Se realizó el II Taller Nacional de Empresas y Derechos humanos

En el marco de la discusión de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) se desarrolló de manera virtual los días 5 y 6 de mayo la primera parte del II Taller Nacional sobre este importante tema.

En este II Taller de Empresas y Derechos humanos se contó con la participación de los trabajadores de las centrales sindicales (CGTP, CUT, CTP y CATP), ONAMIAP, la Plataforma Indígena sobre Empresas y Derechos Humanos, así como las instituciones articuladas en el Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

El proceso del II Taller Nacional tiene como objetivo construir de manera colectiva y participativa propuestas ante el borrador del PNA presentado en los últimos días por el Ministerio de Justicia, así como actualizar la discusión sobre la gobernanza global, regional y nacional de los derechos humanos en relación con las actividades empresariales.

Imagen: CooperAcción

El primer día contamos con la participación de Álvaro Amaya del Instituto Danés de Derechos Humanos, quien nos presentó un panorama global y regional de las diversas rutas y tensiones que tiene la elaboración de los planes nacionales de acción.

Amaya señaló que “tan importante como el documento final, es el propio proceso en el cual se elabora el PNA” y mostró como una de las principales limitaciones es “que las acciones y actividades de los planes en muchos casos no tienen asignados presupuestos por parte del Estado”.

En el segundo día del taller participó la abogada alemana Maren Leikfer, especialista en derecho mercantil de la institución Pan Para el Mundo, que abordó la debida diligencia. Leikfer destacó que “el PNA no sólo debe proporcionar directrices no vinculantes que las empresas puedan observar, sino que también debe contener obligaciones cuyo incumplimiento tenga consecuencias para las empresas”.

Asimismo recomendó que las centrales sindicales, las organizaciones indígenas y las instituciones de la sociedad civil logren “acuerdos sobre objetivos y medidas concretas que vayan más allá del statu quo”.

Luego de esas reflexiones globales, participó Amanda Romero del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, quien propuso una mirada panorámica de los procesos sobre empresas y derechos humanos en la región y dejó reflexiones sobre los mecanismos de reparación.

Romero señaló que “las personas que sufren el impacto de los derechos humanos no son beneficiarias ni solamente afectadas son víctimas de las actividades empresariales”. Asimismo puntualizó que como uno de los objetivos del Plan nacional de acción en Perú, debe figurar la mejora del acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

Por su parte Diego Ocampo de ACNUDH, comentó lo expuesto por Romero destacando “que estamos en un contexto que se habla de reactivación económica y lo primero que se piensa es en los recursos y los territorios, por eso no hay que olvidar lo que han dicho las organizaciones de pueblos indígenas, las centrales sindicales, así como la Plataforma, que sólo es posible la reactivación económica si es una recuperación con derechos”.

En la parte final del taller se presentó las observaciones al borrador del PNA que se han trabajado desde la mirada ambiental, defensores y pueblos indígenas, la mirada laboral así como el enfoque de género[1]. En esta revisión se destacó las preocupaciones de las diversas organizaciones sobre un Plan que tiene demasiadas acciones estratégicas que son voluntarias, y donde el estado pierde la posibilidad de normar para que las empresas realmente mejoren su conducta empresarial frente a pueblos indígenas, trabajadores, usuarios y consumidores.

Entre las principales propuestas que se están presentando al MINJUS sobre el PNA están:

• Afirmar los principios rectores sobre el enfoque de conducta empresarial responsable.
• Promover acciones de implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del PNA a nivel multisectorial y con participación multiactoral y participación indígena
• Diseñar e implementar mecanismos para la rendición de cuentas  y transparencia para cada sector empresarial según rubro y tamaño
• Fortalecer y promover mecanismos para mejorar la investigación y sanción de las empresas ante impactos de sus actividades para cada sector empresarial según rubro y tamaño.
• Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a la implementación de las guías de debida diligencia en los sectores empresariales.
• Fortalecer el marco normativo y mecanismo a nivel estatal para garantizar acceso a la justicia integral y extraterritorial
• Diseñar e implementar guías, procedimientos y protocolos para que las empresas implementen procesos de reparación integral

Como cierre del taller se acordó seguir con la discusión y debate con el estado y el empresariado en la mesa multiactor, tratando de conseguir una herramienta de política pública que realmente mejore la conducta empresarial y se reduzca la vulneración y violación de derechos humanos.

11 de mayo de 2021

[1] Le enviamos las observaciones a la propuesta de Plan nacional de acción presentado por el MINJUS trabajadas por las centrales sindicales (CGTP,CUT,CATP Y CTP), organizaciones de pueblos indígenas (Onamiap y la Plataforma indígena sobre empresas y derechos humanos), Comité de vigilancia ambiental de Santa Rosa de Chancay y la Plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos (la Plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos está conformada por la Coordinadora nacional de derechos humanos (CNDDHH), Oxfam en Perú, Diakonia, Cooperacción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (Dar), Red Muqui, Redge, Ibc, Fedepaz, Caaap, Codehica, Earthrights International, Plades, Aprodeh, Ceas, Derechos Humanos Sin Fronteras, Idlads, Cipca, Grufides, Iesi, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú)