Se siguen asesinando defensores ambientales

Desde que se inició la pandemia, 14 defensores ambientales han sido asesinados en el país. El último caso ha sido el lamentable asesinato de Juan Fernández, defensor de la reserva de Tambopata, en Madre de Dios, ocurrido el pasado 21 de marzo.

La base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos da cuenta de que hasta antes de la pandemia, en el período 2001-2020, 159 defensores ambientales murieron y 2326 fueron heridos en medio de diferentes conflictos sociales. Las cifras son alarmantes y en medio de todo, indigna la pasividad de las autoridades, las actuales y las de los gobiernos anteriores.

Debemos recordar que en nuestro país no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú -que es como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- que fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe. El acuerdo no pudo ser ratificado en el Perú por la férrea oposición de sectores ultraconservadores de la política peruana que desataron una feroz campaña de desinformación.

Como se sabe, el Acuerdo de Escazú da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socioambientales en el mundo ocurren en América Latina. Además, Escazú busca fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental.

Debería ser una obligación del Estado peruano proteger a los defensores ambientales que de manera solitaria siguen luchando para proteger nuestros bosques primarios amazónicos, diversos ecosistemas en riesgo y que se enfrentan a las mafias que los depredan.

23 de marzo del 2022