizar el abastecimiento de combustibles, sino que implica al menos cuatro dimensiones: la seguridad nacional, la seguridad internacional, la seguridad humana y la seguridad ecológica. En ese sentido, cuestionó la falta de una planificación energética de largo plazo que integre estas dimensiones y promueva una verdadera diversificación de la matriz energética. “No podemos seguir creyendo que la hidroelectricidad o el gas natural nos van a abastecer indefinidamente”, señaló. Para la especialista, el país necesita una estrategia que combine diversificación de fuentes, sostenibilidad ambiental y precios accesibles, además de una política energética que dialogue con la política exterior, la defensa y las necesidades sociales del país.

Desde una perspectiva ambiental y estratégica, Paul Maquet sostuvo que la crisis actual ha puesto finalmente en el centro del debate público la necesidad de una transición energética. A su juicio, lo ocurrido con Camisea demuestra hasta qué punto el país depende de una sola infraestructura y de un solo recurso. “No es posible que un problema en un ducto en la selva del Cusco paralice el transporte, afecte la cocina de los hogares y encarezca la electricidad en todo el país”, señaló. Maquet subrayó que el Perú cuenta con un enorme potencial en energías renovables —especialmente solar en el sur del país— que sigue siendo subutilizado. Consideró que una matriz energética diversificada permitiría enfrentar con mayor resiliencia los shocks externos, ya sean conflictos geopolíticos, crisis de precios o problemas en la infraestructura interna.

Los tres panelistas coincidieron en que la transición energética ya no puede verse únicamente como una agenda ambiental, sino como un asunto de seguridad nacional y de planificación estratégica del desarrollo. La combinación de conflictos internacionales, dependencia de combustibles fósiles y debilidades en la infraestructura energética interna muestra que el modelo actual resulta cada vez más vulnerable.

El programa dejó en evidencia que el Perú enfrenta una oportunidad y un desafío simultáneos: transformar su matriz energética para hacerla más diversificada, resiliente y sostenible. En un contexto de incertidumbre global y ante la cercanía de un proceso electoral, el debate sobre la seguridad energética y la transición hacia fuentes limpias aparece como una de las discusiones estratégicas que el país deberá enfrentar en los próximos años.

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