Proyecto de ley contrario a los bosques regresó a comisiones
El Congreso de la República retornó hoy a comisiones un cuestionado proyecto de ley que atentaría contra la protección de los bosques ya que, según el Ministerio del Ambiente y diversos especialistas, debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente.
Finalmente se presentaron 2 cuestiones previas, que tras ser votadas, mandaron el mencionado proyecto a que retorne a la Comisión agraria como comisión principal, y también se derivó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Imagen: Mongabay Latam
Cabe recordar que el texto reúne los proyectos de ley 649/2021-CR, presentado por Perú Libre y 894/2021-CR, iniciativa de Alianza para el Progreso, que modifican la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS). La iniciativa fue promovida por la actual presidenta del Congreso Lady Camones Soriano con el respaldo de Eduardo Salhuana Cavides de la bancada Alianza para Progreso (APP). El texto sustitutorio también incluyó una disposición complementaria final única, a pedido de la congresista Silvia Monteza Facho (Acción Popular), con el objetivo de modificar el actual régimen de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) y las normas sobre autorización de cambio de uso de suelo.
El Ministerio del Ambiente (Minam) expresó su rechazo al intento de aprobar por insistencia la autógrafa de ley que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según el comunicado del Minam, la iniciativa facilitaría la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales, “afectando su funcionalidad y los servicios ecosistémicos que estos brindan”.
La iniciativa modifica el artículo 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre indicando que la Zonificación Forestal ya no sería aprobada por el Minam.
De igual modo, distorsiona y elimina los procedimientos que regulan y reducen la destrucción del bosque en tierras del Estado y de predios privados previstos en la mencionada Ley. Además, incluye una disposición complementaria y final que permite la titulación de predios rústicos sin contar con el debido sustento que brinda la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.
El Minam considera que la iniciativa que se pretende aprobar “no cuenta con sustento técnico” ya que no ha tomado en cuenta la opinión de esa cartera ministerial ni del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
De igual forma se denuncia que esta iniciativa no ha recogido la opinión y la participación de organizaciones representativas de los pueblos indígenas para la elaboración de las modificaciones propuestas, pese a que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue originalmente aprobada por consulta previa.
Al excluir al sector Ambiente de la aprobación de la zonificación forestal, esta correría a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, que “daría énfasis a la extracción del recurso forestal, relegando el uso sostenible de nuestros recursos naturales”, señala el Minam.
Asimismo, se indica que el texto promovido por el Congreso contradice convenios internacionales, pues se modifican normas que fueron aprobadas de acuerdo a lo establecido en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.
El dictamen mencionado fue aprobado por el pleno del Congreso el 7 de julio último, y ese mismo día fue exonerado de la segunda votación a la que le correspondía ser sometido. El Ejecutivo observó la autógrafa el 8 de agosto.
El Poder Ejecutivo decidió observar la propuesta luego que el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Defensoría del Pueblo, entre otros, alertaron que lo aprobado por el Parlamento generaría efectos negativos sobre los bosques como la masiva deforestación y la afectación a los recursos forestales y de fauna silvestre.
No es la primera vez que el Congreso de la República adopta cuestionadas medidas que ponen en riesgo el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. Recientemente diversas organizaciones agrarias e indígenas cuestionaron una norma que busca ampliar las competencias de los Comités de autodefensa, buscando paralelizar a las rondas campesinas. Asimismo, una mayoría del Congreso se niega a ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento internacional que ya fue firmado por el Estado peruano y que permite promover la transparencia en temas ambientales y la protección de los defensores ambientales.
29 de agosto de 2022
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