Sur Andino: lanzan campaña por el respeto a los DDHH en las actividades empresariales
‘Respeten nuestros derechos’ y ‘Ganan ustedes, ganamos nosotros’. Son los lemas de la Campaña “Empresas y derechos humanos en el sur andino” que busca hacer oír las voces de las comunidades afectadas por actividades mineras en Cusco y Apurímac. Así como sensibilizar a la población y exigir al Estado y las empresas que se garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la población en territorios impactados por actividades extractivas.
La campaña contempla diversas acciones, incluyendo difusión en medios de comunicación, redes sociales y BTL, exposición fotográfica, presentación de teatro, semana de diálogos, entre otras. La actividad central será la semana de los Derechos Humanos que se realizará del 2 al 9 de diciembre con eventos descentralizados en Cusco y Apurímac. El cierre de campaña será el 9 de diciembre en Cusco con el II Festival por los derechos humanos, convocando a organizaciones sociales de base, dirigentes, gremios estudiantiles y público en general.
Las inversiones, la actividad empresarial y las ganancias son importantes y necesarias para el desarrollo económico, al igual que el respeto a los derechos de las poblaciones, de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de los consumidores. Por ello, CooperAcción, en el marco del proyecto “Diálogos y compromisos para el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales” que desarrolla junto con Diakonía, Equidad y Codehica, viene impulsando esta campaña. “En medio de una creciente crisis económica, los sectores empresariales no pueden seguir vulnerando derechos. Las actividades extractivas en el sur serán una importante fuente para que, como país respondamos a la crisis, pero no puede ser recortando o vulnerando derechos de las comunidades o trabajadores, todos queremos ganar, ellos sus ganancias y nosotros en más derechos”, señaló Abel Gilvonio, coordinador del programa nacional de CooperAcción.
Antecedentes
Desde hace varios años se viene generando en organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, un intenso debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Como parte del debate, han ido surgiendo propuestas de marcos regulatorios que buscan establecer una serie de parámetros y estándares para las empresas, para que sus actividades no generen vulneraciones de derechos humanos.
En este marco surgen los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los cuales establecen una serie de directrices que deben guiar el comportamiento de todas las empresas y que están articuladas en tres pilares: el deber del Estado de proteger a la población frente a los abusos de derechos humanos ocasionados por las empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos; y la necesidad de reparar a las víctimas los daños ocasionados por las empresas.
Muchas empresas mineras transnacionales han ido incorporando progresivamente varios de esos principios de relacionamiento social en sus instrumentos de gestión corporativos y en sus políticas internas. A esto se han visto obligadas principalmente por sus compromisos con las entidades financieras que los apoyan, como el Banco Mundial, y también como un mecanismo para mejorar su imagen corporativa y mejorar sus niveles de certificación como empresas responsables.
Plan Nacional
Desde el 9 de junio de 2021, el Estado peruano cuenta con el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, herramienta que fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en los años previos. El Plan es consecuencia del trabajo de incidencia nacional e internacional de organizaciones, sindicatos y sociedad civil.
Sin embargo, a más de dos años de su aprobación, existen muchas limitaciones y omisiones que urge atender, sobre todo en territorios como Cusco y Apurímac, donde existe una intensa actividad empresarial extractiva que eleva la conflictividad social y la afectación de los derechos humanos de defensores y defensoras.
Debida Diligencia
El 31 de agosto del año pasado inició el proceso de implementación descentralizada del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) en la ciudad del Cusco, bajo el liderazgo del MINJUSDH y con el apoyo de la Unión Europea, PNUD y la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.
Sin embargo, es necesario precisar que la agenda de empresas y DDHH recién se ha abierto y va más allá del Plan Nacional. Es indispensable que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome posición sobre un tratado vinculante sobre empresas y DDHH, también por demandar que el Congreso discuta leyes para la debida diligencia a nivel nacional sobre sectores importantes de la producción nacional como la minería, agroexportación, construcción, pesquería, entre otras. Así mismo es importante el fortalecimiento organizativo en los territorios para que la población pueda realizar el seguimiento de las actividades empresariales.
¿Cómo seguir las acciones de campaña?
A través de las redes sociales de CooperAcción: Facebook, Instagram, Twitter y Tiktok.
8 de noviembre de 2023
Compartir: