Se comprueba la inocencia de los 11 defensores de Cotabambas tras 10 años de lucha

En un fallo sin precedentes e histórico, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia que condenaba a 11 defensores de derechos humanos y líderes comunales de la provincia de Cotabambas y Grau, en Apurímac: Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronal Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Ccosnilla Gallegos, Jacinto Lima Lucas, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca Mamani, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar Escudero quienes habían sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de prisión, así como al pago de una reparación civil descomunal Estado y a la empresa minera MMG Las Bambas S.A.C.

El proceso judicial, que se prolongó por casi una década, tenía como base la participación de los acusados en las protestas sociales pacíficas del año 2015, en rechazo al megaproyecto minero Las Bambas. En ese contexto, los comuneros denunciaron la falta de consulta previa, libre e informada, así como los graves impactos sociales, ambientales y territoriales del proyecto, entre ellos la potencial contaminación del aire, el ruido excesivo y las alteraciones de la vida cotidiana de las comunidades a lo largo del corredor minero, producto de la inconsulta e ilegal modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental.

Durante el juicio de primera instancia, los defensores fueron condenados no solo a penas privativas de libertad, sino también al pago de una reparación civil de 50 mil soles al Estado y 88,600 dólares a favor de la empresa minera. En el proceso de apelación, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior exigió incrementar a s/200 mil la reparación en favor del Estado peruano.  Sin embargo, en la lectura de sentencia de apelación, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Apurímac encontraron inconsistencias en la acusación de autoría mediata (citada pero no desarrollada en la sentencia), inexistencia de pruebas de de responsabilidad penal y falta de fundamento al establecerse el pago de la responsabilidad civil, lo que generó la revocación del fallo condenatorio y se los absolvió de toda responsabilidad civil y penal.

El proyecto minero Las Bambas, considerado como una de las mayores explotaciones de cobre en el Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, ha sido señalado recurrentemente por organizaciones nacionales e internacionales por su impacto negativo en el respeto de los derechos humanos. Con un flujo diario de aproximadamente 370 camiones de alto tonelaje recorriendo más de 450 kilómetros hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. La operación afecta directamente a 169 centros poblados ubicados en el corredor minero del sur entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),Front Line Defenders y CEJIL,  han participado como observadores del proceso de apelación de sentencia, mientras que muchas otras han saludado esta decisión judicial como un acto de justicia para los defensores criminalizados y como un precedente importante en contra de la condenable tendencia de judicializar la protesta social en el país. La absolución de los defensores reafirma la legitimidad de las demandas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como abre el camino para exigir legalmente el respeto de los derechos colectivos fundamentales frente intereses económicos de pequeños grupos empresariales en el sector extractivo.

Tras conocerse la sentencia absolutoria a favor de los acusados, en el proceso judicial que generó gran atención mediática, pública y social, el equipo de defensa expresó su satisfacción por el resultado y agradeció el respaldo recibido. David Velazco, abogado de FEDEPAZ que ejerció la defensa de los defensores de Cotabambas, manifestó que «esta sentencia crea un importantísimo precedente, en el sentido de que no se puede atribuir una acusación sin precisar qué conducta penal asumieron los acusados y no se puede avanzar a un juicio sin que existan siquiera pruebas referenciales de la responsabilidad penal, menos si se trata de un proceso contra quienes ejercen su derecho a la protesta social pacífica».

La resolución judicial no solo confirma la inocencia de los procesados, sino que también representa un mensaje clave sobre la necesidad de contar con procesos judiciales imparciales, rigurosos y basados en pruebas sólidas.