Rechazan insistencia en Ley que militariza los territorios indígenas

El Congreso insiste con norma que militariza territorios indígenas. El pasado 02 de julio, el presidente de la República, Francisco Sagasti observó la autógrafa de la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”. Esta Ley había sido aprobada en abril por el Pleno del Congreso, y fue rechazada las organizaciones indígenas y campesinas, y también había sido cuestionada los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, así como por la Defensoría del Pueblo, porque permitiría la militarización de los territorios indígenas. Pese a ello, la Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado este jueves 8 de julio ir por la insistencia y ha exonerado al proyecto de su discusión en la Comisión de Defensa, para que pase directamente al Pleno.

Esta ley incorpora a los Comités de Autodefensa al Sistema de Seguridad Nacional y los subordina al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; además, los autoriza a adquirir armas de uso civil,y a recibir subvenciones económicas de los gobiernos locales, regionales y nacional e incluso donaciones de los sectores privados.

La observación presentada por el Ejecutivo señala que la autógrafa vulnera la autonomía de las comunidades campesinas y nativas y de los pueblos indígenas u originarios, y que estaría incumpliendo con el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. También señala que la autógrafa delega “inconstitucionalmente a la sociedad civil funciones que corresponde asumir plenamente al Estado” y contradice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del uso legítimo de la fuerza.

Ante la intensión del Congreso de aprobar por insistencia esta Ley, organizaciones indígenas, campesinas y ronderas nacionales como AIDESEP, CUNARC, CCP, CNA, ONAMIAP, FENMUCARINAP, entre otras decenas de organizaciones y bases regionales y locales, suscribieron un pronunciamiento en mayo, en el que expresaron un rechazo total al proyecto. Las organizaciones manifestaban que la norma es inconstitucional y es contraria al Convenio Nº 169 de la OIT y otros tratados internacionales, ya que promueve en territorios de comunidades campesinas y nativas una forma de organización armada, que no es parte de su estructura orgánica y que puede ser controlada por la PNP y las FFAA. Además, que compite con su organización propia, las autoridades comunales y las rondas campesinas. “Esto podría dar lugar a enfrentamientos internos, con la gravedad de que los CAD estarán armados y contarán con la asesoría legal gratuita de los Ministerios de Defensa e Interior en caso sus integrantes tuvieran denuncias, investigaciones o procesos judiciales por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de su apoyo a las fuerzas del orden”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.

Esta norma vulnera abiertamente la autonomía y libre determinación comunal, su derecho a la función jurisdiccional y su derecho a la integridad. Además, no ha sido consultada pese a afectar derechos de pueblos indígenas u originarios, conforme lo exige el Convenio 169 de la OIT.

Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y campesinos han demandado una norma que fortalezca el marco normativo de la jurisdicción indígena ejercida por las autoridades comunales y las Rondas Campesinas, y no la creación de una organización paralela que podría incentivar la violencia en sus territorios. Por ello, exigen al Congreso de la República no insistir en la aprobación de esta Ley.

08 de julio de 2021