Presentaron informe sobre derrames petroleros en el Perú 1997-2023

El Grupo de trabajo de impactos de hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil presentó hoy el tercer informe “La Sombra de los hidrocarburos, sobre las emergencias ambientales, pasivos, procesos de remediación y alternativas energéticas entre los años 1997 – 2023” en Perú.

En la presentación expusieron diversos líderes sociales vinculados a casos de derrames petroleros y especialistas que han sido parte del libro y del acompañamiento a las organizaciones sociales de afectados por derrames.

Una de las autoras del informe, Aymara León, de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios- PUINAMUDT, señaló que: “Desde 1997 hasta 2023 el Estado ha registrado 1462 emergencias o derrames petroleros, el 87% en Piura y Loreto. Desde el 2020, al año se están registrando en promedio 146 derrames petroleros, un aumento de 353% respecto al promedio de años anteriores».

En esa línea, añadió que la causa de la mayor parte de derrames, más de 70%, es por fallas operativas y corrosión, no por causa de terceros como muchas veces se ha dicho. Asimismo, que el costo de la remediación de los pasivos es de más de 34 mil millones de soles, costos que aún no se determina quién asumirá.

Por su parte Héctor Galán, secretario general de la Federación de Pescadores Unificado del Norte del Perú, comentó que ahora la empresa petrolera Anadarko ha terminado la exploración en tres lotes generando un impacto en un área de 300 kilómetros afectando el ecosistema marino. La empresa no tiene licencia social de las comunidades pesqueras.

«Pedimos derogar los contratos que dieron luz verde a la empresa petrolera Anadarko en Lambayeque y un diálogo de alto nivel. Pedimos transición energética, utilizar el sol, el viento, la electricidad, no podemos seguir extrayendo petróleo del fondo marino y contaminarlo porque es una fuente de alimentación para la población» señalo Galán.

En otro momento, expuso Wrays Pérez, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, quien señaló que «lo único que hacen es enterrar el petróleo y decir ‘ya está remediado’, pero el petróleo ahí queda y los que vivimos ahí convivimos con esa contaminación.»

Asimismo, añadió que los wampís, los achuar y los chapra no van a permitir que se explote el lote 64. “Necesitamos energías alternativas para cuidar la Naturaleza para las generaciones que vienen» comentó Wrays Pérez.

Por otro lado, la congresista Ruth Luque, señaló que el Congreso está centrado en desmantelar la poca institucionalidad que hay en el país, y que si el Congreso fuera un Congreso que realmente representara a la población, este tema de los derrames sería un tema de debate nacional.

“Hay nulo nivel de coordinación y respuesta institucional conjunta, articulada, de las entidades del Estado, y además de largo plazo y con plata, con recursos económicos”, acotó Luque.

Por su lado, David Diaz, investigador de PUINAMUDT comentó que existen 15 planes de abandono en el país. “En el Lote 1AB en Loreto hay 3249 sitios de daño por las operaciones de Pluspetrol y su remediación costaría 5.5 millones de soles, más del doble del canon petrolero entregado por el lote”, comentó Diaz .

Díaz añadió que «son 14 sitios impactados en el Marañón están dentro de la reserva nacional Pacaya Samiria. Solo 4 de esos sitios priorizados suman 421 hectáreas, casi 600 estadios de fútbol de contaminación sin remediar.»

Asimismo, el Apu Alfonso López, presidente de la Asociación cocama para el desarrollo- ACODECOSPAT señaló que “Las personas que vivimos en la Amazonía, los pueblos indígenas que vivimos ahí, no están en la agenda del Estado. El dolor que sentimos en el alma por el abandono. Las consecuencias de los 50 años de actividad petrolera han permitido que seres humanos que vivimos ahí tengamos metales pesados en nuestro organismo».

A su turno, Luis Diaz, presidente de la Federación de pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, comentó que “en el proceso de negociación con la empresa Repsol, tratamos de tener un nivel de poder igual que la empresa, con el apoyo de la ONU y la CNDHH, pero por el poder económico de la empresa, nos vimos a obligados de firmar acuerdos extrajudiciales que nos hizo ceder en muchos derechos.”

Añadió que “la empresa sigue operando y no tenemos un plan de remediación que se ejecute hasta la fecha, y si el ejecutivo sigue sin intermediar, entonces hemos tomado la decisión de actuar y movilizar a toda la población afectada. Hasta el día de hoy, existen rastros de hidrocarburos.”

Finalmente, Katherine Neciosup, representante de OACNUDH en el Perú, comentó que, en el tema del medio ambiente, el Concejo de Naciones Unidas reconoció al derecho al medio ambiente sostenible. Asimismo, reconoció que las víctimas tienen el derecho a ser reparados por la vulneración y de impactos negativos a sus derechos humanos y por afectaciones al medio ambiente por el Estado y por actividades empresariales.

“El Perú el 2021 aprobó el Plan nacional de empresas y DDHH, ha reconocido la importancia de la aprobación e implementación de estos planes, porque son un medio y no un fin, y debería estar orientada a que esos planes sean efectivos, y en los casos sean ejecutados y sancionados, para evitar impactos en derechos humanos por actividades empresariales”, puntualizó Neciosup.

Puede descargar y revisar el informe aquí: https://bit.ly/3X38Och