Sentencia sobre el caso Ariana deja en riesgo el derecho al agua de más de 10 millones de personas en Lima y Callao

El proyecto minero Ariana representa una amenaza inminente para el derecho humano al agua potable de más de diez millones de personas en Lima y Callao, al ubicarse en el corazón del sistema hidráulico que abastece a esta región. A pesar de ello, una reciente sentencia del Poder Judicial permite que continúe la construcción del proyecto, generando alarma entre especialistas y defensores del agua. En su más reciente edición, el programa La Hora Verde, producido por CooperAcción, reunió a Ana Leyva (CooperAcción), Adán Cassia (IDL) y Jorge Mendoza (Frente por el Agua y la Vida), quienes coincidieron en calificar la sentencia como contradictoria, ambigua y peligrosa.

Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, expresó su profunda preocupación ante lo que calificó como una sentencia contradictoria. “Se reconoce que el proyecto constituye un riesgo para el agua, pero no se adoptan medidas efectivas para proteger el sistema”, indicó. Leyva cuestionó que se permita seguir construyendo infraestructura minera sobre la zona más crítica del sistema hidráulico Marcapomacocha, mientras solo se exige un estudio de impacto ambiental complementario, una figura que —según señaló— ni siquiera está contemplada en el marco legal vigente.

Adán Cassia, especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la sentencia, lejos de brindar protección efectiva, perpetúa la incertidumbre jurídica. “No se anulan las autorizaciones ni el EIA original, lo que deja abierta la posibilidad de que se siga construyendo infraestructura crítica, como la relavera, a solo 500 metros del túnel trasandino que transporta el agua para más del 60% de Lima y Callao”, alertó. Cassia subrayó que el estudio complementario carece de base legal, lo que agrava la ambigüedad del fallo.

Por su parte, Jorge Mendoza, presidente del Frente por el Agua y la Vida, señaló que esta resolución judicial es reflejo de una ofensiva sistemática para imponer proyectos extractivos en territorios sensibles. “Si permiten minería en el corazón del sistema de agua de la ciudad más poblada del país, el mensaje es que se puede hacer en cualquier lugar”, advirtió. Mendoza hizo un llamado a la organización popular y a la articulación de movimientos sociales para detener esta imposición y proteger el recurso hídrico.

Además de los cuestionamientos técnicos y legales, los panelistas también abordaron el reciente cambio de propiedad del proyecto minero. La empresa Southern Peaks Mining vendió el proyecto Ariana a Alpayana S.A.C., una transacción que, según Ana Leyva, evidencia la intención de continuar con el proyecto pese a sus riesgos. “Esta empresa compra sabiendo el riesgo, lo que demuestra que están decididos a imponerlo a toda costa”, afirmó.

Respecto a la postura del Estado peruano en este proceso, los tres panelistas coincidieron en denunciar su parcialidad a favor de la empresa minera. “Las entidades públicas han cerrado filas para defender resoluciones cuestionables, ignorando el riesgo evidente al sistema hidráulico”, señaló Cassia. Esta situación, sumada al contexto político actual, obliga a redoblar esfuerzos tanto en el ámbito legal como en la movilización ciudadana.

Frente a ello, se anunció la presentación de un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, que buscará anular el EIA del proyecto y las resoluciones que lo respaldan. Cassia explicó que este recurso busca que el TC aplique el principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio precautorio, en defensa del derecho humano al agua.

Finalmente, Jorge Mendoza destacó que más allá de la vía legal, la clave estará en ampliar la conciencia ciudadana y fortalecer la organización en barrios, distritos y regiones. “El agua puede unir a todos los sectores de la sociedad. Es hora de articularnos y construir una campaña sostenida de defensa del agua para Lima, el Callao y todo el país”, concluyó.

El programa La Hora Verde evidenció una vez más que la defensa del agua no es solo una causa ambiental, sino una batalla por la vida, la salud y los derechos fundamentales de millones de personas.

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