Presión global contra tratado que protege a empresas de energía

Más gobiernos se retiran del controvertido Energy Charter Treaty (Tratado de la Carta de la Energía, ECT). El martes 18 octubre, Ron Jetten, ministro de política climática y energética de Holanda, anunció que este país quiere darse de baja del Tratado porque «no vemos cómo el ECT se ha ajustado suficientemente al Acuerdo de París». Esto, tras la salida de España y Polonia en semanas previas. Italia ya anunció su retiro del ECT en 2016.

Imagen: Prospect

Hace poco, este Tratado, que data de 1994, era prácticamente desconocido. El acuerdo, firmado por unos 50 países y la Unión Europea, tiene el objetivo de proteger inversiones de empresas en el sector energético. Sin embargo, ha sido utilizado por estas empresas para reclamar compensaciones contra los gobiernos que han tomado medidas para limitar las emisiones de carbono, a través de un mecanismo de arbitraje de diferencias inversionista-Estado.

Varias demandas multimillonarias de empresas, algunas de ellas exitosas, han llamado la atención de la sociedad civil. En agosto, Rockhopper, del Reino Unido, ganó 250 millones de euros en compensación del gobierno de Italia por la decisión de negarle la explotación de petróleo en el mar Adriático. La empresa alemana RWE, una de las  mayores emisoras de carbono, busca una compensación de 1.4 mil millones de euros de Holanda por su decisión de cerrar las centrales eléctricas de carbón progresivamente y culminar con el cierre total al 2030.

En una carta abierta, mas de 600 científicos y expertos del cambio climático advierten que el ECT puede frenar la salida de las energías fósiles y demandan de manera urgente su abolición. El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, calificó el paso de Holanda como “buenas noticias”, porque el ECT “se ha convertido en un gran obstáculo para la adopción de medidas climáticas ambiciosas”.

Según el Financial Times, la decisión aumenta la presión para que los gobiernos de Francia y Alemania se retiren de manera coordinada del ECT y, en consecuencia, también la Unión Europea.

Aunque el Perú no es signatario de este Tratado, cabe destacar que el arbitraje de diferencias inversionistas-Estado (conocido como ISDS, por las siglas en ingles de “Investor-state dispute settlement”) es parecido a las cláusulas incluidas en los tratados que el Perú tiene con diferentes países. En un informe de 2021, redGE y Transnational Institute mostraron que son en total 27 Tratados Bilaterales de Inversión y 13 Tratados de Libre Comercio que permiten la resolución de controversias inversionistas-Estado ante tribunales privados de arbitraje internacional. Según dicho informe, Perú enfrentaba 25 demandas de inversionistas, de las cuales el 36% correspondía al sector minería, gas y petróleo.

21 de octubre de 2022