«Tener a los militares no es una solución a largo plazo», dice ejecutivo de Las Bambas
En una entrevista con la agencia Bloomberg, Troy Hey, representante de la minera MMG, comentó sobre los avances en las negociaciones con la comunidad Huancuire, ubicada en Apurímac, sobre la extensión de la mina Las Bambas a un segundo tajo en Chalcobamba.
MMG había previamente anunciado que el proyecto de expansión estaba previsto para la segunda mitad de este año. Como resultado de las demoras en las negociaciones, Hey se muestra más cuidadoso: «Esperamos poder terminar las negociaciones este año, pero aún es demasiado pronto en el proceso para saber qué tan rápido irá». Una vez concluido un acuerdo, podrán comenzar la extracción de minerales dentro de tres meses, aseguró.
Según MMG, desde la apertura de la mina en 2016, las interrupciones por protestas han superado los 600 días y causado un coste de 10 000 millones de dólares. La mina puede producir hasta 400 000 toneladas métricas al año. Pero su rendimiento ha sido inferior debido a las protestas y a la disminución de la calidad del mineral. La apertura del segundo tajo permitiría a Las Bambas funcionar a pleno rendimiento. Sin ella, la mina producirá unas 300 000 toneladas el año que viene, suponiendo que no haya interrupciones.
Las Bambas actualmente funciona con protección militar. Las tensiones alcanzaron su punto culminante hace un año, cuando la comunidad Huancuire construyó un campamento en los terrenos que había vendido a la empresa para el segundo tajo. Hey dijo que los miembros de Huancuire han abandonado finalmente la zona, pero que las conversaciones aún no habían terminado.
El transporte del cobre semiprocesado desde Las Bambas hasta el puerto marítimo ha sido durante mucho tiempo el mayor reto de la empresa. Utiliza una carretera en su mayor parte sin asfaltar que atraviesa unas 70 comunidades indígenas, muchas de las cuales se quejan desde hace tiempo de los insuficientes beneficios económicos de la minería.
El gobierno de Dina Boluarte ha conseguido mantener el flujo de cobre desde marzo desplegando militares en la zona. Su administración tiene previsto mantener a los soldados allí hasta nuevo aviso. Sin embargo, el representante de la empresa reconoce que ese no es el camino para asegurar la sostenibilidad de la inversión: «Tener presencia policial y militar para mantener la calma no es una solución a largo plazo, aunque creo que en este momento apreciamos mucho el apoyo del gobierno para hacerlo», afirmó Hey.
Sin los militares, Las Bambas probablemente habría visto renovados bloqueos, dijo. «Es un problema crónico, y si no hacemos nada diferente deberíamos esperar ver el mismo resultado de nuevo».
Omisiones del funcionario de Las Bambas
Para Julia Cuadros, investigadora de CooperAcción, lo que el señor Hey no dijo, es que han fallecido 4 personas producto de la protección que recibe la empresa Las Bambas.
“La empresa minera MMG tiene un convenio con la Policía Nacional para “proteger y darle seguridad” a la empresa, pero un convenio de esta naturaleza está produciendo que un ente público que tiene como misión darle seguridad a los ciudadanos peruanos, le está dando protección a una empresa privada”, recordó Cuadros.
Lo que tampoco dice el señor Hey, es que el año pasado, en el marco de las protestas sociales que se dieron contra la minera Las Bambas, se denunció que la empresa minera habría contratado a personas extranjeras y las habría vestido con uniformes militares.
“No se trata solo de cumplir con las leyes nacionales, si no de implementar sus actividades con los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental,” puntualizó Julia Cuadros.
El conflicto en Las Bambas tiene muchas causas. Entre ellas, el incumplimiento de los compromisos y acuerdos entre la empresa y las comunidades. Se ha establecido una mesa de diálogo para abordar estos problemas con una agenda muy precisa. Sin embargo, la empresa ha optado por negociar de forma bilateral con las comunidades. Pero eso representa un problema porque la relación entre ambas es totalmente asimétrica. Las comunidades se encuentran desprotegidas y en una situación desventajosa ante ese poder.
Julia Cuadros enfatizó que se trata de establecer relaciones más equitativas y de cumplir los compromisos. Si se resolvieran los conflictos, y se llegaran a acuerdos que sean duraderos, la empresa no tendría por qué perder dinero.
18 de julio 2023
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