Pescadores de Chorrillos se enfrentan a municipio por defensa de playa Agua dulce

Desde muy temprano se produjo un violento desalojo en la tradicional e histórica zona de Chorrillos, en Lima, lugar de trabajo de cientos de pescadores artesanales. La municipalidad de Chorrillos ordenó la acción, según indican, para liberar la playa Pescadores que había sido tomada ilegalmente y así «recuperar» el espacio público.

Sin embargo, en el proceso se produjo el conflicto violento entre pescadores, personal de fiscalización, serenos y policías, dejando más de veinte heridos. Los pescadores artesanales señalan que la acción solo busca favorecer la operación del denominado parque acuático «Olaya park», de capital privado, que desde hace varios meses vienen anunciándose como uno de los más grandes en el Perú. Justamente, esta infraestructura que compromete poco más de 3,000 m2, se instalará en el litoral de Chorrillos, en playa Agua Dulce, zona del conflicto, lo cual con probabilidad ocasionará un impacto en la actividad pesquera y en la biodiversidad que sustenta la actividad, aun cuando la empresa se empeñe en afirmar que su inversión no lo generará. Recordemos que toda intervención humana en el medio marino o en cualquier hábitat genera siempre impactos.

Desde luego que la municipalidad ha salido a negar tajantemente el argumento de los pescadores, señalando que la empresa no tiene los permisos aún para operar. Indicó que la medida busca evitar que los pescadores, a quienes desde hace casi tres décadas se les ha asignado oficialmente 300 m. para el arreglo de sus botes, redes y mallas, avancen hacia Agua Dulce y ganen espacio perjudicando a los sombrilleros formales que tienen sus negocios en esa playa. Por su parte los pescadores señalan que la medida de la municipalidad solo responde al interés de la autoridad de favorecer a la empresa privada, lo cual afectará la zona de desove de las especies que sustentan su actividad.

“El parque acuático está dentro de una jurisdicción que a nosotros no nos corresponde. Es responsabilidad de Dicapi (Capitanía de Puertos) e incuso del Ministerio del Ambiente si es que realmente comprueban que hay banco de peces. La municipalidad de Chorrillos no ha recibido ninguna solicitud de autorización porque no les corresponde, es Altamar”, dijo Richard Cortez, teniente alcalde de Chorrillos, en diálogo con América Noticias.

Por su parte, el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Chorrillos, Oscar Moreno, el operativo consistía en “recuperar el espacio público del comercio informal”, debido a que los pescadores han cambiado de personería jurídica y no han renovado los trámites para seguir siendo reconocidos como posesionarios de esa área.

Es necesario indicar que la empresa anunciaba por sus redes sociales que el 20 de enero inauguraría el parque acuático.

Chorrillos es un distrito tradicional identificado con la pesca artesanal. La actividad pesquera es histórica en este lugar y se reproduce desde casi un siglo. Los pescadores aprendieron esta actividad a través de las enseñanzas de padres a hijos, involucrando varias generaciones. Los pescadores que trabajan en el histórico muelle de Chorrillos han sido testigos de cómo el litoral costero ha ido cambiando con los años, llenándose de edificios por el boom inmobiliario.

Un análisis del trasfondo

Alejandro Chirinos, responsable del Programa de gobernanza marino costera de CooperAcción, señaló que lo ocurrido esta mañana en Chorrillos es una expresión de una disputa silenciosa que viene ocurriendo hace tiempo en la franja costera peruana, pero que esta vez ha llamado la atención porque esta gresca ha generado violencia y heridos.

“Es bueno que la Municipalidad haya salido a aclarar que aún no se le ha dado los permisos a esta inversión. El conflicto ha llegado a este escalamiento porque no se han encontrado los canales de comunicación y concertación adecuados para evitar que esto trascienda de esta manera”, señaló Chirinos.

En esa línea, recalcó que esta zona está tradicionalmente destinada al desove y reproducción de las especies de recursos hidrobiológicos que tienen valor en el mercado. Además, que los pescadores usan este espacio para pescar y para dar mantenimiento de sus equipos y artes de pesca.

“La Municipalidad y el Estado peruano deben resolver cuanto antes este conflicto, porque lo de hoy es una señal de alerta de lo que puede ocurrir si es que el Estado le da la espalda a la situación. Esto compromete a la gobernanza marino costera, que debe sostenerse en una política pública de gestión marino costera clara, y por otro lado en procesos de gobernabilidad basados en la consulta a los actores de la zona marino costera. No es el único caso, hemos visto temas como la construcción de un estacionamiento privado en La Punta, o la construcción del megapuerto de Chancay, donde el Estado debe tener claro que debe cautelar los derechos de las personas y del ambiente marino costero peruano,” comentó el especialista de CooperAcción.